El oro como fachada: cómo Ecuador se convirtió en una ruta atractiva para el lavado de activos

En tiempos de crisis económica y política, el oro se convierte no solo en un refugio financiero, sino también en una herramienta eficiente para el lavado de activos. Su alta demanda, su valor compacto y su dificultad para rastrear el origen lo hacen ideal para quienes buscan ocultar dinero ilícito.

Según la investigadora experta Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Financiación Ilícita de la coalición FACT, el oro ilegal cumple una doble función en las economías criminales: sirve para lavar dinero y también para financiar las operaciones de los grupos delictivos que lo extraen o comercializan.

“Hoy, el oro es una de las principales fuentes de ingresos del narcotráfico”, explicó Yansura en una entrevista concedida a Infobae en su despacho en Washington D.C.. A diferencia de otras actividades ilícitas, la minería ilegal y la comercialización opaca del oro representan “altas ganancias con bajo riesgo”.

El lavado de dinero mediante oro, advierte FACT en su informe regional de 2024, suele realizarse mediante la tergiversación del precio, la cantidad o la calidad de las importaciones o exportaciones, lo que permite legitimar ganancias ilícitas bajo la apariencia de comercio legal.

Para Yansura, estos actores ya no operan como “narcos de película”, sino como estructuras criminales “tipo empresarios multinacionales”, con ingresos diversificados provenientes del contrabando, tráfico de armas, fauna silvestre y minería ilegal.

El informe de FACT identificó el uso de empresas fantasma o de fachada como la tipología más común de blanqueo de capitales relacionada con delitos ambientales en la región amazónica.

Ecuador, además, presenta un entorno particularmente propenso para el lavado de activos a través del oro debido a su economía dolarizada. “Para muchos grupos criminales, el objetivo de lavar dinero es terminar con dólares”, señaló Yansura. En ese contexto, el país es atractivo para quienes buscan convertir ganancias ilícitas en una moneda dura y aceptada globalmente

Empresas de fachada, refinerías complacientes y exportaciones sin origen

Una investigación liderada por Plan V, como parte del proyecto internacional Dorada Opacidad, documentó cómo Ecuador se ha convertido en una plataforma de exportación de oro de origen incierto hacia mercados con controles laxos como India y Emiratos Árabes Unidos. Entre 2020 y 2023, los envíos de oro ecuatoriano a India crecieron un 1.300%, y hacia los Emiratos, un 860%.

Uno de los casos más ilustrativos –cita el reportaje– es el de Fabricio Alexander G.M., quien en menos de un año exportó 778 kilos de oro —valorados en USD 23,6 millones desde Guayaquil, a pesar de que su historial económico incluye trabajos como limpiabotas y cadenero. Su RUC había estado inactivo por años hasta que en 2023 lo reactivó para dedicarse a la extracción de metales preciosos. Desde entonces, envió barras de oro a refinerías en India y empresas en Dubái, sin tener experiencia previa ni actividad empresarial minera comprobada.

Según Plan V, 56 exportadores ecuatorianos —39 personas naturales y 17 empresas— realizaron ventas por más de USD 1.385 millones entre 2021 y 2023. La mayoría abrió sus registros tributarios poco antes de empezar a exportar oro y muchos suspendieron sus actividades o cerraron después de concretar sus envíos. De estos exportadores, 29 tienen actualmente su RUC suspendido y 50 están registrados en las provincias de El Oro y Guayas, zonas donde el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha detectado a la mayoría de contribuyentes mineros no localizables.

Las irregularidades van más allá de lo tributario. Algunas, como Chris Zahav & More, fueron disueltas tras no presentar su licencia de comercialización, indica Plan V. Otras comparten accionistas o direcciones, lo que sugiere la existencia de redes conectadas que operan bajo diferentes razones sociales, pero con los mismos destinos y compradores.

Uno de estos compradores recurrentes es Art Diamond Goldsmith & Jewellery, una joyería ubicada en Dubái que adquirió oro de 20 de los 56 exportadores. Otra empresa, Opus Refinery Private Limited, hizo lo propio con 16 proveedores. Estas firmas operan en jurisdicciones señaladas por expertos como “zonas grises” del comercio internacional de oro, donde la trazabilidad es casi inexistente.

Ecuador, foco regional de preocupación

La preocupación por la falta de trazabilidad y control en las exportaciones auríferas ecuatorianas no es nueva. En 2021, la Organización de Estados Americanos advirtió que las nuevas empresas exportadoras de oro en Ecuador constituían una amenaza por su papel en el comercio ilícito. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por su parte, considera que las compañías de reciente creación con altos volúmenes de exportación son indicadores de riesgo para el lavado de dinero.

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) ha emitido directrices para mejorar la trazabilidad, pero reconoce que no tiene facultades para investigar perfiles de riesgo ni obligaciones tributarias. Las autoridades han remitido los casos al SRI y a la UAFE, pero no se conocen resultados. Mientras tanto, la fiebre del oro continúa.

La falta de acción institucional no solo facilita el blanqueo de capitales, sino que alimenta dinámicas violentas. Como advirtió Yansura, en zonas como Ponce Enríquez, en el sur del país, ya se disputan las minas de forma violenta.

“Nunca vamos a poder acabar con problemas como narcotráfico, si no seguimos la ruta de dinero y tenemos leyes y políticas antilavado que sean robustas”, concluyó Yansura. En Ecuador, el oro se ha convertido en una fachada brillante detrás de la cual operan redes que aprovechan las grietas del sistema para lucrar, contaminar y perpetuar la violencia.