
Más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil y guardias del Sistema Penitenciario ingresaron este viernes al centro de detención Los Jocotes, en Zacapa, para requisar el penal y retirar objetos ilícitos, en la segunda jornada de controles carcelarios habilitados tras la ratificación del estado de sitio.
La revisión apunta a detectar teléfonos celulares, armas y otros elementos prohibidos entre la población reclusa. Los equipos interinstitucionales inspeccionan las instalaciones módulo por módulo, según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario.
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La intervención en Zacapa ocurrió un día después de un operativo en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Barrios, Izabal. Allí participaron más de 80 integrantes de la Fuerza Élite y personal de los órganos de control penitenciario, respaldados por otros 200 agentes policiales.

La intervención de las 22 cárceles bajo el Decreto 29-2026
Las requisas se realizan bajo el Decreto 29-2026, con el que el Congreso de Guatemala ratificó el 17 de noviembre el estado de sitio decretado una semana antes por el presidente Bernardo Arévalo en Zacapa e Izabal.
La aprobación reunió 147 votos a favor e incorporó una facultad que no estaba incluida en la propuesta original del Ejecutivo: las fuerzas de seguridad pueden intervenir las 22 cárceles del país, donde hay más de 24.000 personas recluidas.
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La ampliación se limita al ámbito penitenciario. El régimen territorial de excepción continúa vigente solo en Zacapa e Izabal, pese a que el Congreso discutió sumar a Huehuetenango, una propuesta que obtuvo 41 votos y no fue aprobada.
La inclusión de los centros de detención surgió de una moción del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Inés Castillo, que luego recibió el respaldo del pleno.
El Ejército de Guatemala confirmó que mantendrá la vigilancia perimetral de los penales como apoyo a las autoridades civiles, sin modificar sus planes operativos ni reducir al personal destinado a esa tarea.
El decreto gubernativo 8-2026 fue emitido el 14 de noviembre, después de una serie de ataques armados que dejó al menos 17 muertos en el oriente del país. Entre los hechos previos figuraron una emboscada en Río Hondo contra el diputado Julio César Portillo y agentes policiales, con cuatro víctimas fatales; un ataque en Huité, donde murieron ocho personas, y otro en el caserío El Tocino, con cinco fallecidos y tres mujeres heridas.
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Arévalo sostuvo que las medidas buscan proteger a las comunidades, reforzar el control territorial del Estado y desarticular organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. El mandatario remarcó que las operaciones se dirigen contra grupos delictivos y no contra quienes desarrollan actividades legítimas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos había designado previamente a los clanes Lorenzana y Mendoza, con presencia en Zacapa e Izabal, como organizaciones terroristas extranjeras por su presunta relación con cárteles mexicanos.

Puerto Barrios y las investigaciones por extorsiones desde prisión
La requisa iniciada el jueves en Puerto Barrios respondió a denuncias del Ministerio Público que señalaban al penal como origen de llamadas extorsivas contra transportistas, comerciantes y particulares que circulan por la ruta al Atlántico.
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El director general del Sistema Penitenciario, Jorge López, ordenó la intervención como parte de una segunda fase de pesquisas sobre estructuras criminales que, de acuerdo con las autoridades, coordinaban delitos desde el interior de la prisión.
Las autoridades ya habían desarticulado tres bandas consideradas peligrosas en ese centro y trasladado a sus líderes a cárceles de máxima seguridad. También investigan a trabajadores del penal acusados de colaborar con esas organizaciones.
Meses atrás, un intento de motín en el mismo recinto dejó varios reclusos muertos, algunos calcinados por otros integrantes de la población penitenciaria. Las autoridades atribuyeron ese episodio a disputas por el control interno.
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El Sistema Penitenciario informó que decomisó alrededor de 2.000 teléfonos celulares en cárceles de todo el país durante los últimos meses e instaló escáneres en 23 centros de detención.
Los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, indicaron que las acciones del estado de sitio se concentrarán en Puerto Barrios, Morales y El Estor, los municipios con mayor incidencia delictiva de las dos jurisdicciones bajo excepción.
El plan incluye controles en rutas terrestres y marítimas, además de operativos contra la minería ilegal de jade y oro, una actividad que las autoridades vinculan con el financiamiento de estructuras criminales en la zona.
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Arévalo afirmó que su Gobierno no descarta extender los estados de excepción a Petén y Escuintla, aunque precisó que las operaciones permanecen concentradas, por el momento, en Zacapa e Izabal. El Sistema Penitenciario no informó hallazgos concretos de la requisa en Los Jocotes.
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