
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió otra derrota en las cortes en apenas una semana sobre el tema energético. Un juez federal suspendió de manera provisional dos acuerdos con los que frenaba la entrada de empresas de energías limpias en el mercado eléctrico nacional para así fortalecer a las compañías productivas estatales.
La suspensión, promovida por la organización Greenpeace a través de una demanda de amparo, fue otorgada por un juez del Segundo Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.
“Que se suspendan todos los efectos y consecuencias derivados del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (Covid-19), del 29 de abril del 2020; así como su Anexo único”, indica la decisión del Juzgado, consultada por Infobae México.

Se suspendieron además, de manera provisional, “todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2020”.
También, los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), “deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del acuerdo reclamado".

El 15 de mayo, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, publicó en DOF el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Cenace.
El documento entró en vigor el sábado 16 de mayo junto a una serie de medidas alrededor del crecimiento y operación de las energías renovables que, aseguran, dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional.
A través del Cenace ahora quedó limitada la emisión de permisos para plantes eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares con poca capacidad de transmisión, además de imponer una serie de pruebas a las centrales renovables.
Sin embargo, tanto la embajada de Canadá en México, como la Unión Europea, alertaron sobre los riesgos en las inversiones extranjeras en el sector de las energías renovables, luego de la publicación de dicho acuerdo en el DOF.

A través de un documento dirigido a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expusieron que las acciones y estrategias del Acuerdo pondrán en riesgo las operaciones de proyectos canadienses, además de poner en duda la continuidad e inversión de los mismos.
La suspensión provisional, dada a conocer este viernes, fue festejada por Greenpeace. “Con este amparo, la organización ambientalista, en una estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, (CEMDA), busca defender los derechos de la ciudadanía, y de ninguna manera los intereses de las empresas”, advirtieron en un comunicado.

Ambas organizaciones recordaron al Cenace y a la Sener que las dependencias olvidaron cumplir con tres mandatos constitucionales: respetar la sustentabilidad en materia energética; fomentar la utilización de energías renovables; y asegurar la disminución de las emisiones contaminantes en la industria eléctrica, siempre pensando en la ciudadanía y los efectos del Cambio Climático.
“Los acuerdos motivo de la demanda, además de haber sido emitidos en franca violación a los procedimientos jurídicos previstos para ello, son a todas luces medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático", señaló Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA.
Por otra parte, para que no se genere un vacío normativo durante la vigencia de la medida cautelar dada a conocer este viernes, el juez indicó que las autoridades responsables deberán aplicar las disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición de los actos reclamados.

Por último, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones fijó para el próximo jueves 4 de junio la celebración de la audiencia entre los involucrados, donde el juez decidirá si se concede una suspensión definitiva.
A las críticas por la intención del gobierno de López Obrador de limitar el acceso de compañías privadas para fortalecer a las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), se le sumaron una lluvia de amparos contra los acuerdos antes mencionados en las últimas semanas.
Esto provocó que, este lunes, un juez federal frenara por tiempo indefinido en beneficio de seis compañías diferentes el acuerdo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había publicado a finales de abril. Las autoridades del sector energético de la administración prometieron impugnar, aunque el mandatario ha señalado que siempre respetarán las decisiones de los juzgados.

La decisión del juez dada a conocer este viernes fue festejada también por la oposición, que se mostró en contra de los Acuerdos del gobierno de López Obrador desde su publicación. “Estoy convencido de que México debe apostar por las energías renovables, frenarlas sería un grave error en muchos rubros del desarrollo nacional”, indicó el presidente nacional del (PRI) Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno.
“Es claro que el juez valoró que había un retroceso en materia del derecho humano a tener una vida saludable, a tener un ambiente que vaya acorde a todo este tema que se ha planteado del cambio climático”, indicó por su parte la senadora del PAN (Partido Acción Nacional), Xóchitl Gálvez.
Este jueves por la noche, la CFE aprobó nuevas tarifas que deberán pagar empresas generadoras por la transmisión de energía. Los nuevos costos serán aplicados a las empresas con contratos firmados con la CFE antes de una profunda reforma energética realizada entre 2013 y 2014.
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