Desmontar la dictadura cubana no será un camino fácil, pero la oposición en el exilio ha puesto sobre la mesa un mapa con algunas vías que lleven a ese destino.
La activista Rosa María Payá presentó recientemente en Madrid un plan que plantea una transición democrática en Cuba dividida en tres fases, con el desmantelamiento de los organismos represivos, ayuda humanitaria inmediata, un gobierno provisional limitado en el tiempo y la convocatoria a elecciones plurales.
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La iniciativa, expuesta durante el encuentro Cuba en el Umbral, reunió a activistas, juristas, economistas y representantes de organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla. Sus planteamientos parten de una advertencia: el cambio político no podría sostenerse si las estructuras de vigilancia, control económico y poder partidista conservaran capacidad para condicionar el proceso.
El plan busca sustituir el actual sistema político cubano, prevé un período transitorio de entre 18 y 36 meses, sin prórrogas, y concluye con un plebiscito constitucional vinculante y comicios libres.
Payá, fundadora de Cuba Decide y coordinadora de la plataforma Pasos de Cambio, sostuvo que el objetivo no es administrar una transición indefinida, sino devolver a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre el futuro político de la isla. “Ya no estamos exclusivamente denunciando la dictadura, estamos preparando la República”, afirmó durante la presentación, según informó 14ymedio.
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El fin de la represión, condición para iniciar el proceso
La primera etapa del programa se denomina liberación y fija como requisito el cese de la represión estatal y la restitución de derechos fundamentales. Para los promotores del plan, no puede haber apertura política mientras se mantengan los mecanismos de persecución contra opositores, activistas, periodistas independientes y ciudadanos críticos del régimen.
La propuesta incluye la disolución de la Seguridad del Estado, de las brigadas de respuesta rápida y de los sistemas de vigilancia vinculados a los Comités de Defensa de la Revolución. También plantea que las Fuerzas Armadas queden subordinadas a autoridades civiles, con el argumento de que el control de las armas debe responder a la ley y no al Partido Comunista.
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Armando Ibarra, responsable del área de seguridad de la iniciativa, propuso retirar de Cuba los servicios de inteligencia de Rusia y China. El documento también contempla el traspaso del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas, a una administración civil. La reorganización del poder militar y económico figura como una de las condiciones centrales del programa opositor.
El planteamiento busca incorporar incluso a quienes hoy integran las instituciones oficiales. Payá señaló que la propuesta está dirigida a todos los cubanos, incluidos aquellos que permanecen dentro de estructuras estatales y partidarias. Esa definición apunta a evitar que el cambio político se limite a los sectores opositores y alcance a funcionarios, trabajadores públicos y miembros de organismos de seguridad.
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Ayuda humanitaria gratuita en las primeras 72 horas
La segunda fase, definida como estabilización y reconstrucción, parte de un diagnóstico sobre el deterioro de las condiciones de vida en Cuba. El plan prevé la distribución de alimentos, agua y medicamentos durante los primeros 180 días de la transición, con un operativo inicial en un plazo de 72 horas.
Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, explicó que la asistencia sería gratuita y no tendría condicionamientos políticos. La propuesta incluye una autoridad nacional para coordinar la ayuda y centros logísticos destinados a asegurar su llegada a distintas zonas del país.
El abastecimiento de productos básicos en las primeras 72 horas busca responder a uno de los principales riesgos de una transición: que la escasez y la precariedad social generen inestabilidad durante el cambio institucional. Los opositores plantean que la emergencia humanitaria debe recibir atención antes de avanzar en reformas más amplias de la economía y el sistema político.
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En el plano económico, el economista Elías Amor Bravo propuso reducir el peso del Estado en la actividad productiva, ampliar las garantías para la propiedad privada, contener la inflación y captar inversiones. La propuesta parte de la premisa de que existen recursos nacionales que requieren una administración distinta y mayor transparencia.
Justicia para las víctimas y revisión de las propiedades confiscadas
El documento también dedica un apartado a la justicia transicional. El politólogo y escritor Julio M. Shiling, asesor del área, propuso investigar los delitos atribuidos al régimen cubano, depurar las instituciones estatales y preservar los archivos de los organismos de seguridad.
El programa contempla mecanismos para restituir o indemnizar propiedades confiscadas tras la revolución, aunque establece el derecho de permanencia de quienes ocupan actualmente esos inmuebles. La devolución o compensación por los bienes confiscados aparece vinculada a una política de reparación sin desalojos automáticos.
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La revisión del funcionamiento de Gaesa forma parte de ese proceso. Los impulsores de la iniciativa consideran que debe esclarecerse el manejo de los recursos controlados por el conglomerado militar y establecerse responsabilidades en caso de que las investigaciones detecten irregularidades.
Shiling propuso tomar como referencia la Constitución cubana de 1940, con adaptaciones a la realidad actual. El planteamiento busca ofrecer una base legal anterior al sistema instaurado después de 1959 y abrir un debate sobre el marco institucional de una futura República.
Organismos electorales autónomos en los primeros 90 días
La tercera y última fase se centra en la democratización. El abogado Mijail Bonito Lovio explicó que durante los primeros 90 días se deberían crear instituciones autónomas, entre ellas un servicio nacional electoral y una contraloría.
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La denominada ley de transición democrática tendría carácter provisional y establecería los pasos jurídicos para el período de cambio. El límite máximo de 36 meses apunta a impedir que el gobierno transitorio se prolongue sin una consulta popular y sin elecciones competitivas.
El itinerario concluiría con un plebiscito constitucional vinculante y comicios plurales. La propuesta insiste en que el proceso debe devolver la soberanía a los ciudadanos dentro de la isla y a los cubanos residentes en el exterior.
Durante el encuentro en Madrid, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, reclamó la liberación de los presos políticos, la exclusión del Partido Comunista de la etapa transitoria y la creación de tribunales que garanticen justicia para las víctimas. Iván Hernández Carrillo, representante de sindicatos independientes, pidió protección social y garantías laborales, con libertad sindical como condición para una democracia en el ámbito del trabajo.
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La presentación del plan contó con la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, eurodiputados y representantes diplomáticos de Estados Unidos, Chile y países europeos. El proyecto amplía el Acuerdo de Liberación presentado en Miami en marzo y reúne propuestas de organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba.
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