Ecuador reforzará la seguridad de los jueces que asumirán casos de corrupción y crimen organizado

El Consejo de la Judicatura de Ecuador coordina con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas nuevas medidas de seguridad para proteger a los jueces y las dependencias que conocen procesos relacionados con corrupción y crimen organizado, en medio de las amenazas y hechos violentos que han afectado a operadores de justicia durante 2026.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, mantuvo el 23 de septiembre reuniones con el director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía, general William Villarroel, y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado. En los encuentros también participaron equipos técnicos de las instituciones.

Según la Judicatura, las reuniones estuvieron dirigidas a coordinar mecanismos de “protección integral” para las unidades que tramitan este tipo de procesos, así como para jueces, funcionarios y usuarios. Villarroel comprometió la participación policial y las instituciones acordaron mantener coordinación permanente para implementar y evaluar las medidas.

Delgado, por su parte, ratificó el apoyo de las Fuerzas Armadas. Caicedo aseguró que ya existe personal militar que brinda respaldo a los jueces y señaló que la coordinación con la Policía y los militares busca establecer un frente interinstitucional de protección a la administración de justicia.

Hasta el 24 de septiembre, la Judicatura no había detallado públicamente cuántos uniformados adicionales serán destinados a estas instalaciones ni los protocolos específicos que se aplicarán en cada dependencia.

El esquema tiene como antecedente un convenio firmado el 9 de julio entre la Judicatura y el Ministerio del Interior. El acuerdo, con una vigencia de tres años, contempla la asignación progresiva y focalizada de hasta 200 policías para complejos judiciales, unidades de base, la Corte Nacional de Justicia y otras instalaciones. El despliegue depende de informes técnicos de riesgo y de la disponibilidad operativa policial.

La situación de los funcionarios judiciales ya había encendido las alertas institucionales. Un diagnóstico presentado en junio por la Judicatura determinó que, entre 8.752 servidores judiciales del país, 127 habían recibido amenazas, 23 habían sido víctimas de hechos violentos y apenas 58 contaban con seguridad. Guayas, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos aparecían entre las provincias con mayores riesgos.

La violencia continuó durante los meses siguientes. El 17 de septiembre fue asesinado Ramón Darío Abad Gallardo, juez multicompetente de El Triunfo, mientras circulaba por La Troncal, en Cañar. El magistrado fue perseguido y atacado a tiros. El crimen se sumó a otros asesinatos de personas vinculadas con la administración de justicia registrados durante el año.

El nuevo dispositivo coincide además con la reorganización de la justicia especializada en corrupción y delincuencia organizada aprobada el 7 de septiembre mediante la Resolución 187-2026. La Judicatura modificó la estructura anterior y redistribuyó competencias entre distintas dependencias penales.

El organismo sostiene que la especialización no desapareció y que el cambio amplió de 19 a más de 50 el número de jueces capacitados para conocer estas causas. Como parte de la nueva estructura, las unidades de flagrancia de La Mariscal, en Quito, intervienen en la calificación de flagrancia y formulación de cargos, mientras los expedientes pasan posteriormente a jueces especializados de Iñaquito.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó el 18 de septiembre que la Policía estaba realizando análisis de riesgo a más de 50 jueces vinculados con procesos de delincuencia organizada. Las evaluaciones permiten determinar las necesidades individuales de protección, paralelamente al reforzamiento de la seguridad de los edificios judiciales.

La reorganización ha generado cuestionamientos. Los jueces Karol Zambrano y Renán Andrade acudieron a la Corte Constitucional contra la decisión de la Judicatura. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, también expresó preocupación por los cambios y recordó que las reestructuraciones judiciales deben respetar las garantías de independencia y debido proceso.

Mientras esa controversia continúa, la Judicatura mantiene la coordinación con las fuerzas del orden para definir el despliegue de seguridad en las dependencias encargadas de procesar algunas de las causas penales de mayor riesgo del país.