Bolivia atraviesa desde hace más de dos semanas una nueva crisis de desabastecimiento de combustible en la que se observan extensas filas de vehículos en las estaciones de servicio de todo el país.
El Gobierno atribuyó la escasez actual a factores climáticos en el puerto de Arica, en el norte de Chile, donde llegan los buques con gasolina y diésel para Bolivia, que impedirían la descarga. Adicionalmente, una huelga de transportistas de cisternas que exigía un incremento en la tarifa de servicios agudizó el desabastecimiento.
Según el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, hay más de 191 millones de litros de diésel, gasolina y crudo en seis buques retenidos en la costa de Arica debido a las marejadas. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que las olas alcanzaron hasta los 2,1 metros, cuando lo recomendable para el atraque de buques es de un metro como máximo. Sin embargo, se prevé que en esta semana, entre el 28 y 29 de mayo, mejoren las condiciones climáticas para realizar la descarga en la terminal marítima y regularizar el suministro.
Bolivia depende de las importaciones para abastecer el mercado interno. Según datos oficiales se importa cerca del 90% del diésel y el 56% de la gasolina que se consume en el país, lo que representa uno de los principales gastos públicos. En 2024 se destinaron cerca de 3.349 millones de dólares a la importación de combustibles y para esta gestión se presupuestaron 56 millones de dólares semanales. Adicionalmente, el Estado boliviano mantiene una política de subvención que mantiene fijo el precio del litro de diésel y gasolina en torno a 0,53 dólares, un monto significativamente más bajo que el precio internacional.
Durante la crisis anterior, en marzo de este año, el Gobierno admitió que no tenía las divisas suficientes para la importación y que no podían cubrir la demanda, por lo que autorizaron a empresas privadas a adquirir combustible para abastecer a sectores productivos clave, como el minero y el agroindustrial.
A la compleja situación económica, en mayo se sumó una huelga de conductores de 5.500 cisternas que reclaman un aumento en las tarifas de servicio para cubrir sus gastos operativos. La protesta se concentró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada del país y en la que está ubicada una de las refinerías, donde hubo un repliegue de camiones ante la negativa de los choferes de viajar a los puertos chilenos para trasladar los carburantes.
El sábado hubo una reunión entre los dirigentes de los conductores y funcionarios de YPFB en la que los choferes se comprometieron a cumplir con el contrato vigente hasta el 30 de junio y luego negociar el aumento de las tarifas con la estatal petrolera. “Seguimos en estado de emergencia, vamos a hacer mesas de trabajo la semana que viene”, indicó ante los medios uno de los representantes de los transportistas luego de la reunión.
En ese marco, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), informó este lunes que se hizo un despacho del 100% de combustible y que se espera que en los próximos días desaparezcan las filas de vehículos en las estaciones de servicio. “Bajar filas nos lleva un tiempo, cuesta, por más que incrementemos volumen, demora unos días, de los cuales, esperamos que sean mínimos ya que se están intensificando el trabajo”, manifestó la directora distrital de la ANH, Lesly Lanza, en entrevista con el canal Unitel.
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