Uno de cada tres alcaldes y prefectos de Ecuador registra saltos patrimoniales inusuales

El patrimonio de decenas de alcaldes y prefectos ecuatorianos registró variaciones inusuales durante los primeros años de gestión, según una investigación desarrollada por 13 periodistas de Spondylus Info Lab en alianza con Fundamedios y respaldada por una beca de producción periodística del Pulitzer Center. El análisis revisó las declaraciones patrimoniales juradas de 248 autoridades subnacionales: 225 alcaldes y 23 prefectos, y encontró 79 casos con incrementos, disminuciones o fluctuaciones consideradas atípicas.

Los datos provienen de registros públicos de la Contraloría General del Estado y muestran que aproximadamente uno de cada tres alcaldes y prefectos reportó cambios patrimoniales significativos desde que asumió funciones en mayo de 2023. Las variaciones incluyen incrementos millonarios en apenas un año, adquisiciones de propiedades, vehículos y maquinaria, así como reducciones patrimoniales de gran magnitud.

El caso más llamativo corresponde al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, quien pasó de declarar un patrimonio de USD 1,4 millones en 2023 a más de USD 4,3 millones en 2024. Aunque en 2025 el monto disminuyó ligeramente hasta los USD 4,2 millones, la cifra se mantuvo casi tres veces por encima de la reportada al inicio de su administración. Villacís fue detenido a inicios de junio en una investigación por presunto lavado de activos y actualmente permanece separado de sus funciones.

Otros incrementos destacados aparecen en alcaldías de Manabí. Norberto Vélez, alcalde de Rocafuerte, reportó un aumento superior a USD 330.000 entre 2023 y 2024, mientras que Ledy Muñoz, alcaldesa de Calceta, en Bolívar, registró un crecimiento patrimonial superior a USD 274.000 en el mismo período. Ambos atribuyeron las variaciones a factores relacionados con la valorización de activos y actividades económicas previas a su llegada al cargo.

La investigación también identificó casos de crecimiento patrimonial progresivo. El alcalde de Naranjito, Cristian Suárez, declaró patrimonio cero al inicio de su gestión, pero en dos años reportó bienes por más de USD 637.000, incluyendo viviendas y vehículos. De igual forma, el alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, incrementó su patrimonio en casi USD 700.000 durante el segundo año de administración, llegando a registrar 27 propiedades entre terrenos, fincas y viviendas.

Entre los prefectos destacan las variaciones observadas en Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Los Ríos. La prefecta Lourdes Tibán reportó un aumento superior a USD 262.000 entre 2024 y 2025. En Los Ríos, Jhonny Terán pasó de declarar USD 1,06 millones al inicio de su gestión a casi USD 3 millones en 2025. Mientras tanto, el prefecto de El Oro, Clemente Bravo, registró una trayectoria marcada por fuertes fluctuaciones: alcanzó un patrimonio superior a USD 5,7 millones en 2023 y posteriormente reportó poco más de USD 1,3 millones en su declaración más reciente.

En contraste, algunas autoridades registraron reducciones patrimoniales importantes. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reportó una disminución de aproximadamente USD 1,8 millones durante el primer año de gestión, aunque posteriormente recuperó gran parte de ese valor. Álvarez enfrenta actualmente procesos judiciales relacionados con los casos Triple A y Goleada. Otro caso es el del alcalde de Echeandía, Carlos Viscarra, cuyo patrimonio disminuyó en más de USD 1,3 millones entre 2023 y 2024.

Además de las declaraciones patrimoniales, la investigación examinó la actividad empresarial de las autoridades locales. De las 248 analizadas, 68 mantienen acciones o participaciones en compañías activas registradas en la Superintendencia de Compañías. Asimismo, 29 continúan figurando como administradores de empresas mientras ejercen funciones públicas.

El estudio también revisó antecedentes judiciales y encontró que cerca de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado vinculada a procesos judiciales en algún momento, aunque muchos de ellos fueron archivados. Actualmente, tres alcaldes se encuentran detenidos por investigaciones relacionadas con presuntos delitos como peculado, delincuencia organizada o lavado de activos, mientras otro enfrenta un proceso penal que avanzó a la etapa de juicio.

Para el politólogo Pablo Medina, consultado en el marco de la investigación, las variaciones patrimoniales pueden tener explicaciones legítimas, como errores en las declaraciones, revalorización de bienes, herencias o rendimientos empresariales. Sin embargo, advirtió que las declaraciones patrimoniales constituyen una herramienta fundamental de control ciudadano y prevención de la corrupción. En la misma línea, el abogado Mario Herrera sostuvo que la Contraloría debería implementar sistemas de alerta temprana que permitan detectar automáticamente movimientos patrimoniales inusuales y verificar su origen.