La Corte Suprema de Brasil prorrogó de forma indefinida el beneficio de prisión domiciliaria otorgado al ex presidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por cargos de golpismo. La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, encargado del proceso, quien justificó la medida por razones humanitarias debido a la delicada situación de salud del ex mandatario.
“En estos momentos, mantener el arresto domiciliario humanitario es razonable, apropiado y proporcionado”, dictaminó el juez, sin fijar un nuevo plazo para revisar la decisión.
De acuerdo con la sentencia, la defensa de Bolsonaro deberá entregar a la Policía Federal en un plazo de 48 horas diez armas registradas a nombre del exjefe de Estado, entre pistolas, escopetas y carabinas, como condición para mantener el régimen de arresto domiciliario. El beneficio había sido concedido originalmente el 24 de abril por un plazo de 90 días para permitir la recuperación de Bolsonaro tras una bronconeumonía.
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El informe médico presentado ante el Supremo señala que el ex mandatario, de 71 años, presenta comorbilidades y que “el ambiente domiciliario continúa siendo el más indicado para la preservación de su salud y la integral recuperación de la bronconeumonía”. Ante la evolución negativa de su estado clínico, Moraes resolvió no fijar un plazo para la prisión domiciliaria y dispuso que se mantenga “el período que sea necesario para su integral recuperación”.
El magistrado explicó que, dada la fragilidad inmunológica propia de la edad, la recuperación total de la neumonía bilateral puede requerir entre 45 y 90 días en un entorno controlado. Además, aclaró que la Fiscalía no consideró que Bolsonaro hubiera incurrido en una falta grave por poseer una pistola incautada a un miembro de su equipo de seguridad.
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La sentencia también determinó la pérdida del derecho al porte de armas y de los certificados de registro que permitían al expresidente tener diferentes armas en su domicilio, en adición a las restricciones ya impuestas. Antes de acceder a la prisión domiciliaria, Bolsonaro permanecía detenido en dependencias de la Policía Federal y luego en un complejo penitenciario de Brasilia, donde su salud se deterioró y debió recibir atención hospitalaria en varias ocasiones.
El Ministerio Público de Brasil respaldó la continuidad del arresto domiciliario para el ex jefe de Estado y descartó el miércoles pasado que el hallazgo de una pistola en poder de un miembro de su equipo de seguridad justifique modificar el régimen penitenciario. La Fiscalía General fundamentó su posición en el resultado de la investigación de la Policía Civil, la cual no detectó una falta disciplinaria grave y reconoció que Bolsonaro tenía un registro válido para el arma incautada.
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La postura del Ministerio Público se conoció tras la solicitud de Moraes, quien requirió una evaluación luego de que se detectó el arma durante un control de tránsito, cuando el plazo inicial de 90 días de reclusión domiciliaria ya había expirado. La pesquisa policial determinó que la pistola, una Glock 9 mm, pertenecía al ex mandatario y estaba registrada legalmente a su nombre, permitiéndole tenerla en su domicilio durante la detención.
El propio Bolsonaro reconoció la propiedad del arma y argumentó que necesitaba proteger a su familia. La investigación desplazó el foco hacia el guardaespaldas Estácio Leite da Silva Filho, sargento del Ejército, quien resultó imputado por posesión ilegal de armas tras ser interceptado con la pistola en un control policial. Bolsonaro admitió que era su arma y sugirió que “no podía estar desarmado” teniendo “tres mujeres en casa” que proteger.
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El ex mandatario arrastra diversas complicaciones médicas que, según su entorno, se relacionan con la puñalada sufrida durante la campaña electoral de 2018. Entre los trastornos reportados figuran crisis recurrentes de hipo y vómitos, asociados a la neumonía bilateral por broncoaspiración, según el equipo médico que lo asiste.
(Con información Europa Press y EFE)
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