La Audiencia Nacional excarceló este lunes al excoronel Inocente Orlando Montano Morales, de 84 años, condenado en España por la masacre de los jesuitas en El Salvador, según informó la agencia EFE.
La decisión se conoció mientras el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador mantiene programado para el 14 de octubre de 2026 el juicio en ese país por el mismo caso.
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La resolución, fechada el 14 de agosto y adelantada por El Confidencial, fue firmada por el magistrado de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro a propuesta de la prisión de Estremera, en Madrid, que en marzo elevó la solicitud de excarcelación. La Fiscalía no se opuso.
La enfermedad que abrió la puerta de la cárcel
El auto describe un cuadro clínico sin retorno: enfermedad renal avanzada, “declive cognitivo elevado con presencia de delirios” y dependencia total para las actividades cotidianas. El Instituto de Medicina Legal confirmó que Montano necesita “ayuda total para todas las actividades básicas de la vida diaria”.
El juez Castro argumentó que “el medio penitenciario no es el adecuado para el seguimiento y control de la enfermedad” y basó la decisión en criterios de “humanidad y dignidad personal”.
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La legislación penitenciaria española permite esta medida cuando el recluso supera los 70 años y padece una dolencia grave e incurable, sin necesidad de que se encuentre en fase terminal.
Montano quedará bajo la custodia de la ONG Basida en una residencia para enfermos terminales en Aranjuez, con la condición de que continúe tratamiento médico.
Sale sin haber cumplido la mitad de su condena efectiva: los 30 años de prisión máxima que fijó el tribunal habrían vencido en 2045, y la mitad se habría alcanzado recién en 2030.
Quién es Montano y qué hizo
Inocente Montano fue el único alto mando militar salvadoreño juzgado y condenado en España por la matanza de la Universidad Centroamericana (UCA), perpetrada la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989.
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Esa madrugada, un comando del Batallón Atlacatl asesinó a seis sacerdotes jesuitas y a dos mujeres en plena ofensiva guerrillera, en uno de los episodios más cruentos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
En 2020, la Audiencia Nacional lo condenó a 133 años y cuatro meses por cinco delitos de asesinato de carácter terrorista: los de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno.
El Tribunal Supremo ratificó la condena y calificó los hechos de “crimen de Estado”.
El tribunal también le atribuyó los asesinatos del jesuita salvadoreño Joaquín López, de la cocinera Julia Elba Ramos y de su hija Celina, de 15 años, pero no pudo condenarlo por esos tres casos: Estados Unidos lo había extraditado a España en 2017 sin autorizar la entrega por esas víctimas.
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El juicio en El Salvador, postergado y sin Cristiani
Mientras Montano sale de prisión en España, el proceso en su país de origen enfrenta sus propios obstáculos. El juicio contra 11 acusados —entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani y nueve exmilitares— estaba fijado para el 20 de julio de 2026, pero el Tribunal Cuarto de Sentencia lo postergó al 14 de octubre.
El motivo: España no respondió a la solicitud de auxilio judicial internacional para que Montano compareciera por videoconferencia.
La situación de Cristiani es más delicada para la justicia. Interpol eliminó su alerta roja internacional tras un análisis de su Comisión de Control de Ficheros, lo que deja sin ese mecanismo su búsqueda y localización.
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El expresidente, acusado de ser el autor mediato intelectual de la masacre, permanece en paradero desconocido.
En mayo de 2026, el tribunal salvadoreño rechazó el argumento de la defensa de Cristiani, que pedía cerrar el caso con el argumento de que ya había sido investigado en España. La respuesta del tribunal fue que las decisiones del juzgado madrileño “no son resoluciones de fondo” y “no producen efecto de cosa juzgada”.
Una condena que tardó más de tres décadas
La sentencia española de 2020 llegó 31 años después de la matanza y estableció como hecho probado que los asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados” por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
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Ese órgano incluía tanto a Montano, entonces viceministro de Seguridad Pública, como al propio Cristiani, a quien El Salvador se negó a entregar a España.
Antes de dictar la libertad condicional, la Audiencia Nacional intentó contactar a los familiares de las víctimas en virtud del Estatuto de la Víctima. No lo consiguió: algunas ya habían fallecido y a otras no fue posible localizarlas.
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