La ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano, y la vecina El Alto amanecieron paralizadas el miércoles debido a una huelga del transporte público en protesta por la mala calidad de la gasolina y el retraso en el pago de resarcimientos a quienes denunciaron daños en sus vehículos.
El presidente boliviano Rodrigo Paz, en el cargo desde hace cuatro meses, enfrenta este paro contundente tras las protestas de enero por el aumento del precio de los combustibles, una de sus primeras medidas del plan anticrisis.
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La protesta se extendió hasta la noche, y los dirigentes del transporte anunciaron que continuará de forma indefinida tras rechazar el llamado al diálogo por parte del Gobierno. Dada la respuesta obtenida, las autoridades señalaron que la medida tiene un trasfondo político.
“Rodrigo Paz, queremos gasolina de calidad”, decía un cartel pegado en un autobús de mediano tamaño que circulaba por La Paz, mientras otros conductores bloqueaban calles en la ciudad, donde también se encuentra el Poder Legislativo. “¡Basta de combustible basura, corruptos!”, escribió otro transportista en el cartel que llevó al paro.
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Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, declaró que continúan las denuncias sobre autobuses dañados. “No hay una garantía donde se pueda decir que la gasolina es de calidad en este momento”.
Escalante sostuvo que el gremio busca una reunión con Paz y reclamó el cumplimiento inmediato de los resarcimientos prometidos por el gobierno.
El transporte público de La Paz es uno de los más importantes del país y lidera la presión por una compensación, aunque el daño se reportó también en vehículos privados. Los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) indicaron que sus automóviles también resultaron afectados por la mala calidad del combustible.
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Ante la paralización del transporte público, los bolivianos recurrieron al teleférico como alternativa, lo que generó largas filas en las diferentes estaciones del sistema.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició a principios de marzo el registro digital de vehículos afectados por gasolina de mala calidad, con el objetivo de resarcir a los conductores perjudicados.
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La petrolera informó sobre la desvinculación de más de 400 funcionarios, vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS), por perjudicar las operaciones de la compañía.
YPFB anunció el pago de un seguro de aproximadamente 215.000 dólares en beneficio de más de mil personas en una primera etapa. El presidente de la empresa, Yuseff Akly, explicó que otras 4.000 personas complementaron sus solicitudes y 14.000 iniciaron el proceso de compensación.
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La compañía, que ha iniciado una investigación, denunció un sabotaje sin identificar a los autores y atribuyó el problema a restos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.
El analista y ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señaló a la agencia Associated Press que la petrolera importó gasolina sin cumplir con las especificaciones de calidad requeridas.
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Bolivia importa el 86% del diésel y el 54% de la gasolina que consume. Ríos advirtió que el aumento del precio internacional del petróleo, provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, obliga al gobierno a comprar combustible más caro y venderlo a un precio fijo, lo que genera pérdidas para el Estado.
En diciembre, el presidente Rodrigo Paz casi duplicó el precio de la gasolina, una medida que permitió eliminar las largas filas en las gasolineras que se registraban el año pasado. La población aceptó la decisión en el contexto de una campaña del gobierno para enfrentar la peor crisis económica en cuatro décadas.
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(Con información de Associated Press)
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