Crisis educativa en Perú: Defensoría del Pueblo alerta graves fallas en colegios públicos por falta de presupuesto, materiales y docentes

El inicio del año escolar 2026 expone fallas en el sistema educativo público peruano que afectan directamente a miles de estudiantes. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte sobre problemas en infraestructura, acceso a materiales y disponibilidad de docentes, tras una supervisión nacional realizada en cientos de colegios.

La revisión incluyó 550 instituciones educativas públicas y permitió identificar limitaciones que comprometen el desarrollo normal de las clases. Los resultados reflejan brechas persistentes en condiciones básicas que el Estado debe garantizar para asegurar el derecho a la educación.

El documento también plantea exigencias concretas al Ministerio de Educación (Minedu) y a otras instancias del sistema educativo, con el objetivo de corregir de inmediato las deficiencias detectadas en distintas regiones del país.

Falta de presupuesto y mantenimiento en colegios

Uno de los principales hallazgos corresponde a la ausencia de recursos para el mantenimiento de infraestructura. Según la Defensoría del Pueblo, 185 colegios, equivalentes al 33,6 % de la muestra, no recibieron presupuesto para ejecutar trabajos básicos en sus instalaciones.

En las instituciones que sí lograron realizar intervenciones, los problemas evidencian deficiencias estructurales. De las 330 escuelas que reportaron acciones de mantenimiento, el 71,8 % priorizó la reparación de servicios higiénicos, mientras que el 63,6 % intervino sistemas eléctricos. Estos datos reflejan riesgos en salubridad y seguridad dentro de los espacios educativos.

El informe señala que estas condiciones afectan directamente la permanencia de los estudiantes y el desarrollo de actividades escolares en ambientes adecuados.

Carencias en materiales educativos

La supervisión también identificó limitaciones en la entrega de recursos pedagógicos. Un total de 246 instituciones, lo que representa el 45 % de los colegios visitados, reportó problemas en la dotación de materiales educativos.

La Defensoría del Pueblo advirtió que esta situación limita el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente en zonas con menos acceso a recursos complementarios.

Déficit docente y ausencias injustificadas

Otro aspecto crítico se relaciona con la disponibilidad de docentes. El informe registró la existencia de 30 plazas sin cubrir en las instituciones evaluadas, lo que implica aulas sin profesores asignados.

A esto se suma la ausencia de personal docente en 72 colegios durante el horario escolar. En varios casos, estas inasistencias respondieron a motivos personales sin sustento documentado, según la información recogida en campo.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo solicitó a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) la aplicación de medidas administrativas y disciplinarias frente a estas faltas.

El organismo también pidió priorizar a las regiones en estado de emergencia por lluvias y huaicos, donde las condiciones afectan con mayor intensidad el funcionamiento del sistema educativo.

Asimismo, solicitó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) enfocar su fiscalización técnica en instalaciones sanitarias y eléctricas, debido a los riesgos detectados durante la supervisión.

Caso crítico en Loreto evidencia la problemática nacional

Dentro del panorama descrito, uno de los casos más preocupantes se ubica en la región Loreto. La Institución Educativa N.° 60793 “Túpac Amaru” fue declarada inhabitable, sin que exista hasta el momento una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Padres de familia y docentes de esta comunidad exigieron condiciones mínimas para garantizar el acceso a clases, incluyendo espacios seguros, aulas temporales y la construcción de una nueva infraestructura.

La situación en este colegio refleja una problemática extendida en el país. Según la información recogida, múltiples instituciones educativas operan en condiciones precarias, con infraestructura deteriorada y servicios básicos limitados.

La Defensoría del Pueblo indicó que estas deficiencias vulneran el derecho de niños y adolescentes a recibir educación en condiciones adecuadas y seguras, lo que obliga a una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes.