Al menos 75 empresas resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, según el levantamiento del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Los daños incluyen deterioro de instalaciones, interrupciones operativas y dificultades de abastecimiento, principalmente en las regiones golpeadas por el movimiento sísmico.
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La institución mantiene un registro de 454 empresas ubicadas en las zonas afectadas, de las cuales ha logrado contactar a 362, equivalentes al 79.7%. Entre los establecimientos consultados, el 20.7% reportó algún tipo de afectación, mientras otros 92 permanecen pendientes de evaluación.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que la próxima semana se consolidarán los inventarios elaborados por las instituciones públicas y los gremios empresariales. El documento será presentado al Consejo de Gabinete para determinar nuevas medidas de respaldo económico, adicionales a las anunciadas.
La iniciativa se desarrolla junto con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECÁMARAS), cuyos integrantes han recopilado información sobre los negocios perjudicados. El MICI también realiza inspecciones individuales con acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Un diagnóstico inicial identificó 401 micro, pequeñas y medianas empresas en seis provincias, de las cuales 312 estaban localizadas en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Las otras 89 correspondían a Chiriquí y Bocas del Toro, aunque esa distribución no constituye un desglose actualizado de los 75 establecimientos afectados.
Entre las actividades perjudicadas figuran pequeños comercios, restaurantes, hospedajes y unidades de producción agropecuaria, especialmente en comunidades rurales. Los empresarios también reportaron pérdidas de inventario, disminución de ventas y problemas de acceso por carreteras dañadas, situaciones que dificultan mantener las operaciones y cumplir obligaciones financieras.
La presidenta de FEDECÁMARAS, Alicia Jiménez, informó que el levantamiento empresarial había censado aproximadamente 550 personas vinculadas con actividades económicas. Sin embargo, todavía no existe una cuantificación definitiva de las pérdidas, mientras los negocios deben afrontar gastos operativos, planillas y compromisos bancarios pese a la reducción de ingresos.
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La situación podría ser más amplia porque numerosas actividades económicas funcionan fuera de los registros formales, advirtió Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Entre ellas mencionó fincas, granjas, tiendas y pequeños alojamientos rurales, cuya identificación representa un desafío adicional.
Para enfrentar estas dificultades, el Gobierno dispone de mecanismos financieros por $310 millones, integrados por un programa de crédito de $160 millones y un fondo de garantías de $150 millones. Del primer componente, $100 millones tienen disponibilidad inmediata, mediante una coordinación entre Banconal, el MEF y el BID.
Los recursos permitirán a las mipymes financiar capital de trabajo, cubrir gastos operativos y realizar inversiones necesarias para recuperarse. El Fondo de Garantía busca facilitar préstamos a negocios que carecen de suficientes respaldos, especialmente en los sectores agropecuario, comercial y de servicios, mediante instituciones financieras elegibles.
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El impacto económico ocurre después de uno de los terremotos más fuertes registrados en Panamá durante este siglo, cuyo epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí. Las mayores afectaciones se concentraron en Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí, donde también resultaron dañadas infraestructuras esenciales.
Según las evaluaciones disponibles al 30 de octubre, se habían inspeccionado 17,891 viviendas y unas 57,879 personas presentaban necesidades humanitarias. Además, 6,654 personas permanecían en 140 albergues, mientras 619 centros educativos registraban afectaciones, junto con instalaciones sanitarias, carreteras y sistemas de abastecimiento de agua.
El MICI mantiene coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para proteger los empleos, mientras avanza la identificación de necesidades empresariales. La consolidación del inventario permitirá establecer prioridades de asistencia y dimensionar las pérdidas económicas, todavía sin una valoración monetaria definitiva para los establecimientos afectados.
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