
Cuba cerró 2025 con una tasa de mortalidad infantil de 9.9 muertes de menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos, mientras madres y familiares denunciaron demoras en cesáreas, falta de medicamentos y condiciones deficientes en hospitales.
El deterioro del Programa de Atención Materno Infantil coincide con menos nacimientos y con una intervención internacional destinada a reforzar servicios obstétricos y neonatales, según Diario de Cuba.
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Los 68,051 nacidos vivos comunicados de manera preliminar por el Ministerio de Salud Pública representaron 3,108 menos que en 2024. Aplicada a ese total, la tasa infantil equivale a unas 674 muertes de bebés menores de un año, una estimación derivada de ambos indicadores y no una cifra oficial de fallecimientos divulgada por separado.
La situación contrasta con los registros de 2017 y 2018, cuando el indicador era de cuatro muertes por cada 1.000 nacidos vivos. El salto respecto de 2018 fue del 147.5%.
La Organización Panamericana de la Salud reconoció en abril de 2026 la tendencia de deterioro de los indicadores cubanos, aunque sostuvo que el país mantenía resultados superiores a los promedios regionales.
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La tasa preliminar cubana superó la de Chile, de 5.9 por cada 1,000 en ese año; Argentina había registrado 8.5 en 2024, y Costa Rica informó 8.56 entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.
Cesáreas demoradas y muertes neonatales
Más de 24 horas de trabajo de parto precedieron el nacimiento de la hija de Dania, residente en Nuevitas cuya identidad fue modificada a pedido suyo. La bebé nació en el Hospital Materno de Camagüey con bajo peso y niveles muy bajos de oxígeno y glucosa, por lo que pasó varios días en una incubadora.

La madre afirmó que la intervención llegó demasiado tarde: “La niña nació azul, no respiraba, pensé que se moría”. También atribuyó las complicaciones a la demora para practicarle una cesárea: “Todo por la misma razón, por una decisión tardía, el equipo no quería hacer la cesárea, y la tuvieron que hacer, en el último momento”.
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La hija de Dania sobrevivió, pero el hijo de Alina, otro nombre utilizado para preservar la identidad de la entrevistada, murió antes de que se realizara la operación. La mujer ingresó un sábado por la tarde con escasez de líquido amniótico y señaló que los especialistas la atendieron recién el lunes.
“Para resumir una historia que me sigue martirizando, me hicieron la cesárea cuando el niño ya había fallecido”, relató Alina. Tras años de intentos para quedar embarazada, describió la pérdida como un golpe para toda su familia: “Era el niño más deseado y esperado”.
Las denuncias de familiares incluyeron otros casos ocurridos en Camagüey. En septiembre de 2025, Leydys Marian Guerrero González denunció que su hija murió luego de que el personal del Hospital Ginecobstétrico Ana Betancourt demorara la atención ante la escasez de líquido amniótico y realizara la cesárea cuando la bebé ya había fallecido.
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El periodista independiente José Luis Tan Estrada difundió ese caso en redes sociales. Un mes antes, Lianet Barranco había cuestionado la respuesta médica después de la muerte de su hija, tras presentar síntomas de alarma durante el embarazo.

