La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dijo el lunes que interpuso una controversia constitucional contra una reciente política emitida por el gobierno federal sobre el sector eléctrico y consideró que afecta de “manera grave” la estructura económica de la industria.
La nueva norma, divulgada a mediados de mayo por la Secretaría de Energía (Sener), da al Estado más poder para decidir quién puede generar electricidad y en qué cantidad, más presencia a la generadora estatal, la CFE, y fija nuevas reglas para las centrales renovables, entre otras cosas.
“El instrumento (...) afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia”, dijo la Cofece en un comunicado.
El organismo dijo que la nueva política compromete “tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (...) como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista”, añadió.
Poco después de darse a conocer la decisión de la Cofece, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico “está por encima de cualquier interés económico público o privado”.
No estuvieron disponibles de inmediato funcionarios de la CFE para comentar sobre el anuncio de la autoridad de competencia.
Las disposiciones de la Sener se suman a unas disposiciones del regulador del sector eléctrico, el Cenace, que a finales de abril, ordenó congelar el inicio de operaciones de nuevas plantas de energía renovable argumentando que su intermitencia amenaza la confiabilidad del suministro eléctrico nacional durante la pandemia del coronavirus.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está dispuesto a dialogar con las empresas inconformes con los recientes cambios, pero ha advertido que peleará en tribunales la permanencia de las nuevas reglas, alegando que se trata del interés general de la Nación.
El comunicado completo de la Cofece
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al estimar que la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), emitida por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2020, violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.
La COFECE considera que la Política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.
El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector. Ello porque la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.
Todo lo anterior, a juicio de esta autoridad, incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia.
Por estas razones, mediante la presentación de la controversia constitucional, la COFECE solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la COFECE y del bienestar de los consumidores.
Esta autoridad reconoce que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable. Sin embargo, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no acontece con la Política impugnada.
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