La Justicia chilena desaforó a un senador y peligra la mayoría del gobierno en la Cámara Alta

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt (1.033 kms al sur de Santiago) acordó por unanimidad este martes el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente-Evópoli), cuyo voto ha sido clave para alcanzar el quórum exacto de 26 legisladores que requiere el gobierno de José Antonio Kast para llevar adelante su agenda legislativa en el Congreso.

Según antecedentes de la investigación, mientras fungía como diputado entre 2018 y 2022, Calisto habría coordinado con su exjefe de campaña, Roland Cárcamo, y la esposa de éste, Carla Graf, el pago de falsas asesorías parlamentarias por servicios que nunca se ejecutaron, razón por la cual es acusado por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones por unos $105 millones de pesos (USD 107 mil), y enfrenta hasta 12 años de cárcel.

El parlamentario ya fue desaforado cuando era diputado, pero al momento de ser elegido senador no contaba con una condena penal firme ni con una pena aflictiva dictada que le impidiera legalmente competir en las urnas, razón por la cual hasta ahora mantenía su cargo, dieta incluida.

Ahora, el Ministerio Público dio por cerrada la investigación y una vez que el desafuero quede firme podrá avanzar con el juicio en su contra, pues esta medida no constituye una condena ni establece responsabilidad penal alguna.

Calisto ha votado en varias instancias a favor de las proyectos de ley del gobierno y su voto en la Cámara Alta respaldando el Plan de Reconstrucción Nacional fue crucial para su aprobación, correlación de fuerzas que ahora está en vilo.

Apelación a la Corte Suprema

Una vez conocida la resolución del tribunal, el senador por la Región de Aysén dijo respetar la decisión del tribunal pero afirmó que llegará hasta las últimas instancias para demostrar su inocencia.

“Hace casi siete años estamos en medio de un proceso a raíz de una denuncia anónima contra una asesora de mi equipo. Hemos pasado elecciones y procesos de desafuero. Tenemos pleno convencimiento de nuestra rectitud y defenderemos nuestra tesis en todas las instancias que nos permita la ley. Está resolución es una etapa y ahora este proceso lo resolverá la Suprema. Evidentemente estamos en una etapa que en ningún caso representa responsabilidad”, señaló Calisto a La Tercera.

Al cierre, sostuvo que “la principal tranquilidad en todo esto es que la gente de Aysén me cree, y yo estoy convencido del trabajo que hemos realizado y, por supuesto, de que hemos hecho las cosas correctamente”, razón por la cual aseguró que espera “se garantice siempre el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley como lo establece nuestra Constitución”.