El colectivo Voces Guatemaltecas en el Exilio exige que el Estado convierta el reconocimiento del destierro en un plan de retorno

Voces Guatemaltecas, exilio, retorno, Arévalo y Guatemala quedaron en el centro de una nueva exigencia al Estado: convertir el reconocimiento del destierro forzado en un plan integral de regreso con garantías reales, después de que el gobierno recibiera un informe que atribuye la salida del país a la criminalización y al uso del sistema penal contra quienes eran perseguidos.

El reclamo se apoya en los hallazgos del documento “La verdad del exilio: Ética, criminalización y lucha por la justicia y la democracia en Guatemala (2014-2025)”, entregado al Ejecutivo el 14 de agosto de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura.

El informe reúne 132 testimonios, incluidos los de cerca de 100 personas que siguen fuera del país, y concluye que el 93% de los casos de persecución documentados se concentró durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.

El colectivo remitió una comunicación al Mecanismo de Atención al Exilio Guatemalteco, anunciado por el presidente Bernardo Arévalo. Allí propuso ocho líneas de acción para construir un retorno seguro, digno y voluntario, con instituciones responsables, plazos y recursos definidos.

El punto más delicado de esa propuesta pide abrir canales de coordinación entre el Ministerio Público y el Organismo Judicial para revisar los procesos identificados como casos de criminalización.

El colectivo precisó que esa revisión no busca garantizar impunidad ni anular causas por decisión política, sino establecer con criterios objetivos e independientes si el derecho penal fue usado sin base suficiente o con fines de represalia.

El plan de retorno incluye revisión judicial, protección y reparación

La organización plantea que el regreso de los exiliados debe atender no solo la salida del país, sino también sus efectos personales, familiares, profesionales y sociales. Por eso incluyó garantías de seguridad e integridad, restitución de derechos laborales y profesionales, atención y protección para las familias, apoyo para la reinstalación y acompañamiento psicosocial.

La propuesta también incorpora acceso a verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición y mecanismos de monitoreo nacional e internacional para verificar el cumplimiento de cada medida. En ese marco, el colectivo sostiene que volver no puede reducirse al cruce de una frontera, sino que debe implicar libertad, seguridad y dignidad.

Entre las solicitudes figura además la creación de un canal oficial, seguro y confidencial para que cada persona exiliada pueda conocer su situación jurídica, comunicar necesidades de protección y explorar las condiciones de un eventual retorno sin consecuencias adversas. Ese mecanismo, según el planteo del grupo, permitiría atender caso por caso una situación marcada por la incertidumbre legal.

El comunicado valora la apertura al diálogo mostrada por el gobierno, pero sostiene que el reconocimiento de la realidad del exilio debe traducirse en medidas concretas. Para el colectivo, ese paso exige responsables institucionales, calendarios de ejecución y recursos que hagan efectivos los derechos de las personas afectadas.

El informe atribuye el exilio al uso del sistema penal como herramienta de persecución

El documento recibido por el Ejecutivo fue elaborado bajo la coordinación del médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain y auspiciado por Casa Centroamérica. Según el informe, el exilio no respondió a una estrategia para evadir la justicia, sino a la instrumentalización del sistema penal contra personas perseguidas.

Entre los patrones registrados aparecen detenciones arbitrarias, uso extendido de la prisión preventiva, cancelación sistemática de audiencias, amenazas, violencia digital y campañas de desprestigio. Las personas afectadas provienen de distintos sectores: operadores de justicia, autoridades indígenas, periodistas de investigación, defensores de derechos humanos y militantes del partido Semilla.

El mismo documento señala que el gobierno puede articular respuestas con la Cancillería, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Procuraduría General de la Nación. Pero también expone un límite central: el Ejecutivo no tiene facultades para cancelar órdenes de captura ni cerrar procesos penales, decisiones que dependen exclusivamente del Ministerio Público y de los jueces.

En su comunicación al mecanismo oficial, Voces Guatemaltecas en el Exilio reiteró su disposición a seguir participando en la construcción de soluciones y quedó a la espera de una respuesta formal del Ejecutivo a las propuestas presentadas.