Camila Leyva Obregón, residente en Bayamo, contó en enero de 2025 que pasó horas perdiendo líquido amniótico antes de recibir atención para el parto. Su bebé desarrolló complicaciones y murió a los 11 días de nacido.
Otra muerte neonatal fue reportada el 12 de octubre de 2026 en el Hospital Materno de Camagüey, a partir de fuentes consultadas por Tan Estrada. La inducción del parto se prolongó más de 24 horas y el recién nacido sufrió broncoaspiración de líquido amniótico meconial, hipertensión pulmonar y fallo multiorgánico.
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El periodista denunció además más de 15 fallecimientos de recién nacidos en ese hospital entre enero y mayo de 2026. También señaló filtraciones de aguas albañales desde un baño de la planta superior hacia zonas cercanas a los bebés, presencia de insectos y falta de medicamentos para combatir infecciones.
El 29 de abril de ese año, Tan Estrada informó que embarazadas aguardaban para dar a luz en los pasillos de la Sala A, en un contexto de hacinamiento, calor y falta de higiene. Las denuncias familiares no determinan por sí solas la existencia de negligencia médica, pero exponen cuestionamientos sobre las demoras, la atención de síntomas de alarma y las explicaciones recibidas.
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Diferencias territoriales y falta de medicamentos
La tasa de mortalidad infantil mostró contrastes dentro del país: La Habana registró 14,2 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2025 y Camagüey, 12,4, de acuerdo con indicadores demográficos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Pinar del Río notificó 4,7.
La disponibilidad de tratamientos esenciales también fue cuestionada por familias de recién nacidos. Beba Cabrera denunció que su nieta, nacida el 28 de septiembre de 2025 en el Hospital Hijas de Galicia de La Habana, murió tras una hemorragia grave.
Los médicos diagnosticaron un déficit de vitamina K, necesaria para la coagulación de la sangre, según explicó el doctor Lucio Enriquez Nodarse. La familia sostuvo que el hospital no disponía del medicamento que se administra a los bebés para prevenir esas hemorragias.
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La niña recibió transfusiones y ventilación mecánica, pero murió el 1 de octubre. Sus familiares afirmaron además que, tras el parto, el personal les pidió 5.000 pesos para garantizar una cama para la madre.
Las muertes alcanzaron también a mujeres embarazadas. La mortalidad materna subió de 40,6 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en 2024 a 44,1 en 2025, un aumento aproximado de 8,6%, según precisó el Ministerio de Salud Pública.
La diferencia absoluta fue de una muerte materna adicional. Aunque la reducción de nacimientos incide en el cálculo de la tasa, el número de mujeres fallecidas aumentó en un año con menos nacidos vivos.
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En febrero de 2022, los familiares de Yanelis Medina Cardoza, de 30 años y con un embarazo avanzado, denunciaron irregularidades en la atención que recibió en La Habana. Según su testimonio, perdió al bebé después de una cesárea de urgencia y luego ella también murió.
Laura Castillo Zulueta falleció en mayo de 2024, a los 29 años y con 25 semanas de gestación. Su madre, Janet Zulueta Curbelo, denunció presuntas negligencias en el Hospital Hijas de Galicia antes del traslado de la joven al Hospital Nacional.
La dirección del centro rechazó las acusaciones y sostuvo que las complicaciones estaban relacionadas con una enfermedad previa, la enfermedad de Hirschsprung. También dio una versión diferente sobre las circunstancias del traslado y difundió información clínica de Laura para responder a la familia, una decisión que generó cuestionamientos sobre la privacidad de los datos de la paciente.
Daniela Aurora Ochoa Hernández, de 22 años, murió junto con su bebé en diciembre de 2025 en el Hospital Roberto Rodríguez de Morón, en Ciego de Ávila. Sus familiares, citados por la activista Idelisa Diasniurka Salcedo y el Observatorio de Género de Alas Tensas, indicaron que había acudido con dolor intenso de cabeza y entumecimiento de las extremidades.
La joven sufrió convulsiones y fue sometida a una cesárea de emergencia, pero los médicos no lograron salvarla ni al recién nacido. La familia cuestionó la evaluación inicial y las demoras para recibir atención especializada.
Dos millones de euros para reforzar la atención materna
La Unión Europea financia con dos millones de euros un proyecto conjunto de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para fortalecer la atención materna y neonatal en Cuba. La iniciativa, anunciada en mayo de 2026, prevé alcanzar directamente a 310.685 personas.

El programa se denomina Salvar vidas al nacer: Prestación de Atención Vital Materna y Neonatal en Cuba y se desarrolla junto al Ministerio de Salud Pública en La Habana, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín y Guantánamo.
La OPS vinculó el deterioro de los indicadores de salud materna y neonatal con la crisis prolongada del país, los problemas energéticos, los eventos climáticos recurrentes y los daños provocados por el huracán Melissa en octubre de 2025. Sus prioridades incluyen medicamentos e insumos esenciales, servicios obstétricos y neonatales de emergencia, rehabilitación de infraestructura, agua segura y saneamiento.
Maylin Fernández Suris, abogada de Diario de Cuba especializada en políticas sociales, sostuvo que las revisiones internas de los hospitales no bastan para responder a las familias. “Los hospitales cuentan con mecanismos internos para revisar fallecimientos y posibles deficiencias. Pero las familias necesitan algo más que una investigación administrativa: conocer las causas, acceder a información médica, recibir explicaciones suficientes y disponer de vías efectivas para reclamar cuando existan indicios de responsabilidad”.
La letrada planteó que la respuesta estatal debe incluir suministros, servicios básicos, capacidad de atención, información pública y mecanismos de reclamación. “Las familias tienen derecho a conocer las circunstancias de la muerte de sus seres queridos y a reclamar cuando existan indicios de responsabilidad”, afirmó.
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