Ecuador: orden de aprehender a Bucaram para destrabar un juicio que lleva seis años sin sentencia

La Justicia ecuatoriana ordenó aprehender al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz cuando reciba el alta médica, después de que su ausencia impidiera por sexta ocasión que un tribunal anunciara la resolución del juicio por la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 durante la pandemia.

La medida fue adoptada la noche del 3 de septiembre por el Tribunal de Garantías Penales encargado de la causa. Los jueces también dispusieron que el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional mantenga vigilancia permanente en la clínica de Guayaquil donde, según la familia y los abogados del exmandatario, permanece internado tras una intervención cardíaca.

La aprehensión no responde a una condena ni supone que Bucaram haya sido declarado culpable. Su propósito es garantizar que comparezca ante el tribunal para escuchar la decisión de primera instancia. Hasta el 4 de septiembre no existía confirmación oficial de que hubiera abandonado la casa de salud o de que la Policía hubiera ejecutado la orden.

Bucaram, quien gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, es procesado junto con su hijo Jacobo, el ciudadano israelí Oren Sheinman y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones. Los cuatro enfrentan una acusación por delincuencia organizada y conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

La fiscal Lidia Sarabia cuestionó la reiteración de las suspensiones y solicitó que se investiguen las circunstancias que han impedido concluir el proceso. En las últimas convocatorias, agentes policiales acudieron al centro médico para comprobar la presencia y el estado de Bucaram, pero informaron que no obtuvieron las facilidades necesarias para verificar directamente su situación.

La familia sostiene que el expresidente fue sometido a una operación de emergencia por un problema cardíaco el 26 de agosto. Su esposa, María Rosa Pulley, difundió fotografías del procedimiento y denunció lo que considera una persecución contra Bucaram y su entorno. Uno de sus hijos aseguró posteriormente que entregó a un agente la factura de ingreso y documentación clínica para demostrar la hospitalización.

El expediente se remonta a agosto de 2020, cuando Ecuador atravesaba una de las etapas más críticas de la emergencia sanitaria. Según la Fiscalía, los acusados colaboraron con una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de 21.000 pruebas rápidas, mascarillas, lancetas y otros insumos médicos.

La teoría fiscal señala que la organización utilizó vehículos, servidores y recursos de la Agencia Metropolitana de Tránsito para transportar la mercadería entre varias provincias. Algunos de sus integrantes habrían empleado uniformes y falsas identificaciones para presentarse como miembros del cuerpo diplomático o de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

La acusación atribuye a Berrones y Sheinman una participación directa en la estructura. Abdalá y Jacobo Bucaram son señalados como colaboradores. Parte de los insumos habría sido almacenada en la vivienda del expresidente en Guayaquil, mientras que su hijo habría entregado USD 321.600 en efectivo como pago por la mercadería.

Esta última afirmación se sustenta, entre otros elementos, en la versión proporcionada por Shy Dahan, ciudadano israelí que fue asesinado en agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral. Durante el juzgamiento, la Fiscalía presentó alrededor de 50 testimonios de peritos y testigos, documentos, registros audiovisuales y evidencias recuperadas de dispositivos electrónicos.

La audiencia de juicio consiguió instalarse el 11 de abril de 2025, después de más de diez diferimientos. El procedimiento se desarrolló durante aproximadamente veinte jornadas no consecutivas y el tribunal entró posteriormente en deliberación.

El primer intento de anunciar el fallo ocurrió el 2 de julio de 2026, pero fue diferido a pedido de la defensa de Bucaram. La audiencia del 3 de agosto no se instaló por la ausencia del juez ponente, Gandhy Cervantes. Cuatro días después faltaron el abogado de uno de los acusados y la traductora de Sheinman, quienes fueron multados.

Las convocatorias del 26 y 31 de agosto volvieron a fracasar por la hospitalización del exmandatario. En el sexto intento, realizado el 3 de septiembre, los jueces endurecieron las medidas para impedir una nueva postergación.

La demora llevó al Consejo de la Judicatura a abrir un sumario disciplinario contra el juez Cervantes para establecer si cometió alguna infracción en la fase final del proceso. La Fiscalía también alertó sobre un eventual riesgo de prescripción por el tiempo transcurrido desde los hechos, aunque esa posibilidad deberá ser evaluada y declarada judicialmente.

El tribunal deberá convocar nuevamente a los procesados para comunicar su resolución. El fallo que adopte podrá ser apelado tanto por las defensas como por la Fiscalía.