Existe opacidad en la metodología para establecer la nueva normalidad de AMLO: NYT

José Ramón Cossío y Antonio Lazcano insisten en que los datos del Conacyt deben de ser de carácter público

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El gobierno federal implementará la llamda Nueva Normalidad para la reincorporación de la sociedad a sus actividades habituales (Foto: Reuters / Gustavo Graf)
El gobierno federal implementará la llamda Nueva Normalidad para la reincorporación de la sociedad a sus actividades habituales (Foto: Reuters / Gustavo Graf)

José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte e Justicia de la Nación (SCJN), y Antonio Lazcano, científico mexicano especializado en biología evolutiva, realizaron un trabajo en conjunto en el que critican la opacidad en la metodología utilizada para instaurar la Nueva Normalidad derivada de la crisis sanitaria por coronavirus en México.

A través del artículo tituladoLa nueva normalidad en México no debe ser precipitadapublicado en el diario estadounidense The New York Times, los académicos miembros de El Colegio Nacional explicaron que el modelo implementado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que aparentemente sustituyó al sistema Centinela, no ha hecho de acceso público su metodología y resultados, mismos en los que se sustenta la reactivación gradual de las actividades económicas, académicas y sociales en el país.

La Nueva Normalidad es el modelo de reincorporación a las actividades sociales habituales de la población antes de la pandemia, ésta ha sido señalada como un reacoplamiento lento y consciente de distintas dinámicas en donde se priorizará la salud humana para evitar el colapso de las instituciones sanitarias. Será señalizado por medio de un semáforo que determinará las condiciones epidémicas en cada municipio de la república. Esto, para facilitar la toma de decisiones a nivel local, pues los gobiernos estatales serán quienes tendrán la última palabra para reiniciar las actividades económicas y escolares.

Antonio Lazcano, investigador en biología egresado de la UNAM (Foto: Twitter / @iglobalcomunica)
Antonio Lazcano, investigador en biología egresado de la UNAM (Foto: Twitter / @iglobalcomunica)

“Si la población en general y su comunidad académica en particular no tienen acceso a la información sobre el modelo, ¿cómo pueden discutir los fundamentos y las decisiones del gobierno? Esa es precisamente la base elemental del quehacer científico y de una sociedad que se asume como democrática. En una crisis como la que estamos viviendo, esa opacidad es inadmisible”, increpan en su artículo periodístico. Después de que José Luis Alomía, director de epidemiología, se negara a responder a las controversias entorno a este modelo y a habla de que éste “es propiedad intelectual del Conacyt”, y, por lo tanto, no es público.

De esta forma, tanto el experto en derecho como el biólogo coinciden en que “las autoridades deben compartir los supuestos en los que basan sus modelos, su parametrización y los algoritmos que se están usando para que sus premisas, metodologías, resultados y rangos de incertidumbre sean analizados de manera crítica. Solo así la comunidad académica podrá participar y, finalmente, colaborar para evitar daños mayores”.

Asimismo, para que la sociedad se comporte de una manera óptima ante el problema que representa el COVID-19, se debe de mantener informada directamente de la fuente oficial, para que desarrolle la capacidad de contrastar datos y saber qué le conviene. Dicho en palabras de los investigadores nacionales, ellos explican que “para regresar a una verdadera ‘nueva normalidad’ será necesaria la participación activa de los científicos, los humanistas y la ciudadanía. De otro modo, estamos condenados a una crisis sanitaria aún mayor y, también, a una democracia empobrecida”.

José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Foto: Cuartocuro)
José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Foto: Cuartocuro)

Sin embargo, no es la única crítica que han manifestado ante la alerta de SARS-CoV-2, que en México ha dejado 5,666 muertos y 54,346 casos confirmados, al menos no por parte de Cossío Díaz, quien señaló como indispensable convocar al Consejo de Salubridad General y a la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para que participen activamente en las medidas de lucha contra el coronavirus.

Desde abril de este año, el jurista señaló una serie de observaciones para mejorar la forma de operar ante la emergencia sanitaria. Durante su ponencia “Aspectos legales de incidencia constitucional ante la emergencia sanitaria para el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UI) el 28 de abril, José Ramón Cossío explicó que la única manera de preservar el orden ante este tipo de crisis es por medio de las normas jurídicas, pues en momentos extraordinarios, los ordenamientos jurídicos han tenido mecanismos para la preservación del bien común.

Conforme al orden legal que provee el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.

Dr. José Luis Alomía Zegarra, director de epidemiología en la SSa (Foto: Cuartoscuro)
Dr. José Luis Alomía Zegarra, director de epidemiología en la SSa (Foto: Cuartoscuro)

El ex ministro también refirió que en la carta magna se contempla, en la fracción 16 del Artículo 73, que "Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República:

El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

Autoridades federales anunciaron el plan de la nueva normalidad (Reuters / Gustavo Graf)
Autoridades federales anunciaron el plan de la nueva normalidad (Reuters / Gustavo Graf)

La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.

Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

Por tal razón, y para atender de manera más eficiente la pandemia, el catedrático insistió en un mando coordinado con el ejecutivo federal y las autoridades sanitarias del mismo nivel.

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