El caso Ueno Bank: por qué cayó y cuál es su impacto sobre la economía de Paraguay

Más allá de desatar una grave crisis política que puede derivar en el juicio político al presidente Santiago Peña, la disolución del Ueno Bank ordenada por el Banco Central del Paraguay trajo una serie de fuertes impactos financieros y sociales sobre la economía paraguaya. El caso mezcla causas judiciales contra directivos, un impacto sobre el sistema financiero del país y deja a millones de ahorristas y jubilados sin acceso a su dinero.

El origen de Ueno Bank se remonta a la compra de Financiera El Comercio por parte del Grupo Vázquez en 2021, que ya poseía la financiera Credicentro. La marca comenzó a operar con una propuesta centrada en la aplicación móvil y, tras obtener la autorización bancaria plena, inició sus operaciones como banco en diciembre de 2023.

La clave de su expansión se centró en ofrecer servicios bancarios con impronta fintech. Aprovechó la cartera de las dos entidades preexistentes y le añadió cuentas simples y de bajo costo, operadas desde el celular. De esa forma, se transformó en un actor clave del sistema financiero del país por acumular 2,9 millones de clientes, el 60% de la población adulta del país. Es el quinto banco del país en cantidad de depósitos pero claramente el primero en materia de cantidad de clientes. Al cierre de 2025 concentraba 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema bancario paraguayo, que en total posee 16 bancos.

El salto decisivo llegó en junio de 2024, cuando absorbió a Visión Banco. Esa integración incorporó activos, pasivos y operaciones de una entidad ya instalada, y permitió que Ueno dejara de ser una plataforma enfocada en pagos y crédito de consumo para ofrecer cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas. La captación digital, los reintegros comerciales y las transferencias inmediatas formaron parte de su estrategia para ampliar la base de usuarios.

Su dimensión también quedó atada al sector público. Hasta su caída, Ueno administraba unos USD 850 millones de organismos estatales, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de jubilaciones y prestaciones de salud. La concentración de esos fondos elevó el alcance de la intervención más allá de sus clientes particulares.

En marzo de este año dio otra señal inusual para las finanzas de Paraguay. Emitió bonos USD 350 millones con vencimiento en 2031, una operación que la convirtió en el único banco local con títulos negociados en mercados internacionales. La tasa que le pidió el mercado, menor del 7%, no hacía prever ninguna dificultad.

A la vez, Ueno alcanzó gran popularidad en su país por una agresiva política de marketing vinculada al deporte. Se transformó en sponsor central para la Asociación Paraguaya de Fútbol y el Comité Olímpico del país, por lo que su marca se vinculó a todas las actividades deportivas. Los estadios de los dos clubes de fútbol más populares del país, Olimpia y Cerro Porteño, llevan la marca Ueno en su nombre.

El inicio de la investigación

Un sumario del Banco Central del Paraguay (BCP) desató la tormenta. La investigación detectó créditos otorgados a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, controlante del banco. Según señaló el organismo, esas operaciones derivaron en incumplimientos y en el deterioro de los indicadores de liquidez de la entidad. Por el rol dominante del banco, existía un riesgo claro de que las dificultades se extiendan al resto del sistema.

El BCP dispuso el congelamiento de los activos y pasivos de Ueno Bank y el envío de funcionarios para asumir el control de la entidad. Se inició así un procedimiento de resolución luego de que el índice de solvencia de la entidad quedara por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. El directorio del BCP dispuso el cierre de las operaciones, suspendió la app para móviles, las tarjetas y el resto de los servicios, y puso los activos y pasivos bajo administración del regulador.

Mientras la justicia comenzaba a detener a los directivos de Ueno Bank, se impidió el acceso a sus cuentas. No solo sus casi 3 millones de clientes no pudieron usar su dinero sino que también gran parte de los fondos del sector público quedó en la misma situación.

Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), colocaciones de fondos a plazo fijo, dejaron de pagarse. Entre los principales damnificados quedaron el Instituto de Previsión Social, el ministerio de Economía, la Confederación Sudamericana de Fútbol y muchas sociedades de Bolsa, empresas y cajas de jubilaciones.

Pero lo que multiplicó los efectos del caso es el ingrediente político. El presidente Santiago Peña fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Y el titular del BCP, Carlos Carvallo, fue su presidente hasta julio de 2023, cuando dejó ese cargo para asumir en el Banco Central. Es decir: Carvallo pasó de presidir el banco a conducir el organismo que debía supervisarlo.

Al oficializarse la intervención, Peña le pidió la renuncia a Carvallo. Con la crisis ya desatada, en las últimas horas designó al exministro de Industria Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central, al que ya había dirigido entre 2001 y 2002. También designó a dos nuevos directores.

Pero los temores ya se habían vuelto imparables. Aparecieron los disturbios en las calles protagonizados por aquellos ahorristas que pedían por su dinero, a la manera del “corralito” de la Argentina en 2001. El gobierno avanzó con algunas medidas para devolver el dinero que es una demora inaceptable para millones de personas de condición humilde que se quedaron sin su dinero cotidiano de un día para otro.

Imputaciones contra directivos y empresas vinculadas

Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera imputaron a ocho directivos de Ueno Bank y a otras 19 personas vinculadas a empresas bajo investigación, en el marco del proceso abierto tras la resolución de la entidad financiera.

Los imputados enfrentan cargos por conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de las normas sobre llevanza de libros de comercio.

Según el diario paraguayo Última Hora, Ueno Bank habría transferido en junio de 2026 una cartera de créditos por USD 74,4 millones a una empresa vinculada, Vinanzas SA, luego de que la Superintendencia de Bancos le exigiera desprenderse de préstamos otorgados a esas compañía. La operación incluía acreencias sobre Grupo Hendy, Grupo M y MOWI, entre otras firmas relacionadas con el grupo.

La investigación del BCP detectó indicios de que Vinanzas —también vinculada a Ueno— no tenía recursos propios suficientes para pagar la cartera y habría sido financiada indirectamente por la propia entidad bancaria. Para el Ministerio Público, ese mecanismo podría haber ocultado la situación patrimonial real del banco, ya que los créditos habrían terminado, en los hechos, bajo financiamiento de la misma institución que los cedió.

La devolución de los ahorros

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que reúne a los 14 bancos privados del país, entre ellos Ueno, aseguró que el resto del sistema opera con normalidad y que trabaja para atender la demanda de los clientes que están migrando desde la entidad intervenida. “Lamentablemente, en las últimas horas se observan comentarios en redes sociales que instalan miedos e incertidumbres que nada tienen que ver con la realidad del mercado ni con la situación del sistema bancario en su conjunto”, señaló la entidad.

En tiempo récord, el Congreso sancionó una ley para dar auxilio a los ahorristas y el presidente Peña la promulgó. La norma habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para que los clientes de Ueno Bank reciban con rapidez una parte de los ahorros inmovilizados tras la intervención. Cada depositante podrá cobrar hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes —unos USD 19.787—, y el Banco Central del Paraguay deberá instrumentar ese pago de forma inmediata.

La norma fija que el desembolso debe realizarse en un plazo de 24 horas y, como máximo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su entrada en vigencia. Ese anticipo no modifica la cobertura general del FGD, que alcanza hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica; funciona como un mecanismo para adelantar una parte de los recursos mientras avanza el proceso de resolución de la entidad.