El domingo 29 de marzo, el gobierno de Yucatán anunció que quienes hayan sido diagnosticados o quienes presenten síntomas de coronavirus e incurran en la falta a la contingencia sanitaria, se les multará con 86,800 pesos y una sanción de hasta tres años de cárcel, ello con el fin de reforzar las medidas para prevenir contagios masivos.
El gobernador de la entidad, Mauricio Vila, señaló a través de su cuenta de Twitter que las medidas se llevan conforme a lo estipulado en el Código Penal y la Ley de Salud de Yucatán, además de hacer hincapié en que prevenir es tarea de todos. Con base en lo anterior, la ley local marca que entre los delitos de salud se contemplan sanciones por el riesgo de contagio: “A quien sabiendo que está enfermo de un mal venéreo o de alguna enfermedad graves, transmisible en periodo infectante y de manera dolosa tenga cópula o por cualquier otro medio directo ponga en peligro de contagio la salud de otras personas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años y además podrá ser recluido en un hospital”, apunta su artículo 189.
En ese mismo mensaje, el edil aseguró que como autoridad no se permitirá que nadie ponga en riesgo a la población local, entidad que a partir del pasado 17 de marzo suspendió actividades escolares con posible fecha de renovación hasta el 20 de abril en contexto con el combate ante el COVID-19.
El trabajo en casa o “home office” es un hecho en Yucatán desde mediados de marzo, llamado al que se refuerza con la penalización financiera y legal sobre quienes incumplan las medidas estipuladas por las autoridades locales. Por otro lado, en el estado también a partir del 1 al 10 de abril se aplicará la Ley Seca a nivel municipal, ello conforme a un decreto publicado el jueves 26 de marzo en el Diario Oficial del gobierno estatal.
Cabe señalar que la multa por 86,800 pesos se sumaría a los tres años de cárcel, además de que ésta corresponde y queda bajo las sanciones mencionadas anteriormente en el Código Penal y la Ley de Salud de Yucatán.
Sin embargo, en medio del contexto de regulación ante las medidas a tomar por la pandemia del coronavirus, la abogada y activista, Estefanía Vela Barba, cuestionó al gobernador de la entidad vía Twitter sobre las medidas a tomar para que todas las personas puedan quedarse en casa, sin arriesgar su sustento cotidiano, pues de lo contrario podrían contribuir a criminalizar la pobreza y exacerbar las desigualdades existentes en el país.
Con palos y piedras para evitar el acceso a sus demarcaciones los pobladores de Progreso, Celestún, Motul, Sinanché, Yobaín, Dzidzantún, Buctzotz, Dzilam de Bravo y Dzilam de González cerraron sus accesos, ante el temor de contagiarse por COVID-19, ello conforme a información provista por el periódico Reforma.
Un situación similar, se presentó en días pasado en el estado de Puebla, sitio en el que también se contempla castigar a quien contagie de coronavirus de manera intencional. Las sanciones en dicha entidad alcanzan hasta los dos años de cárcel y oscilan entre los 1,737 pesos y los 86, 880 pesos por romper la contingencia.
La condición en Puebla reside en que todo aquel que haya dado positivo en coronavirus y no cumpla con las disposiciones a fin de evitar el contagio o lo dispersen de manera intencionada serán acreedores a dichas sanciones.
Hasta el momento y conforme al reporte diario por parte de la Secretaría de Salud, en México existen 993 casos confirmados de coronavirus, es decir, 85 más que el día previo; un registro que presenta disminución de casos sospechosos y que actualmente cuenta con 2564 casos ante 4955 negativos.
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