La Fiscalía de Paraguay pidió la prisión preventiva del ex presidente Santiago Peña por el colapso del Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio en la investigación por el cierre de Ueno bank, entidad vinculada a su anterior actividad empresarial y receptora de fondos públicos que quedaron congelados tras su disolución.

El caso abarca recursos del Instituto de Previsión Social, que durante el gobierno de Peña invirtió unos USD 355 millones en el banco. La entidad también administraba las cuentas de 32.000 jubilados, entre otros depósitos de organismos estatales.

La imputación sostiene que Peña actuó como instigador en el presunto delito de lesión de confianza y como autor en la presunta administración en provecho propio. Un juez deberá resolver el pedido de los fiscales durante una audiencia de imposición de medidas.

Peña fue detenido el viernes, después de que un juicio político lo declarara culpable de mal desempeño de funciones por la disolución de Ueno bank, que tenía 2,94 millones de clientes, casi la mitad del total de la población del país. El cierre de la entidad derivó en el congelamiento de recursos de ahorristas, jubilados e instituciones públicas.

El acta de imputación presentada por el Ministerio Público detalla la conducta que atribuye al exmandatario: Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno bank.

El documento también alude a la relación previa entre Peña y el grupo empresarial de la entidad. El expresidente fue accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras firmas, al banco, y vendió esa participación en marzo de 2025, de acuerdo con la acusación promovida por los diputados que impulsaron su juicio político.

La Fiscalía señaló que Ueno bank habría recibido esos recursos estatales mientras realizaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico. Sobre esas operaciones, el documento afirmó que los órganos de supervisión del Banco Central identificaron “observaciones e irregularidades”.

La investigación también alcanza al expresidente del Banco Central de Paraguay Carlos Carvallo, detenido tras presentarse el viernes ante las autoridades. El Ministerio Público pidió su prisión preventiva por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

Carvallo había presidido Financiera Ueno, de la que surgió Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura del Banco Central. Según expusieron los diputados en su acusación, el directorio de la entidad emisora autorizó la creación del banco “83 días después” de su designación.

Por su parte, la Fiscalía imputó a 27 personas por el caso. Entre ellas figura Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien fue trasladado el viernes a una cárcel para procesados junto con otros cinco directivos.

La respuesta penal se produjo mientras el Gobierno defendía la actuación de las instituciones tras la caída de la entidad financiera. La Cancillería sostuvo en un comunicado que “la respuesta institucional demuestra que rige el Estado de derecho, que cuenta con un sólido sistema financiero y que el país dispone de mecanismos para detectar irregularidades, corregirlas, proteger a los afectados y exigir responsabilidades”.

El Ejecutivo reconoció que Paraguay atravesó “un periodo de tensiones, derivadas de la crisis financiera de un banco local, que puso a prueba la fortaleza institucional”. Tras la destitución de Peña, el entonces vicepresidente Pedro Alliana fue convocado para completar el mandato presidencial hasta el 15 de agosto de 2028, mientras el entonces senador Antonio Barrios juró como vicepresidente.