
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó abrir una investigación para determinar si la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendieron adecuadamente las denuncias y amenazas que habría presentado el periodista Camilo Rodríguez Chaverri antes de ser asesinado el pasado 16 de noviembre de 2026.
La decisión fue adoptada mediante una moción que recibió el respaldo unánime de los nueve diputados presentes, aunque algunos legisladores expresaron reservas sobre el momento en que se desarrolla la investigación y su posible utilización política.
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El objetivo será esclarecer si las autoridades recibieron, tramitaron y dieron seguimiento a las denuncias del comunicador, así como establecer si se aplicaron los protocolos correspondientes para protegerlo frente a posibles amenazas.
La investigación legislativa se concentrará en las actuaciones institucionales anteriores al homicidio, sin sustituir las diligencias penales destinadas a identificar a los responsables del asesinato.
Fiscal general y dos jerarcas deberán rendir explicaciones
Como parte de las diligencias, los diputados aprobaron convocar a tres altos funcionarios del Poder Judicial.
Se trata de Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Mauricio Boraschi Hernández, fiscal adjunto; y Michael Soto Rojas, director interino del OIJ.
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Los legisladores buscarán conocer qué información tenían las autoridades sobre las amenazas denunciadas, cuáles decisiones adoptaron y si existieron posibles incumplimientos de sus responsabilidades institucionales.
La moción también plantea prestar especial atención a una denuncia atribuida a Rodríguez en la que habría mencionado al propio fiscal general.
Sin embargo, el hecho de que Díaz figure en ese señalamiento no demuestra que haya cometido alguna irregularidad ni establece una relación con el asesinato.
La investigación deberá determinar el contenido, alcance y trámite de esa denuncia.

Diputados divididos sobre el momento de investigar
Aunque la moción fue aprobada por unanimidad, el debate evidenció posiciones distintas sobre la conveniencia de abrir inmediatamente un expediente legislativo.
La diputada oficialista Kattia Calvo defendió la necesidad de que el Congreso supervise las actuaciones judiciales ante la gravedad del caso.
Durante la discusión, cuestionó que la Asamblea Legislativa permanezca a la espera de las conclusiones de las mismas instituciones cuyas actuaciones se pretende examinar.
“Mínimo debería esta Asamblea Legislativa y esta comisión llevarle el pulso”, manifestó.
Por su parte, la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, consideró que iniciar la investigación en este momento podría ser precipitado.
“Me parece que abrir un expediente de investigación en este momento es prematuro. Me parece que tiene el grave riesgo de contaminarse políticamente”, advirtió.
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A pesar de estas diferencias, los diputados respaldaron la convocatoria de las autoridades para conocer las actuaciones realizadas antes del homicidio.

Asesinato genera interrogantes sobre protección a periodistas
Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos el lunes 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.
El comunicador había adquirido notoriedad por realizar denuncias públicas relacionadas con presuntas actividades de narcotráfico y señalamientos contra diferentes figuras.
Su muerte generó preocupación por las condiciones de seguridad de quienes investigan o denuncian posibles actividades criminales.
Una de las principales interrogantes es si Rodríguez había comunicado amenazas específicas a las autoridades y, de ser así, qué medidas fueron adoptadas para valorar su riesgo.
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La Fiscalía y el OIJ deberán explicar estos aspectos durante las comparecencias, cuya fecha todavía no fue precisada en el anuncio legislativo.
Investigación no implica responsabilidades comprobadas
La apertura del expediente permitirá a los diputados solicitar información y escuchar a funcionarios sobre los procedimientos empleados para atender las denuncias del periodista.
No obstante, todavía no se ha demostrado que existieran omisiones institucionales ni que una actuación distinta hubiera evitado el homicidio.
Las conclusiones de la investigación legislativa deberán distinguirse de las responsabilidades penales que eventualmente determine el Ministerio Público.
El caso ocurre además en medio de tensiones entre el oficialismo y las autoridades judiciales, lo que ha generado llamados para evitar que el asesinato se convierta en un motivo de confrontación política.
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Mientras avanza la investigación criminal para identificar a los autores del homicidio, la Asamblea Legislativa buscará determinar si el Estado respondió adecuadamente a las advertencias que el periodista habría formulado antes de su muerte.
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