La Iglesia católica de Paraguay pidió investigar si Ueno Bank comercializó datos biométricos de casi tres millones de clientes

La Iglesia católica de Paraguay reclamó una investigación exhaustiva para determinar si Ueno Bank utilizó o comercializó sin autorización los datos personales de los casi 2,94 millones de clientes que tenía registrados antes de su intervención.

Durante su homilía de este domingo, el cardenal Adalberto Martínez advirtió sobre las consecuencias que tendría una eventual transferencia irregular de esos registros. “No solo se habría despojado a las personas de sus bienes, también se habría vulnerado su intimidad y su dignidad”, sostuvo. El religioso pidió que se investigue a fondo el funcionamiento de la institución y las circunstancias que desembocaron en su caída.

La preocupación está relacionada con el tipo de información que la entidad habría recopilado mediante sus servicios y las plataformas vinculadas a su estructura empresarial. Entre los registros mencionados figuran datos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento facial e imágenes del iris, características físicas que permiten identificar individualmente a una persona.

La dimensión del caso quedó expuesta la semana pasada, cuando el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, cuestionó el modelo de negocios que, según su interpretación, desarrollaba la entidad. Ante el Senado, afirmó que su actividad trascendía la intermediación financiera y que operaba como una estructura dedicada a reunir información personal a gran escala.

“Su negocio no es bancario, es capturar los datos biométricos de millones de personas para tener una base de datos del país y luego hacer negocios”, declaró Schreiner. En la misma intervención, describió a sus responsables como “gente administradora de base de datos”.

El funcionario también señaló que la obtención de información no se limitaba a los procedimientos habituales de apertura de cuentas. Según explicó, empresas relacionadas con el grupo captaban registros personales mediante servicios utilizados para adquirir entradas para acontecimientos deportivos y espectáculos culturales. Esa modalidad amplió los interrogantes sobre qué datos fueron reunidos, quiénes tuvieron acceso a ellos y con qué propósito podrían haberse empleado.

Por el momento, las declaraciones de Schreiner y el reclamo eclesiástico no constituyen por sí mismos una comprobación judicial de que Ueno haya vendido o transferido ilegalmente información. La investigación deberá establecer si existieron operaciones de esa naturaleza, identificar a sus eventuales destinatarios y determinar si los clientes habían autorizado esos usos.

La controversia se suma a una crisis que comenzó el 3 de noviembre, cuando el BCP dispuso someter a Ueno Bank a un procedimiento de resolución por sus dificultades para cumplir con los requisitos de solvencia. La medida paralizó temporalmente el acceso a los depósitos de aproximadamente 2,94 millones de usuarios, aunque unos 1,8 millones mantenían cuentas activas. La decisión también alcanzó a instituciones previsionales que habían colocado recursos en el banco.

Entre los organismos afectados se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), que había invertido alrededor de 516 millones de dólares en la entidad. La exposición financiera también comprendía otras cuatro cajas de jubilaciones. El impacto alcanzó directamente a miles de beneficiarios que utilizaban Ueno para recibir sus haberes mensuales y realizar operaciones cotidianas.

La situación generó dificultades para más de 32.000 jubilados del IPS que cobraban mediante cuentas en ese banco. Muchos quedaron temporalmente sin acceso a sus recursos y debieron iniciar trámites para recuperar la operatividad de sus servicios financieros. Algunos pensionistas, acostumbrados a utilizar tarjetas y transferencias electrónicas, se encontraron sin dinero disponible para afrontar sus gastos habituales.

Uno de ellos fue Mario Casartelli, de 72 años, quien debió trasladarse desde Lambaré hasta Luque para gestionar la reactivación de su cuenta. “Yo no tenía ni un peso (en efectivo) porque me acostumbré tanto a andar con tarjetas nada más, todo (lo pagaba) con transferencias”, relató. También contó que debió cancelar un viaje familiar a Buenos Aires después de quedar sin acceso a sus fondos.

Para atender a los clientes afectados, el BCP dispuso el traslado de parte de las cuentas a Banco GNB Paraguay. La entidad habilitó un centro de atención temporal en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, con más de un centenar de empleados para asistir a los antiguos usuarios de Ueno. El operativo incluyó la apertura y activación de cuentas, la entrega de tarjetas y orientación para completar los procedimientos necesarios.

“Esta es una causa nacional, una cuestión social, como entidad financiera somos conscientes que tenemos que colaborar”, explicó Federico Monjagatta, responsable de Estrategias de Segmento Personas de GNB. La institución había restablecido los servicios de unos 2.000 pensionistas y esperaba continuar con las gestiones antes del inicio del siguiente calendario de pagos del IPS, que alcanza a cerca de 99.000 jubilados.

La crisis también tuvo consecuencias políticas y judiciales. El entonces presidente Santiago Peña fue destituido el 6 de noviembre, tres días después de la intervención bancaria. Tras un juicio político, el Senado lo declaró responsable de mal desempeño de sus funciones. Posteriormente fue detenido en el marco de las actuaciones vinculadas al caso.

La Fiscalía también avanzó contra integrantes de la cúpula del Banco Central, incluido su expresidente Carlos Carvallo, y contra el empresario Miguel Vázquez, señalado como antiguo propietario de Ueno. Los investigadores los vincularon con una presunta estructura criminal relacionada con el funcionamiento de la entidad y las responsabilidades por el colapso financiero.