
Luego de que se descubriera una red de que enviaba toneladas de aceite de soya de Argentina a Bolivia a través de un sistema de mangueras clandestinas, dos instituciones bolivianas de comercio exterior pidieron investigar el caso para sancionar a los responsables locales de la red y mejorar las condiciones para la importación legal de mercadería.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, sostuvo que las autoridades bolivianas deben dar con los implicados que operaban en lado boliviano, requisar el producto y establecer sanciones. “Definitivamente, eso sería una poderosa señal hacia los contrabandistas, al margen de reforzar el control fronterizo”, declaró para Infobae.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Cadex), Oswaldo Barriga, indicó que este delito afecta directamente al sector exportador de Bolivia y exigió al Gobierno encarar acciones para una resolver el problema del contrabando de manera estructural y sostenible. “Lo que se tiene que hacer es cambiar el modelo económico que es el que está causando este tipo de desórdenes. No se trata de controlar, se trata de crear las condiciones económicas necesarias para que no haya incentivos de caer en el contrabando”, manifestó citado por el canal Unitel.
Hasta la publicación de esta nota, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando de Bolivia no se había manifestado públicamente sobre el hallazgo de la red de contrabando.

Según la investigación que se desarrolla en Argentina, una banda logró sacar del país más de 30 toneladas de aceite de soya a través de un sistema de mangueras conectadas en la frontera, en una maniobra que se iniciaba en la localidad salteña de Salvador Mazza y tenía como destino final la boliviana Pocitos.
Cuatro sospechosos fueron imputados por el delito de contrabando de exportación agravado en el marco de una investigación encabezada por el fiscal general Eduardo Villalba, titular de la Fiscalía de Distrito de Salta.
En el operativo desplegado en la frontera con Bolivia el pasado viernes, un comandante de la Gendarmería Nacional resultó herido de bala cuando el presunto jefe de la organización criminal abrió fuego contra los agentes.
De acuerdo a la hipótesis oficial, el grupo desarrolló la actividad ilícita desde el año 2022, en una operación que consistía en adquirir aceite de soya en plantas aceiteras de la provincia de Santa Fe, a nombre de una empresa de papel.
Luego los camiones cisterna regresaban a Salvador Mazza donde pasaban el aceite a vehículos más pequeños que eran conducidos hasta un predio en la franja fronteriza. En ese punto, los acusados tendían largas mangueras que atravesaban la línea limítrofe y conectaban con otros vehículos apostados del lado boliviano, donde se completaba la maniobra de exportación clandestina.

Bolivia aumentó acciones
A raíz de la crisis económica e inflacionaria que enfrenta Bolivia, agravada por la venta ilegal de mercadería en las fronteras, el Gobierno reforzó en los últimos meses los controles para garantizar el abastecimiento del mercado interno y evitar la especulación de precios, desplegando brigadas militares en diferentes pasos fronterizos.
En marzo de este año, se trasladaron efectivos de la Policía Militar en distintos a la frontera sur, en los municipios de Villazón y Bermejo, en los departamentos de Potosí y Tarija, respectivamente.
Pese a estos esfuerzos, el contrabando de mercadería y combustible persiste. Rodríguez, gerente del IBCE, explicó que para combatir este delito se deben realizar al menos tres acciones: aumentar la sensación de riesgo a través de sanciones ejemplares, facilitar el proceso de importación legal para desincentivar la ilegalidad y fomentar la conciencia ciudadana sobre la afectación del contrabando a la economía del país.
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