La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una nueva suspensión temporal contra un decreto que limitaba la entrada de energías limpias al mercado eléctrico mexicano. En esta ocasión, se trata del estado de Tamaulipas, que demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para impedir que estas medidas se apliquen en la entidad.
“Se concede la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020″, indicó el máximo Tribunal del país, de acuerdo con los listados consultados por Infobae México.
La suspensión se aplicará “hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”. Esta medida cautelar, detalló la SCJN, surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente.
La controversia constitucional, interpuesta por el secretario de gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui, a nombre del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), fue admitida una semana después de que la Suprema Corte también aceptara otro recurso del mismo tipo interpuesto por la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica).
El gobernador festejó en redes sociales la admisión de la controversia. “Defendemos las energías limpias y el futuro de las próximas generaciones”, dijo.
El lunes pasado, la SCJN ya había suspendido el acuerdo del gobierno de López Obrador que el órgano denunció por considerar que afecta de “manera grave” la estructura económica de la industria. Aquella suspensión aplica para todo el país, a diferencia de la suspensión anunciada este lunes, que sólo aplica para la entidad ubicada en el noreste de México.
El máximo Tribunal del país también detalló que se tienen como demandados en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía (Sener) y al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). “Los últimos dos, con reserva de lo que, de manera colegiada, pueda determinar este Alto Tribunal sobre su legitimación, al momento de dictar sentencia”, agregaron.
Y es que el 15 de mayo, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Cenace (Centro Nacional de Control de Energía).
El documento entró en vigor el sábado 16 de mayo junto a una serie de medidas alrededor del crecimiento y operación de las energías renovables que, aseguraron, dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional.
A través del Cenace ahora quedó limitada la emisión de permisos para plantes eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares con poca capacidad de transmisión, además de imponer una serie de pruebas a las centrales renovables.
Esto, porque ya se había publicado el 29 de abril pasado otro Acuerdo para garantizar la eficiencia, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. En dicho documento, se enuncian, en el Anexo Único Técnico, las acciones y estrategias de control operativo para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Las compañías involucradas ya se habían mostrado absolutamente en contra de la acción quinta, que indica que a partir del 3 de mayo pasado “quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas Intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial”.
Es por ello que, a finales de abril, y también a partir del decreto de mediados de mayo, comenzaron a ampararse en distintos Juzgados federales, donde obtuvieron una serie de suspensiones provisionales y otras definitivas. La decisión de la Corte, sin embargo, es la más importante hasta ahora, porque frena el decreto energético a nivel nacional en el promovido por la Cofece.
Por ello, el Cenace respondió a la lluvia de amparos con el pedido de incompetencia de dichos juzgados para decidir en temas energéticos. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas, en una de las varias derrotas que ha sufrido la actual administración en el tema.
Estos decretos del gobierno de López Obrador generaron también cierta inquietud en el exterior. Tanto la embajada de Canadá en México, como la Unión Europea, alertaron sobre los riesgos en las inversiones extranjeras en el sector de las energías renovables, luego de la publicación de dicho acuerdo en el DOF.
López Obrador, que dijo en su momento que acatará las decisiones que tomen los Juzgados, incluida la SCJN, ha defendido estos acuerdos como una manera de fortalecer y defender a las dos empresas productivas del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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