El Defensor del Pueblo de Bolivia exigió una investigación transparente por las explosiones en un cuartel militar

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, exigió este sábado una investigación pronta, transparente e imparcial por las dos explosiones ocurridas en un regimiento militar de Bolivia, que dejó al menos tres muertos, 14 desaparecidos y 81 heridos en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. Las autoridades mantenían la búsqueda de las personas no localizadas y avanzaban con las primeras actuaciones judiciales y administrativas tras la emergencia.

El reclamo fue formulado un día después de las detonaciones registradas en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 Bolívar, situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz. El funcionario expresó sus condolencias a las familias afectadas y pidió que el esclarecimiento del caso permitiera establecer las causas exactas del suceso, precisar responsabilidades y adoptar medidas para evitar que una tragedia de este tipo volviera a ocurrir.

Callisaya sostuvo que la Defensoría del Pueblo mantenía un seguimiento permanente sobre el estado de los heridos para resguardar su derecho a recibir atención médica oportuna y digna. También reclamó información inmediata y clara para los familiares de las personas desaparecidas, al señalar que la certeza sobre su situación constituía un derecho fundamental en medio de la emergencia.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde dentro de las instalaciones del regimiento Bolívar, donde se registraron dos detonaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que la primera explosión habría estado vinculada con pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar.

Según la explicación oficial, después se produjo una segunda explosión de mayor magnitud. En esa instancia, las autoridades evitaron adelantar una hipótesis definitiva sobre el material involucrado y señalaron que esa determinación quedaba en manos de equipos especializados y de la investigación abierta tras el siniestro. La onda expansiva también alcanzó viviendas cercanas al cuartel y obligó a desplegar medidas de resguardo en la zona.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, manifestó su solidaridad con los familiares de los fallecidos, con las personas heridas y con los vecinos afectados por las explosiones. Al mismo tiempo, informó que instruyó una investigación minuciosa, técnica y transparente para establecer con claridad lo sucedido, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades correspondientes.

Paz indicó que la prioridad inmediata del Estado era proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atravesaban horas de incertidumbre. En esa misma línea, el Ministerio de Defensa activó mecanismos de emergencia, seguridad, evacuación, atención médica y resguardo del área en coordinación con otras instituciones.

En paralelo a las decisiones del Ejecutivo, la Fiscalía Departamental de La Paz inició una causa de oficio por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, confirmó la apertura del expediente para esclarecer la secuencia de los hechos y definir eventuales responsabilidades penales.

(Con información de EFE)