
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, aseguró que organizaciones criminales han ordenado su asesinato desde centros penitenciarios del país, una situación que, según manifestó, conoce a través de reportes de inteligencia y que refuerza su decisión de aplicar políticas de “mano dura” contra el crimen organizado.
La revelación se produjo este lunes 16 de noviembre, durante la inauguración del Congreso Internacional contra las Drogas Sintéticas y el Crimen Organizado, donde la mandataria compartió detalles sobre las amenazas que, afirmó, ha enfrentado por parte de estructuras delictivas.
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“He sabido lo que es recibir reportes de inteligencia penitenciaria de miembros de bandas que de la cárcel ordenan mi asesinato”, manifestó Fernández ante autoridades nacionales y especialistas internacionales.
La presidenta señaló que estas situaciones no han modificado su compromiso con el combate a las organizaciones criminales, aunque reconoció la necesidad de mantener medidas para proteger su integridad.
“El día que a mí me toque, me toca y punto. No significa que vamos a descuidar mi seguridad”, expresó al referirse a su fe y a los riesgos asociados con sus responsabilidades.
Criminales continuarían operando desde las cárceles
Durante su intervención, la mandataria cuestionó que personas privadas de libertad mantengan comunicación con integrantes de organizaciones criminales que operan fuera de los centros penitenciarios.
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Aseguró que esta situación representa uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico y los delitos violentos.
Fernández también relató que personas cercanas a ella han sido víctimas de estafas bancarias presuntamente ejecutadas desde establecimientos penitenciarios.
“He visto cómo a familiares, vecinos, amigos les han vaciado la cuenta del banco desde una cárcel cuando operaban los call centers”, afirmó.
Estas experiencias fueron utilizadas por la mandataria para defender la necesidad de fortalecer los controles penitenciarios y limitar las posibilidades de que las estructuras delictivas continúen funcionando desde prisión.

Defiende política de mano dura y el CACCO
La presidenta reiteró su respaldo al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una de las principales iniciativas de su administración para reforzar el control sobre personas privadas de libertad vinculadas con organizaciones criminales.
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Según explicó, el objetivo consiste en impedir que los reclusos mantengan vínculos operativos con sus estructuras y continúen ordenando actividades delictivas desde las cárceles.
“Sí, el Caco es una política de mano dura sin perder nuestra esencia de derechos humanos”, sostuvo.
Fernández aseguró que las nuevas disposiciones penitenciarias se desarrollan mediante reglamentos y protocolos que buscan mantener el respeto a los derechos fundamentales.
La mandataria insistió en que su Gobierno no permanecerá indiferente ante el crecimiento de la criminalidad ni ante la posibilidad de que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para coordinar delitos.
Seguridad es la prioridad de su Gobierno
Durante el congreso, Fernández recordó que su administración presentó 12 proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa durante sus primeros seis meses de gestión, con el propósito de fortalecer la legislación relacionada con seguridad.
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Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial, a los diputados y a las instituciones policiales para trabajar de manera coordinada contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“La prioridad número uno de mi gobierno es devolverle la seguridad y la paz al pueblo costarricense”, aseguró.
La presidenta concluyó que continuará impulsando reformas legales, controles penitenciarios y alianzas internacionales para enfrentar a las organizaciones criminales, pese a los riesgos personales que, según denunció, ha enfrentado.
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