Tras dos años de gestión, las cifras del gobierno de Noboa en Ecuador y un dato sensible: los asesinatos

El presidente Daniel Noboa cumplió el 23 de noviembre dos años desde que asumió la jefatura del Estado para completar el periodo que dejó inconcluso Guillermo Lasso. Un año y medio después, el 24 de mayo de 2025, Noboa fue posesionado nuevamente, esta vez para un mandato completo. En ese contexto, el mandatario difundió un mensaje en el que aseguró: “Este es un Gobierno, un Presidente, que no descansará hasta que en el país haya justicia y dignidad”, acompañado de una tabla comparativa con decenas de indicadores económicos, sociales y de seguridad. Sin embargo, el reporte oficial omitió el dato más sensible de la crisis que atraviesa Ecuador: los asesinatos.

Según un análisis estadístico elaborado por Primicias con información del Ministerio del Interior, entre el 23 de noviembre de 2023, fecha en que Noboa inició su administración transitoria, y el 31 de octubre de 2025, en el país se registraron 15.561 asesinatos, un promedio de 22 por día, equivalente a un homicidio cada 66 minutos . Este periodo incluye episodios críticos como el 1 de enero de 2024, cuando se contabilizaron 64 muertes violentas en 24 horas, y meses como mayo de 2025, que llegó a convertirse en el más violento de la historia del país con 934 crímenes.

El incremento de homicidios está ausente en el balance difundido por el Gobierno. La tabla compartida por el presidente destaca un descenso en el riesgo país, que cayó de 1.915 puntos en noviembre de 2023 a 677 en noviembre de 2025; un aumento de las reservas internacionales de USD 5.658 millones a USD 9.406 millones; y una reducción de la inflación anual de 1,93% a 1,24%. También resalta un aumento considerable en los registros de empleo adecuado, la reinserción escolar y el número de contratos laborales, así como variaciones positivas en exportaciones, créditos productivos y crecimiento sectorial, según el Boletín 192 de la Presidencia.

La tabla incluye otro elemento: el salto de 22.982 a 430.114 en “programas de becas y ayudas económicas”. No obstante, este indicador no puede ser verificado de manera independiente. El 10 de octubre, el Ministerio de Transporte e Infraestructura emitió instructivos que declararon confidencial la información sobre beneficiarios del programa Jóvenes en Acción y sobre el mecanismo de compensación a transportistas, activado tras el alza del diésel a USD 2,80.

La normativa señala que los datos y documentación del proceso “son de carácter confidencial” y que su divulgación o intento de acceso no autorizado constituye una falta grave. Esto impide contrastar, por fuera de las cifras oficiales, el alcance real de estas políticas sociales.

En materia de seguridad, el balance difundido por la Presidencia pone el foco en detenciones, decomisos e incautaciones, en lugar del aumento de homicidios. De acuerdo con el Boletín 192, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se capturó a 31 objetivos de alto valor y a 294 de valor intermedio, mientras que la incautación de droga sumó 513 toneladas, más del doble del total reportado antes del inicio del actual gobierno.

Además, el Ejecutivo destaca haber reducido los cruces irregulares de ecuatorianos por el Darién de 57.520 a 119 casos, haber incrementado los programas de incentivos sociales y haber ampliado la cobertura del “Bono 1.000 días”.

Aunque el Gobierno considera estos indicadores una muestra de avance, el panorama de violencia plantea un contraste. Los estudios publicados registran que Ecuador podría cerrar 2025 con una tasa de homicidios de al menos 50 por cada 100.000 habitantes si se mantiene la tendencia observada entre enero y octubre, lo que convertiría al país en uno de los más violentos de la región.

En estos dos años, la administración Noboa ha sostenido su apuesta por la militarización, los estados de excepción y la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024. Si bien esas medidas generaron una caída temporal en los homicidios durante las semanas posteriores a la intervención militar, el repunte posterior reveló las limitaciones estructurales para contener el narcotráfico y las disputas territoriales entre bandas.

En su mensaje, el presidente insistió en que su administración “no descansará” hasta garantizar justicia y dignidad. Pero el balance de dos años muestra una doble lectura: mientras el Ejecutivo exhibe estabilidad macroeconómica y avances administrativos, el país continúa enfrentando niveles de violencia sin precedentes y persisten áreas donde la información oficial está blindada por reserva, lo que dificulta contrastar la efectividad real de las políticas sociales.