
Un tribunal de Managua declaró culpable a Bayardo Arce, uno de los nueve comandantes fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por un fraude al Estado nicaragüense estimado entre USD 3.000 millones y casi USD 5.000 millones.
La condena, dictada en enero, ordenó la cancelación de sus empresas y la confiscación total de sus bienes.
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Una de esas propiedades, su antigua mansión en las afueras de Managua, reabrió esta semana como hotel administrado por el Estado. El establecimiento se llama Jocote Dulce y lo inauguraron de forma conjunta el Instituto Nacional Tecnológico, el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía de Managua, según informó este viernes la agencia EFE.
El fallo señaló a familiares de Arce como coautores del fraude
El 27 de enero de 2026, el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua declaró culpable a Arce y a su exasistente ejecutivo, Ricardo Bonilla, por lavado de activos y defraudación al Estado.
El tribunal también señaló como coautores a familiares del excomandante radicados fuera de Nicaragua, de acuerdo con EL PAÍS y Deutsche Welle.
La Procuraduría General de Justicia acusó a ambos de orquestar un entramado de evasión fiscal a través de 49 sociedades mercantiles. El esquema incluyó testaferros, préstamos ficticios y transferencias de fondos hacia Panamá e Islas Vírgenes Británicas, detallaron los dos medios.
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Bayardo Arce fue condenado en enero por defraudar al Estado nicaragüense mediante una red de decenas de empresas y transferencias al exterior. El excomandante sandinista, de 77 años, permanece detenido desde julio de 2025 y perdió, por orden judicial, la totalidad de sus bienes.
La detención de Bonilla, el 26 de julio de 2025, marcó el inicio del proceso judicial. Poco después, la policía nicaragüense retiró la escolta que custodiaba a Arce.
Arce era el único excomandante histórico aún cercano a Ortega
Arce integró el FSLN desde su fundación en 1961, antes de que se incorporara Daniel Ortega. El medio digital Confidencial señala que era el último miembro de la antigua Dirección Nacional del Frente que seguía en el círculo cercano del mandatario.
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Otros excomandantes históricos, como Humberto Ortega y Henry Ruiz, ya habían quedado aislados o detenidos con anterioridad. Los analistas consultados por la publicación interpretan la caída de Arce como el cierre de un ciclo dentro de la vieja guardia sandinista: ningún integrante original de esa dirigencia conserva hoy influencia directa en el poder.

La salud de Arce preocupó a la CIDH
La noche del 30 de julio de 2025, Arce fue arrestado en su residencia y trasladado al penal La Modelo, según la reconstrucción de EL PAÍS y Deutsche Welle. Sus familiares exiliados denunciaron desde entonces que el excomandante fue sometido a un aislamiento severo y alertaron sobre el deterioro de su salud por padecimientos crónicos.
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Ante los reclamos de una prueba de vida, el Ministerio del Interior difundió en marzo de 2026 fotografías del exfuncionario para mostrar su estado físico.
Un mes después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió con medidas cautelares que exigen atención médica especializada para Arce y el cese del hostigamiento hacia sus familiares fuera del país.

El hotel formará a estudiantes de turismo
El portal gubernamental El 19 precisó que el régimen destinó USD 410.676 al acondicionamiento del inmueble confiscado. La residencia quedó pensada como espacio de formación práctica para estudiantes de las carreras de Hotelería y Turismo, además de ofrecer servicios al público.
El hotel abrió la noche del jueves. Según EFE, no trascendió la condena en años de prisión impuesta al excomandante, aunque sí quedó firme el decomiso de sus propiedades.
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Un patrón de confiscaciones alcanza a opositores y a antiguos aliados
El caso de Arce no es el primero en el que el Gobierno reconvierte una propiedad confiscada en infraestructura turística. En mayo de 2024, el oficialismo inauguró la escuela de hotelería y turismo Nicarao en un balneario del Pacífico, en terrenos que pertenecieron a la familia de la fallecida expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y a Rafaela Cerda, madre del exmagistrado Rafael Solís Cerda.
La Procuraduría, representante legal del Estado, justificó estas expropiaciones a ONG, medios de comunicación, empresarios y nicaragüenses desnacionalizados por la comisión de delitos de seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes, según detalló la agencia.
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Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y la organización Hagamos Democracia calculó en al menos USD 250 millones el total de expropiaciones ejecutadas desde el inicio de la crisis política. El estudio advirtió que esas confiscaciones constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, en un paralelismo con la llamada piñata, la repartición de bienes confiscados a la familia Somoza y a opositores durante la década de 1980 y entre febrero y abril de 1990.
Nicaragua transfirió cientos de propiedades confiscadas al Seguro Social
El dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro denunció que el Estado transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social entre 2020 y abril de este año, según informó EFE el 6 de noviembre. Chamorro dirigió la denuncia a S&P Global Ratings, calificadora que había elevado la nota soberana del país de B+ a BB- con perspectiva estable, y citó un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que recomendó a los inversionistas actuar “con extrema precaución” ante el deterioro institucional nicaragüense.
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La Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano concluyó, en un informe divulgado el 4 de noviembre y recogido por la agencia, que Nicaragua profundizó este año su declive democrático bajo el control absoluto del Ejecutivo que copresiden Ortega y Rosario Murillo.
El informe señaló que las reformas impulsadas en 2026 ampliaron las facultades del Ejecutivo y limitaron la autonomía institucional, en particular en el ámbito de la justicia.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en septiembre una primera legislatura de la enmienda constitucional. Su ratificación definitiva está prevista para el 18 de enero de 2027.
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