El Ministerio Público designó a tres fiscales para investigar penalmente los hechos denunciados contra Santiago Peña por el caso Ueno Bank, que incluyen sospechas sobre la colocación de fondos públicos en la entidad y los vínculos del exmandatario con compañías del grupo financiero.
La decisión se conoció mientras la renuncia de Peña a la Presidencia, ya presentada, quedó pendiente de tratamiento en un plenario del Congreso tras la aprobación del juicio político en la Cámara de Diputados.
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una carpeta fiscal mediante la Resolución FGE N.º 4474. Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia González Vöster integraron el equipo investigador de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
La resolución abarca la denuncia que legisladores presentaron el 22 de octubre de 2025 y la ampliación ingresada esta semana. Los escritos cuestionaron la supervisión y la posterior resolución de Ueno Bank, las colocaciones de recursos estatales en esa entidad y la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de organismos públicos depositantes.
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Los denunciantes solicitaron indagar presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio. También plantearon posibles responsabilidades por omisiones o negligencias en los controles financieros y pidieron determinar si las autoridades que autorizaron los depósitos estatales fueron inducidas a error o actuaron en connivencia con directivos del banco.
La ampliación incorporó observaciones sobre las declaraciones juradas de Peña entre 2017 y 2023, su participación en Ueno Holding, ITTI, Credicentro y Banco Basa, y el incremento de su patrimonio. En su declaración de 2023, el presidente registró acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones (USD 991.183,89), que vendió en abril de 2025; además, consignó un certificado de depósito de ahorro de G. 2.400 millones (USD 396.000) en Ueno y un bono de ITTI.
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El escrito también señaló que un hermano de Peña figura como socio de U Holding SARL, sociedad a través de la cual el grupo controlaría Ueno. La denuncia alcanzó asimismo a autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS), de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), de Itaipú Binacional, de la Entidad Binacional Yacyretá, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Caja Bancaria y de Cajubi.
Entre los puntos que la Fiscalía deberá verificar figuran las operaciones detectadas por el BCP durante 2026. La denuncia sostuvo que el 29 de abril la autoridad monetaria advirtió excesos de Ueno con empresas vinculadas desde enero. El 16 de junio, la Superintendencia de Bancos consideró regularizada la situación después de la venta de una cartera de tres firmas a Vinanzas SA por USD 74,4 millones, operación financiada con préstamos otorgados por el propio banco.
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La directora del BCP, Carmen Marín, advirtió un déficit de solvencia el 29 de junio, mientras el entonces gerente de Supervisión remitió observaciones el 10 de julio que, según los denunciantes, no llegaron al Directorio. El 5 de agosto, un área técnica calificó la venta de cartera como una “operación prohibida”. El sumario administrativo contra Ueno comenzó el 24 de septiembre y, el 7 de octubre, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, comunicó al Senado que el exceso estaba subsanado.
La presentación cuestionó además las decisiones que permitieron el aumento de los recursos del IPS depositados en Ueno. El Consejo de Administración de la previsional redujo el puntaje mínimo exigido para las colocaciones de 65 a 60 el 9 de noviembre de 2023. El 12 de noviembre de 2024 modificó otra vez las condiciones, al requerir una calificación “A” y suprimir el límite vinculado al patrimonio efectivo.
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Los fondos del IPS en Ueno pasaron de G. 80.000 millones (USD 13,2 millones) en certificados de depósito de ahorro a más de G. 2 billones (USD 329,9 millones) de acuerdo con el escrito. En el caso de Itaipú, los legisladores indicaron que Ueno no figuraba entre los bancos depositarios en 2023, aunque los fondos en entidades locales crecieron de USD 57 millones a USD 537 millones entre 2024 y 2025.
El BCP ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank al detectar que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo requerido. La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes y administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de fondos públicos. La crisis derivó en filas frente a sucursales y protestas en Asunción.
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En respuesta, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó. La norma autorizó un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a G. 121,7 millones (USD 19.873) con un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor. El BCP había informado previamente que el fondo cubría hasta 75 salarios mínimos por depositante.
(Con información de Hoy y ABC Color)
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