Guatemala recibió hasta el 22 de septiembre a 3,411 ciudadanos mexicanos retornados desde Estados Unidos, dentro de un mecanismo regional que los traslada de inmediato hacia México. Las personas permanecen como máximo 24 horas en territorio guatemalteco y ninguna solicitó asilo ni se quedó en el país.
El Instituto Guatemalteco de Migración también atendió a 198 personas centroamericanas procedentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua.
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Trece de ellas pidieron protección internacional en Guatemala, principalmente ciudadanos nicaragüenses, según información de la Agencia Guatemalteca de Noticias.
La llegada de los mexicanos ocurre mediante vuelos con deportados desde Estados Unidos, seguidos por un traslado terrestre hacia la frontera mexicana.
El procedimiento se aplica únicamente a mayores de edad sin alertas de seguridad, órdenes de captura ni trámites de asilo abiertos en Estados Unidos.
Un tránsito de hasta 24 horas hacia la frontera mexicana
Los ciudadanos mexicanos llegan al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde el consulado de México verifica su nacionalidad y los entrevista en el centro de recepción de retornados. Después reciben atención médica, información, kits de apoyo y vestuario cuando lo necesitan.
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El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera, explicó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que las autoridades mexicanas reciben a sus ciudadanos una vez que son trasladados por tierra.
El funcionario indicó que el país no registró solicitudes de asilo de mexicanos dentro de este esquema.
La coordinación comienza antes de la llegada de cada vuelo. Rivera afirmó en un comunicado del organismo: “Este mecanismo responde a una coordinación con Estados Unidos para facilitar el tránsito de ciudadanos mexicanos hacia su país de origen. El IGM recibe la información de los vuelos con 48 horas de anticipación y la comparte con la embajada o el consulado de México para la identificación de sus ciudadanos”.
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El mecanismo excluye a unidades familiares, niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Las autoridades revisan además que las personas no tengan alertas internacionales antes de admitir su ingreso temporal.
Rivera sostuvo que la atención busca preservar la dignidad y los derechos de los retornados, cumplir la legislación guatemalteca y coordinar el regreso con los países de origen. Por las características de la medida, aseguró que Guatemala no actúa como tercer país seguro.
Las solicitudes de protección de ciudadanos centroamericanos
Entre los retornados centroamericanos hubo 88 hondureños, 63 salvadoreños y 47 nicaragüenses. El resto de quienes no solicitó asilo fue trasladado hacia su respectivo país de origen.
Las personas pueden pedir protección en Guatemala si presentan allí su primera solicitud de asilo. Sin embargo, el criterio aplicado excluye a quienes mantienen un expediente abierto en Estados Unidos o ya fueron reconocidos como refugiados en ese país.
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Los grupos recibidos están compuestos principalmente por adultos. El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que las restricciones para familias y menores buscan garantizar el respeto de los derechos humanos durante el retorno.
La recepción de deportados se desarrolla mientras Guatemala registra un volumen mayor de retornos de sus propios nacionales. Entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de 2026, el país contabilizó 47.306 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos y México.
El reclamo de Claudia Sheinbaum a Washington
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó que Estados Unidos deporte a ciudadanos mexicanos hacia países de Centroamérica. El Instituto Nacional de Migración informó que más de 2.900 connacionales fueron enviados a Guatemala, Honduras y Costa Rica.
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Durante una conferencia, Sheinbaum expresó la posición de su Gobierno: “No estamos de acuerdo. No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, algún país de Centroamérica. Ninguna razón”.
El titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón, señaló que México comunicó su inconformidad a Washington mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Ambos gobiernos mantienen conversaciones para frenar los traslados a terceros países.
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