El organismo defensor de los derechos humanos señaló que las denuncias evidencian que las condiciones dentro del sistema penitenciario hondureño continúan representando un desafío para las autoridades, pese a las acciones implementadas en los últimos años para mejorar la administración de los centros penales.
La coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, Guadalupe Silva, explicó que las principales quejas están relacionadas con la falta de acceso a servicios de salud, retrasos en los procesos judiciales y presuntos abusos contra la integridad física y psicológica de los internos.
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Además, indicó que muchos privados de libertad enfrentan dificultades para recibir atención médica oportuna, acceder a medicamentos y obtener respuestas rápidas por parte de las instituciones responsables de garantizar sus derechos fundamentales.
Según Silva, esta problemática persiste en al menos 11 centros penitenciarios del país, situación que se agravó tras los traslados masivos de privados de libertad y el cierre de algunos establecimientos penitenciarios durante 2025.
La funcionaria explicó que estos movimientos provocaron el desarraigo de cientos de personas privadas de libertad, quienes fueron trasladadas a centros alejados de sus lugares de origen, dificultando las visitas familiares, la comunicación con sus abogados y el seguimiento de sus procesos judiciales.
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El Conadeh estima que actualmente existe una sobrepoblación superior a las 3,000 personas privadas de libertad en al menos 11 cárceles del país, entre ellas la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán; los centros penitenciarios de Morocelí y Danlí, en El Paraíso; así como las cárceles de El Progreso y Olanchito, en Yoro.
El organismo considera que el hacinamiento continúa siendo uno de los principales problemas del sistema penitenciario, ya que limita el acceso a servicios básicos, incrementa los riesgos sanitarios y dificulta el desarrollo de programas de rehabilitación y reinserción social.
Otro de los temas que genera preocupación es la situación de las personas privadas de libertad con discapacidad psicosocial, quienes enfrentan dificultades para recibir atención especializada y los medicamentos que necesitan para controlar sus enfermedades.
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De acuerdo con el Conadeh, muchos de estos internos permanecen distribuidos en diferentes módulos de los centros penitenciarios, sin contar con espacios adecuados para su condición ni con un seguimiento médico permanente.
Asimismo, la institución indicó que el sistema de salud continúa presentando deficiencias en el suministro de medicamentos, situación que pone en riesgo la estabilidad física y mental de las personas con enfermedades psiquiátricas o trastornos de salud mental.
Las autoridades defensoras de derechos humanos reiteraron que garantizar el acceso oportuno a tratamientos médicos forma parte de las obligaciones del Estado, independientemente de la condición jurídica de las personas privadas de libertad.
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En cuanto a las cifras oficiales, el Conadeh informó que la población penitenciaria hondureña asciende a 19,297 personas hasta mayo de 2026, distribuidas en distintos centros penales del territorio nacional.
De ese total, 10,443 hombres y 501 mujeres ya cumplen una sentencia condenatoria, mientras que 7,765 hombres y 593 mujeres permanecen en condición de procesados, es decir, aún no cuentan con una sentencia firme emitida por los tribunales de justicia.
Estas cifras reflejan que aproximadamente el 43 % de la población penitenciaria permanece en prisión preventiva, una situación que, según organismos defensores de derechos humanos, evidencia la necesidad de agilizar los procesos judiciales y reducir el uso prolongado de la detención preventiva.
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Especialistas en materia penitenciaria han señalado que reducir el hacinamiento no solo depende de ampliar la infraestructura carcelaria, sino también de fortalecer la administración de justicia, promover medidas alternas para determinados delitos y acelerar la resolución de los expedientes judiciales.
Finalmente, el Conadeh reiteró que continuará realizando inspecciones y dando seguimiento a las denuncias presentadas en los distintos centros penitenciarios, con el objetivo de verificar las condiciones de detención y promover el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras.
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