Ecuador implementará una nueva tasa minera para recaudar 229 millones de dólares anuales

El Gobierno de Ecuador ha anunciado la implementación de una nueva Tasa de Fiscalización Minera que, según estimaciones oficiales, permitirá una recaudación anual de USD 229 millones. Esta medida busca reforzar el control técnico y ambiental del sector, al tiempo que se promueve la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.

El anuncio fue realizado el 2 de junio de 2025 por la portavoz oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo, durante una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet. La vocera detalló que esta nueva tasa se aplicará a todos los regímenes mineros —pequeña, mediana, gran minería y régimen general—, excluyendo únicamente a la minería artesanal.

Los recursos obtenidos a través de esta contribución obligatoria serán destinados específicamente a labores de vigilancia, fiscalización y control ambiental en el sector, una de las áreas más sensibles en el debate nacional sobre sostenibilidad y desarrollo económico.

Además del establecimiento de esta tasa, el Gobierno informó que se reabrirá el Catastro Minero, que ha permanecido cerrado desde enero de 2018. Esta reapertura se ejecutará de forma progresiva: a partir del 16 de junio podrán registrarse proyectos de pequeña minería no metálica; en septiembre se habilitará la inscripción para minería metálica; y hacia finales del año se espera que todos los regímenes estén habilitados. “La decisión de abrir el Catastro Minero por fases garantiza eficiencia, transparencia y sostenibilidad operativa”, subrayó Jaramillo.

La reapertura del catastro ha sido una de las demandas más persistentes del sector privado minero, que ha criticado durante años la parálisis en la concesión de títulos mineros como un obstáculo para atraer inversiones y generar empleo. Con esta decisión, el gobierno de Daniel Noboa busca reactivar el interés nacional e internacional por el sector extractivo, en un contexto donde la minería representa una fuente creciente de ingresos fiscales y divisas para el país.

El paquete de medidas anunciado forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para ordenar las finanzas públicas y fortalecer los sectores estratégicos. En este marco, también se anunciaron auditorías profundas a tres empresas públicas clave: Petroecuador, CELEC y CNEL. Las evaluaciones serán realizadas por firmas internacionales de primer nivel, entre ellas Deloitte, PwC y EY, e incluirán revisiones financieras, forenses y de revalorización de activos. El objetivo, según indicó Jaramillo, es desterrar la corrupción estructural en estas entidades y transformarlas en empresas competitivas a escala internacional.

En cuanto al sector eléctrico, el Gobierno informó que aplicará un ajuste tarifario para los consumidores de alto y medio voltaje. Las nuevas tarifas reflejarán el costo real del servicio: para el grupo AV1 (alto voltaje), el precio pasará de 7,91 a 10,22 centavos de dólar por kilovatio hora; mientras que para el grupo de medio voltaje, la tarifa aumentará de 9,27 a 11,64 centavos por kWh. No obstante, esta medida no afectará a sectores sensibles como la asistencia social, el bombeo de agua para comunidades campesinas ni los escenarios deportivos, que también se encuentran en los grupos AV1 y MV. Tampoco se aplicará al sector residencial, que representa a más de 5,3 millones de hogares ecuatorianos.

Otro anuncio significativo fue la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero industrial, que en 2024 exportó más de USD 1.641 millones y produjo cerca de 565 mil toneladas métricas de pescado. Según el Gobierno, 29 empresas concentran el 60 % del subsidio otorgado a este sector, que el año pasado representó un gasto fiscal de USD 42 millones. Con esta medida, el Ejecutivo busca enfocar los subsidios en los sectores más vulnerables, como los pescadores artesanales, quienes seguirán recibiendo apoyo estatal.

Para amortiguar el impacto en las grandes empresas atuneras, el Banco del Pacífico habilitará líneas de crédito por hasta USD 42 millones, con el respaldo del Fondo Nacional de Garantía a través de la CFN. Estas líneas cubrirán hasta el 75 % del riesgo asumido por la banca, con una tasa de interés del 6 % anual.

El paquete de reformas y medidas, según expresó la vocera oficial, responde a la visión del presidente Noboa de avanzar hacia un Estado más eficiente, transparente y enfocado en apoyar a los sectores que generan empleo, sin dejar de lado el control ambiental ni el fortalecimiento institucional. La implementación de la nueva Tasa de Fiscalización Minera y la reapertura del catastro podrían marcar un punto de inflexión en el desarrollo del sector extractivo ecuatoriano.