
En una verdadera bola de nieve se ha convertido el escándalo de las licencias médicas en Chile. En mayo, la Contraloría General de la República (CGR) informó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero estando con reposo legal. Este martes, un nuevo informe reveló que alrededor de 13 mil estatales fueron a jugar al casino mientras se encontraban con licencia, asunto que causó el repudio de parlamentarios de izquierda y derecha, quienes pidieron las máximas sanciones.
De acuerdo al estudio, realizado con cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), entre 2023 y 2024 un total de 13.286 trabajadores visitaron dichas casas de juegos, mientras que 1.486 de ellos están también en la lista de mayo pasado.
Muchos de ellos asistieron más de una vez a diversos casinos a lo largo de todo Chile, debido a lo cual el numero de visitas sube a 14.923, siendo los casinos de la región de O’Higgins los que presentaron mayores visitas (3.376 ingresos, 23%), seguidos por los casinos de la región del Bío Bío (2.180 ingresos, 15%); Valparaíso (2.162 ingresos, 14%); Los Lagos (1.454 ingresos, 10%) y La Araucanía (1.125 ingresos, un 7% del total).
Los 13.286 funcionarios pidieron en total 14.599 permisos médicos, siendo los municipios de todo el país los que presentan la mayor cantidad de casos (30%), seguidos por los hospitales y otros centros de salud públicos (29%).
Debido a esto, la CGR ya se encuentra notificando a los diversos organismos afectados a fin de que realicen los sumarios correspondientes, mientras que los datos de todos los estatales involucrados será enviados al Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin, encargada de pagar dichas licencias) y la Suseso.

Sanciones ejemplares
La noticia causó repudio entre los diputados de oficialismo y oposición, y uno de los primeros en salir al ruedo fue Héctor Ulloa, jefe de bancada PPD-Independientes, quien señaló que “esto no puede quedar impune” y exigió que se realicen “los sumarios correspondientes para que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado investiguen con severidad estos casos de fraude al fisco”.
“Tenemos que terminar con este verdadero tráfico de licencias médicas truchas, que no solo ocurre en el sector público, sino que también en el sector privado”, dijo taxativo, según consignó BioBíoChile.
En la misma línea, el diputado radical Tomás Lagomarsino sostuvo que “hay que ponerle el cascabel al gato. Esperamos que las instituciones funcionen. Y desde la Comisión de Salud de la Cámara vamos a hacer esfuerzos y requerir tomar conocimiento de esto, así como lo hicimos con la contralora en su primera oportunidad, para tomar medidas fuertes y contundentes en contra de estos fraudes”, agregó.
Sus palabras fueron refrendadas por la diputada Sofía Cid (RN), quien sostuvo que “si más de 13 mil funcionarios pudieron faltar a su trabajo con licencia médica —y aun así tener tiempo y energía para ir al casino—, la señal es clara: algo está profundamente roto en la ética del aparato estatal”.
“No se trata solo de sancionar a unos pocos, se trata de recuperar la seriedad y el compromiso que el Estado le debe a la gente. En regiones como Atacama, donde sobran las urgencias y faltan soluciones, este tipo de abusos son una bofetada”, complementó.
Al cierre, el diputado socialcristiano Roberto Arroyo, recalcó que “no puede ser que durante una licencia médica, que debe ser para la recuperación de la salud, se termine asistiendo a actividades recreativas como casinos”.
“Corresponde ahora es una revisión profunda de los protocolos, cruzar datos de forma más eficiente y establecer sanciones claras para quienes abusan de estos permisos: cuidar los recursos del Estado también implica actuar con responsabilidad y probidad desde todos los sectores”, remató el parlamentario.
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