Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente de Bolivia, pidió apartar de su cargo a un diputado sancionado por EEUU

La petición, respaldada por el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco, fue enviada al titular de la Cámara, Roberto Castro, después de que Washington incluyera al legislador en una lista de sanciones a 40 ciudadanos

El ex candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga se dirige a sus simpatizantes en La Paz, Bolivia (AP/Juan Karita/Archivo)
El ex candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga se dirige a sus simpatizantes en La Paz, Bolivia (AP/Juan Karita/Archivo)
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El ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga pidió este jueves que el diputado Rafael López sea apartado de la Cámara de Diputados, luego de que Estados Unidos lo incluyera entre 40 ciudadanos de Bolivia alcanzados por restricciones de visado.

Quiroga, líder de la alianza opositora Libre, y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, elevaron la solicitud en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

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“Por la información que se ha conocido hoy del Gobierno norteamericano que confirma versiones y declaraciones que circulaban, escribimos para exigir que se separe de la Cámara de Diputados al diputado Rafael Darío López Mercado”, expresaron en la misiva.

Los dirigentes señalaron que no pueden garantizar que cada legislador de Libre evite incurrir en prácticas que consideraron repudiables, aunque rechazaron que esas conductas afecten a su proyecto político.

“El narcotráfico y la corrupción son cánceres que carcomen” a Bolivia y “socavan las instituciones”, sostuvieron Quiroga y Velasco, quienes reclamaron medidas “drásticas, terminantes” y acciones rápidas.

El gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Juan Pablo Velasco (REUTERS/Ipa Ibanez/Archivo)
El gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Juan Pablo Velasco (REUTERS/Ipa Ibanez/Archivo)

Por su parte, López, que mantiene diferencias con Quiroga, afirmó en sus redes sociales que evalúa “con responsabilidad” la decisión estadounidense y que está dispuesto a aclarar cualquier situación por las vías correspondientes. “Defenderé mi honor, mi trayectoria y mi presunción de inocencia, sin renunciar a mi compromiso con Santa Cruz y con Bolivia”, escribió el diputado. También indicó que no especulará sobre los fundamentos de la medida hasta contar con información oficial completa.

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El Gobierno del presidente Donald Trump anunció restricciones de visado para 40 ciudadanos bolivianos, entre ellos López, el ex fiscal general Juan Lanchipa, que ocupó el cargo entre 2018 y 2024, y Freddy Pereira, antiguo responsable de la lucha antidrogas en el país.

“La Administración Trump respalda al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluso dentro de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo”, afirmó el Departamento de Estado.

La medida se sumó a las restricciones aplicadas el 28 de septiembre contra otros altos cargos y ex funcionarios, incluido el entonces fiscal general Roger Mariaca. Washington lo acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes. La Policía boliviana detuvo a Mariaca dos días después. Más tarde, el Gobierno de Rodrigo Paz lo destituyó y encarceló, bajo la acusación de liderar una organización criminal para proteger al “narcoterrorismo”.

Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia
Roger Mariaca, ex fiscal general de Bolivia (Archivo)

Además, la cartera estadounidense impuso restricciones de visado a 21 ciudadanos colombianos a los que atribuyó actividades de corrupción o narcotráfico que, según indicó, socavan a gobiernos elegidos democráticamente en el hemisferio.

La medida alcanza al ex presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; y al senador Wadith Alberto Manzur. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró los vetos en redes sociales.

También fueron incluidos la diputada Karen Manrique, detenida en Colombia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); los ex senadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita; y el ex diputado José Ignacio Mesa Betancurt.

El Departamento de Estado sostuvo que las personas sancionadas, “mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.

(Con más información de EFE)

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