
Cuba registró 11.86 reportes y avisos de material de abuso sexual infantil por cada 10,000 habitantes en 2025, según el índice 2026 de Childlight sobre explotación y abuso sexual infantil.
La cifra figura en la tabla de tasas de América Latina y el Caribe. El promedio regional fue de 52.1 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes.
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El indicador combina reportes sobre presunto abuso o agresores y avisos de material alojado, en relación con la población de cada país. El informe precisa que estas cifras reflejan contenido detectado o reportado dentro de la cobertura y los mecanismos de notificación de las fuentes utilizadas.
La tasa no mide la prevalencia nacional de la explotación y el abuso sexual infantil y no permite establecer un ranking de países según la magnitud del problema.Childlight también advierte que los registros bajos o inexistentes pueden reflejar una capacidad limitada de detección o de reporte, y no necesariamente niveles bajos de daño.
Cuba quedó por debajo del promedio regional de registros
La tasa registrada para Cuba estuvo por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. En la misma medición, Panamá alcanzó 245.31 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes.
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La República Dominicana registró 157.23. El Salvador llegó a 58.60, por encima de la media regional.
Costa Rica tuvo una tasa de 42.19. En Guatemala, el indicador fue de 39.89, mientras que Nicaragua registró 34.58 y Honduras, 30.90.
El informe señala que las diferencias entre los resultados deben interpretarse con cautela. Los datos sobre material de abuso sexual infantil no representan una medición directa de la explotación y el abuso sexual infantil en la población de cada país.
Childlight define este registro como una medida de disponibilidad. El indicador observa el volumen de reportes y avisos asociados con un país a través de la ubicación informada de una actividad sospechosa, de una fuente de reporte o de infraestructura de alojamiento.
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Los datos sobre material detectado no sustituyen las encuestas
El índice distingue los registros de material de abuso sexual infantil de las estimaciones obtenidas mediante encuestas representativas. Estas últimas buscan medir la frecuencia de la explotación y el abuso sexual infantil en la población general.
Los datos sobre material detectado o reportado aportan información sobre volumen y escala relativa. Por ello, el informe no equipara una tasa de disponibilidad con el número de niños afectados en un país.
En América Latina y el Caribe, las estimaciones regionales indicaron que el 23% de las mujeres y el 17.6% de los varones experimentó alguna forma de explotación o abuso sexual infantil fuera de internet antes de cumplir 18 años.
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En las modalidades facilitadas por tecnología, el 11.4% de los niños de la región reportó solicitudes sexuales en línea durante el año previo a la recolección de datos.
La exposición a contenido sexual no deseado alcanzó al 16.2% de los niños incluidos en las encuestas utilizadas para esa estimación regional.
El análisis sobre violencia sexual infantil fuera de internet reunió 92 estudios de 23 países de América Latina y el Caribe. Para las formas facilitadas por tecnología, el índice examinó 15 estudios de nueve países.
La región mostró brechas en la respuesta a los casos digitales

El informe también relevó capacidades institucionales en 24 países y territorios de América Latina y el Caribe. El 83.3% informó contar con capacidad investigativa especializada en explotación y abuso sexual infantil.
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A la vez, el 41.7% reportó que no tenía analistas dedicados a investigaciones de abuso sexual infantil en línea. Otro 8.3% indicó que desconocía si disponía de ese recurso.
En cuanto a la capacidad forense digital, el 25% de las jurisdicciones encuestadas afirmó poder procesar todos los casos de explotación sexual infantil en línea dentro de 12 meses. El 16.7% reportó una capacidad inexistente o limitada.
Childlight plantea que las limitaciones en la detección, el reporte y el procesamiento de evidencia digital condicionan la información disponible. El informe recomienda fortalecer los sistemas de datos y las capacidades de respuesta para orientar la prevención y la protección de niños y adolescentes.
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