La Fiscalía de Paraguay registró viviendas vinculadas al caso Ueno e incautó nueve vehículos de lujo

Los fiscales volvieron por tercera vez a la residencia del fundador del banco y advierten con causas por lavado a quien oculte bienes de una entidad que recibió más de 800 millones de dólares del Estado

Investigadores registran una habitación durante una redada en una propiedad vinculada al expresidente paraguayo Santiago Peña, como parte de una investigación sobre el colapso de la plataforma de préstamos digitales Ueno, en una ubicación identificada como San Bernardino, Paraguay. Esta imagen fija, tomada de un video publicado el 8 de noviembre de 2026, pertenece a la Fiscalía General de Paraguay. Imagen proporcionada por REUTERS
Investigadores registran una habitación durante una redada en una propiedad vinculada al expresidente paraguayo Santiago Peña, como parte de una investigación sobre el colapso de la plataforma de préstamos digitales Ueno, en una ubicación identificada como San Bernardino, Paraguay. Esta imagen fija, tomada de un video publicado el 8 de noviembre de 2026, pertenece a la Fiscalía General de Paraguay. Imagen proporcionada por REUTERS
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La Fiscalía de Paraguay registró este lunes dos viviendas vinculadas al colapso de Ueno Bank y retuvo nueve vehículos de lujo. Uno de los operativos fue en la residencia de Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador y principal accionista del banco intervenido, en el barrio Mbocayaty de Asunción; el otro, en un apartamento del complejo Jade Park que pertenece al Grupo Vázquez, el conglomerado que controlaba la entidad.

Era el tercer registro en casa de Vázquez. Los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta buscaban reunir “mayores elementos” para la causa, según un comunicado del Ministerio Público, y retuvieron cinco autos estacionados en las inmediaciones.

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Más tarde interceptaron otros cuatro, blindados y sin matrícula, que estaban “a punto de ingresar” a un taller mecánico de otro barrio de la capital. Corbeta dijo a los periodistas que dieron con ellos gracias a vecinos y a la inteligencia policial.

En el registro anterior, el 5 de noviembre, los agentes sacaron de la casa nueve autos de alta gama, todavía sin matrícula, que el diario ABC Color estimó en cerca de USD 1,4 millones. En otros procedimientos contra el grupo, los investigadores embargaron un yate y dos avionetas Beechcraft fabricadas en 1979 y 1984.

El apartamento de Jade Park quedó a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Yeimy Adle. Allí vivía, según presume la Fiscalía, Guillermo Vázquez, hermano del fundador e imputado en la misma causa. Los agentes acudieron además al Club Hípico Paraguayo para garantizar la custodia de varios caballos vinculados al Grupo Vázquez.

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Tres hombres embalan paquetes blancos con cinta adhesiva sobre una mesa de madera dentro de una habitación iluminada
La Fiscalía de Paraguar realizó allanamientos y ejecutó órdenes de detención en el caso Ueno Bank

Según la Fiscalía, lo retenido este lunes fue entregado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que recibe de forma escalonada los activos del grupo. Otros vehículos y propiedades allanados todavía no fueron trasladados formalmente a ese organismo.

El Ministerio Público pidió a quienes tengan en su poder bienes del Grupo Vázquez que los entreguen. Advirtió que quienes no colaboren “podrían ser sometidos a un proceso penal” por posible lavado de activos.

Ueno obtuvo la licencia bancaria en noviembre de 2023, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó la transformación de la antigua Financiera Ueno, heredera de una firma de microcréditos que fundó en 1984 el padre del actual dueño. En junio de 2024 absorbió Visión Banco y pasó a ser el sexto banco del país por activos. Al momento de su intervención tenía unos tres millones de clientes. El 3 de noviembre, el BCP abrió su proceso de resolución tras comprobar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.

Según datos de junio de la propia entidad, el 29% de sus depósitos pertenecía al sector público, y el banco llegó a acumular más de 800 millones de dólares de organismos oficiales. Solo el Instituto de Previsión Social (IPS) tenía allí unos 516 millones; 358 millones eran reservas del fondo de jubilaciones y pensiones y el resto, cuentas operativas.

Personas con uniformes oficiales y ropa civil revisan y firman documentos en hojas sobre una mesa de vidrio dentro de una sala
La Fiscalía de Paraguar realizó allanamientos y ejecutó órdenes de detención en el caso Ueno Bank

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por ahorrista y entidad, unos 228 millones de guaraníes (cerca de 36.500 dólares), de modo que esos recursos dependen de lo que se recupere en la liquidación. En sus primeros cinco días de pagos, el fondo desembolsó unos 340 millones de dólares a más de 1,7 millones de cuentas.

El escándalo alcanzó al presidente Santiago Peña, que fue socio comercial del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, aunque el banco sostiene que nunca fue su accionista. Peña presentó la renuncia el 5 de noviembre; el Congreso la rechazó y al día siguiente el Senado lo destituyó por unanimidad por mal desempeño de funciones. Pedro Alliana, su vicepresidente, asumió el cargo.

El 7 de noviembre, el juez Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva de Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el Regimiento Escolta Presidencial, una unidad militar de Asunción. La misma medida pesa sobre Carlos Carvallo, expresidente del BCP, que antes de llegar al regulador en 2023 había dirigido la Financiera Ueno.

Vázquez se entregó a la Policía el 3 de noviembre, tras emitirse su orden de captura. El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dictó su prisión preventiva junto con la de otros cinco miembros del directorio, y desde el 6 de noviembre el empresario está recluido en el Centro Nacional de Prevenidos, la antigua penitenciaría de Tacumbú. La causa tiene veintisiete imputados, entre ellos ocho exdirectivos del banco.

La Fiscalía tramita además pedidos de cooperación con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear bienes y fondos que pudieron salir de Paraguay antes de la intervención.

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