Caso CIA: reanuda audiencia para definir si el exfiscal César Jáuregui es procesado por traición a la patria

La tarde de este 24 de octubre se reanudó la audiencia inicial contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, en la cual su defensa expondrá los argumentos para que, posteriormente, el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes defina si el exfuncionario es procesado por el delito de traición a la patria.

La diligencia corresponde a la causa penal 408/2026 y se desarrolla desde las 15:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Jáuregui es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de permitir la participación de agentes extranjeros, presuntamente adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, realizado en abril pasado.

La primera parte había comenzado el martes 21 de octubre a las 21:00 horas, cuando un grupo de ministerios públicos de la FGR presentó alrededor de 150 datos de prueba contra Jáuregui. La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que llevó al juez a fijar la continuación para este sábado, turno en el que corresponde a los abogados del exfiscal exponer sus argumentos.

De manera independiente a este proceso, Jáuregui ya fue vinculado a proceso por delitos del fuero común derivados de presuntas omisiones en la cadena de mando del operativo en El Pinal. El 22 de octubre, un juez de control en Chihuahua lo procesó por ejercicio ilegal del servicio público, aunque descartó el cargo de coalición de servidores públicos por falta de elementos suficientes.

El operativo dejó cuatro muertos, entre ellos dos presuntos agentes de la CIA

El origen de ambas causas penales se remonta al operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, bajo jurisdicción de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, área que entonces dependía de la Fiscalía General del Estado a cargo de Jáuregui. Durante el regreso del convoy, una camioneta derrapó en un camino de terracería y cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua, lo que provocó una explosión.

En el accidente murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, señalado como piloto de la unidad; y dos ciudadanos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la CIA.

La FGR sostiene que los dos extranjeros habían acudido en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la AEI antes del operativo.

El abogado José Ramón Flores sostuvo que no hay pruebas contundentes contra Jáuregui

Previo a su ingreso al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, el abogado José Ramón Flores, parte de la defensa de Jáuregui, declaró en un video publicado por el periodista Manuel Espino, de El Universal, que el panorama del caso se mantenía “objetivo” porque no existían “pruebas que sean contundentes para demostrar que nuestro defendido tuviera alguna responsabilidad en todo este caso”.

Flores afirmó que había tenido comunicación con Jáuregui a través de las intervenciones en las audiencias previas y que su cliente se mostraba “muy convencido” de que lo que existía en la carpeta de investigación y lo que la FGR presentó ante el juez no bastaba para establecer una responsabilidad “tan grave o tan delicada como es una traición a la patria”.

Cuestionado sobre el plazo en que se resolvería el caso, el abogado respondió que la dinámica y el tiempo de la audiencia “ya queda en manos del tribunal” y evitó anticipar un resultado concreto. Señaló que su objetivo, al “resolver conforme a derecho”, era obtener una no vinculación a proceso para su cliente.

Jáuregui desconoce el entorno político generado en Chihuahua, según su defensa

Flores reveló que Jáuregui no tenía conocimiento del entorno político y mediático que se generó alrededor de su caso en Chihuahua, debido a que en el penal del Altiplano no se permite el ingreso de medios de comunicación ni información del exterior. “Él no va a saber, obviamente, ¿por qué? Porque no tienen adentro, pues nada, nada de comunicación”, explicó el abogado.

El defensor precisó que, de resultar favorable la resolución del juez, su cliente se enteraría “en días posteriores” de lo ocurrido fuera del penal. Cuestionado sobre si el caso se “contaminaba” con las declaraciones recientes de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, la presidenta Claudia Sheinbaum y la propia FGR, Flores sostuvo que esas versiones surgieron con posterioridad a la formulación de la imputación original.

“Todo esto que está surgiendo a la luz o que está surgiendo en los medios, es algo posterior. Si llegara a suceder algo, sería con posterioridad y en otro asunto. Ahorita en este en particular, no hay nada que esté relacionado de lo que están comentando ahí”, afirmó el abogado.

La defensa descartó tener conocimiento de una tercera carpeta de investigación

Además, Flores negó tener información sobre una nueva carpeta de investigación distinta a las dos ya judicializadas contra Jáuregui: la del fuero común en Chihuahua y la del fuero federal en el Altiplano. “No tenemos otra, otra carpeta”, precisó, pese a que días antes la FGR había confirmado la apertura de una línea de investigación adicional por presuntos actos de corrupción.

Esa línea derivó de una reunión entre la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y la gobernadora Maru Campos, en la que, según un comunicado oficial de la dependencia, la mandataria estatal compartió información sobre presuntos casinos y prestanombres vinculados al exfiscal.

El abogado defensor expresó confianza en la justicia mexicana y en el Estado de derecho, al señalar que la defensa confiaba en que prevaleciera “lo que dice la ley” durante la resolución del caso. “Estamos confiados en que va a ser esa la posición en la que vamos a salir nosotros a defender ahorita el caso, para que se resuelva conforme a derecho”, sostuvo.

La causa federal por traición a la patria, prevista en el Artículo 123 del Código Penal Federal, contempla una pena de cinco a 40 años de prisión.

Jáuregui permaneció bajo prisión preventiva oficiosa en El Altiplano desde la audiencia inicial del 21 de octubre, medida cautelar que, de acuerdo con la defensa, no admitió debate por tratarse de un delito con esa calificación procesal desde el inicio.