Lula da Silva pidió una investigación transparente sobre el caso Banco Master que desató una crisis en la Corte Suprema de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó el jueves al Supremo Tribunal Federal que asegure la integridad de las investigaciones sobre el millonario fraude bancario atribuido al banco Master, un caso que abrió una crisis institucional y salpicó al magistrado Alexandre de Moraes.

“Ante la gravedad del momento, el pueblo brasileño espera que el presidente de la Suprema Corte y la Fiscalía lideren un proceso que garantice la integridad y la confianza en las investigaciones”, afirmó Lula en un video publicado en sus redes sociales.

El mandatario se pronunció por primera vez sobre la crisis en la máxima corte después de que De Moraes solicitara una investigación contra el magistrado André Mendonça, quien analiza las denuncias de corrupción relacionadas con el fraude bancario. El juez de la Corte Suprema pidió a la presidencia del tribunal que abra un proceso contra Mendonça, que autorizó la difusión de mensajes enviados por el banquero encarcelado Daniel Vorcaro a distintas autoridades, y acusó a su colega de falta de probidad administrativa, abuso de autoridad y delito de responsabilidad.

La solicitud se produjo después de que Mendonça divulgara una investigación de la Policía Federal sobre mensajes que Vorcaro envió a un teléfono que, de acuerdo con los investigadores, pertenece a De Moraes.

Lula sostuvo que el caso del banco Master representa “el mayor robo en la historia de Brasil” y afirmó que afectó a miles de personas. “El banquero, líder de la organización, tiene relaciones con mucha gente poderosa”, declaró el presidente sobre Vorcaro, al mencionar las “sospechas de políticos y agentes públicos involucrados” en el fraude.

“Es fundamental que se investigue a todo el mundo, sin que se blinde a nadie, duela a quien le duela. El pueblo brasileño tiene el derecho a saber la verdad”, afirmó Lula, que buscará la reelección en los comicios presidenciales de octubre. El mandatario sostuvo que las instituciones deben actuar con firmeza y transparencia. “La democracia necesita de instituciones fuertes y respetadas. Quedó claro que nuestros sistemas político y judicial necesitan de reformas profundas”, agregó.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anunció el miércoles que evaluará los indicios contra De Moraes, al considerar que “los elementos fácticos” son “graves”. Si Fachin autoriza la continuidad del procedimiento, el pleno del Supremo Tribunal Federal deberá analizar las acusaciones. Ese órgano es el único facultado para aprobar la apertura de una investigación contra un miembro de la máxima corte.

Entre los mensajes difundidos, Vorcaro pidió la “protección” del fiscal general, Paulo Gonet, y del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Días antes de su detención, también consultó si debía abandonar el país.

La Policía Federal sostiene además que De Moraes modificó un contrato de prestación de servicios por 131 millones de reales, equivalentes a 25,5 millones de dólares o 22 millones de euros, entre el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el banco Master.

La presión sobre el magistrado Alexandre de Moraes también aumentó desde los principales diarios de Brasil, que reclamaron su renuncia tras las acusaciones relacionadas con el fraude bancario del banco Master. Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo publicaron editoriales en los que cuestionaron la continuidad de De Moraes en el Supremo Tribunal Federal. El juez es conocido por supervisar el proceso que derivó en la condena del ex presidente Jair Bolsonaro por golpismo.

“Ya no hay lugar en el Supremo para Alexandre de Moraes. Si el magistrado no renuncia, corresponderá al Senado, mediante un proceso de destitución, librar al tribunal de esta carga”, afirmó Folha de S. Paulo.

O Estado de S. Paulo aludió a los contactos atribuidos al banquero Daniel Vorcaro con el magistrado y al contrato entre el banco Master y el estudio jurídico de la esposa de De Moraes.

“Un investigado por fraudes multimillonarios buscaba en un magistrado información, orientación e intervención sobre actuaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía General, mientras su banco pagaba sumas exorbitantes al despacho de abogados de su familia, un contrato que lleva la firma del propio Moraes”, resumió el diario.

(Con información de EFE)