
Un juez de Paraguay autorizó la extracción forense de la información contenida en tres teléfonos celulares incautados al expresidente Santiago Peña, imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en la causa por la intervención de Ueno bank.
El juez penal de garantías contra el crimen organizado, Osmar Legal, aceptó el pedido del Ministerio Público y fijó el período de búsqueda entre enero de 2023 y noviembre de 2026, limitado a elementos vinculados con los hechos investigados. Los aparatos son tres iPhone: uno gris oscuro, con el cristal trasero dañado; otro blanco, y un tercero negro, con una calcomanía del Rally del Paraguay y funda del mismo color.
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Legal designó a Carlos Adalberto Insfrán Valdez, del Departamento de Informática de la Policía Nacional, para realizar la pericia. El especialista deberá jurar el cargo el viernes 27 de noviembre a las 09:30. Las partes recibieron un plazo de 72 horas para nombrar técnicos de parte y proponer los puntos que consideren necesarios; de no hacerlo, el procedimiento quedará en manos del experto de la Fiscalía.
La resolución ordenó utilizar herramientas de informática forense sobre los teléfonos, las tarjetas de memoria y los chips SIM. El trabajo deberá respetar la cadena de custodia y preservar los equipos sin alteraciones. Una vez concluida la diligencia, el resultado será remitido al juzgado en un dictamen con la identificación de cada aparato, su IMEI, número de línea, herramientas empleadas y tipo de extracción realizada.
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El análisis abarcará las comunicaciones guardadas en los dispositivos, incluidos mensajes, notas de voz, fotografías, videos, documentos, SMS y llamadas. También comprenderá los intercambios realizados mediante WhatsApp, Telegram, Signal u otras aplicaciones instaladas, con sus fechas, horarios, duración y contactos asociados.
La pericia incluirá las agendas telefónicas, las cuentas de usuario y los datos de origen y destino de las comunicaciones. Asimismo, podrá recuperar correos electrónicos, notas, calendarios, historial de navegación y archivos almacenados localmente. La orden excluyó el acceso a servicios en línea y a la nube mediante claves que pudieran encontrarse en los aparatos. Si aparecen esas credenciales, la Fiscalía deberá gestionar las medidas judiciales que correspondan.
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Los técnicos deberán relevar los registros de ubicación, como datos de GPS, conexiones Wi-Fi y otros metadatos geográficos. La disposición también ordenó aplicar procedimientos de recuperación de chats, archivos multimedia y otros datos borrados de aplicaciones de mensajería o del sistema de archivos.
La revisión buscará además indicios de operaciones financieras. El informe deberá establecer si los teléfonos contienen aplicaciones, comprobantes digitales, capturas, archivos o registros relacionados con bancos, financieras, casas de bolsa, billeteras electrónicas y plataformas de criptoactivos. De hallar información de esa naturaleza, el perito extraerá historiales de transacciones, depósitos, retiros, montos, direcciones de billeteras y referencias de operaciones.
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Las frases de recuperación, claves privadas y copias de respaldo de billeteras digitales tendrán un tratamiento específico. El experto deberá informar de inmediato al Ministerio Público si las detecta, sin ingresar a las cuentas ni efectuar movimientos con los activos.
Peña quedó detenido el 6 de noviembre, luego de que el Senado lo destituyera y lo declarara culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político. Inicialmente fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial y, el 16 de noviembre, ingresó en la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción.
La investigación se desarrolla después de la intervención de Ueno bank, entidad que informó contar con más de 2,94 millones de clientes. Durante la gestión de Peña, el banco administró fondos de cinco cajas de jubilados y de varias instituciones públicas.
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(Con información de EFE y Última hora)
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