La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva para Luisa González por presunto lavado de activos

La Fiscalía de Ecuador dio a conocer la prisión preventiva de Luisa González, ex candidata presidencial del correísmo, en un caso que investiga el presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2023. La medida, dictada por un juez el viernes, llega a semanas de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre y afecta a una de las principales figuras de la oposición al presidente Daniel Noboa.

González, abogada de 48 años, había sido detenida la víspera en su domicilio de la localidad rural de Canuto, en la provincia costera de Manabí. La audiencia de formulación de cargos se celebró por videoconferencia mientras la excandidata permanecía retenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil, a donde fue trasladada tras su arresto.

El juez acogió el pedido presentado por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva no solo para González, sino también para el ex asambleísta Santiago Díaz y para Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil que se entregó de forma voluntaria, según informó la Fiscalía en su cuenta de X.

Díaz ya cumple una condena de 29 años y cuatro meses de prisión por la violación de una menor, delito por el cual fue expulsado del correísmo. Fue precisamente su testimonio, sin pruebas aportadas, el que dio impulso al caso al declarar que había trasladado dinero en efectivo desde Venezuela a Ecuador para financiar la campaña presidencial.

Para Estefanía Molina, coordinadora de la oficina de Díaz y tesorera de la campaña, el juez dispuso una medida distinta: presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico, de acuerdo con el ente acusador.

El caso Laberinto y el rastro de los 500.000 dólares

La investigación, bautizada como caso Laberinto, busca determinar si el dinero obtenido por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, actualmente preso y condenado por comercialización ilegal de combustibles a través de estaciones de servicio de su familia, terminó financiando la campaña presidencial del correísmo en 2023.

De acuerdo con el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, la Fiscalía rastrea el origen y destino de medio millón de dólares utilizados en publicidad electoral y presuntamente no declarados. Alvarez había llegado al cargo en 2023 de la mano de Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Neira explicó que la hipótesis investigada por el Ministerio Público apunta “al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela” para financiar la campaña y sostuvo que el gasto electoral debe “ser transparente”. El funcionario había adelantado horas antes del fallo judicial que González “fue detenida por financiar su campaña con dinero sin justificación verificable”.

El caso Laberinto se suma a otro proceso, conocido como Caja Chica, por el cual González ya estaba siendo investigada desde marzo por la presunta financiación irregular de su campaña de 2023, según indicó la propia excandidata durante la audiencia.

La defensa de González ante el juez

Durante la audiencia, González reiteró su intención de permanecer en el país y expresó su disposición para “colaborar con la justicia” al tiempo que exigió “un trato justo”, de acuerdo con un audio de la sesión difundido en sus redes sociales.

“Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado”, declaró la excandidata presidencial.

González remarcó que afronta 19 procesos fiscales en su contra y que, al saberse “inocente” y considerarse “perseguida política”, pretende defenderse “en presencia y en el país, dando la cara como lo he hecho hasta el día de hoy”.

Tras conocerse la decisión judicial, un comunicado difundido en las redes sociales de la dirigente señaló: “Tego 19 procesos en la Fiscalía General del Estado… les dije que me quedaría junto a mi pueblo, a luchar por mejores días y así lo he cumplido”. El texto agregó: “Darnos por vencidos no es opción y jamás lo será”.

González es la abanderada política del expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y desde entonces critica con dureza al presidente Noboa desde su autoexilio en Bélgica. La excandidata fue finalista en los balotajes presidenciales de 2023 y 2025, en ambos derrotada por Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador.

En los comicios de 2023, González obtuvo el 48% de los votos frente a Noboa, quien ha impuesto un gobierno de mano dura contra el crimen organizado y atribuye al correísmo haber abierto la puerta al narcotráfico que convirtió al país en una de las naciones más violentas de la región.

La detención de González ocurre en medio de la suspensión de Revolución Ciudadana y la inhabilitación de su candidatura por parte del Tribunal Contencioso Electoral, lo que impedirá a la agrupación participar en las elecciones de alcaldes y prefectos provinciales del 29 de noviembre.

La ley penal ecuatoriana sanciona el delito de lavado de activos con penas que van de uno a 13 años de prisión.