El ministro de Seguridad Social de Brasil, Carlos Lupi, renunció este viernes a su cargo, luego de que estallara un escándalo de corrupción y fraude en su cartera, del que -asegura- no formó parte.
La semana pasada, la Policía destapó la operación “Sin Descuento”, una trama que tuvo lugar entre 2019 y 2024, y se basó en cientos de miles de descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, por parte de sindicatos y asociaciones que debían prestar servicios a estos sectores sociales.
Los investigadores creen que, en total, se habrían descontado unos 1.100 millones en dólares, con posible connivencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social. El dinero era sustraído por medio de diversos métodos, como el pago de créditos no solicitados, y desviado a través de estas empresas u organismos que tenían convenios con la cartera.
El caso llegó a las autoridades luego de que se recibieran denuncias de unos 130.000 jubilados por fondos sustraídos de forma irregular de sus cuentas; sin embargo, se estima que el número real de víctimas podría ser mayor e -inclusive- superar las cuatro millones de personas.
Lupi aseguró que no estuvo involucrado en esta trama ni tuvo conocimiento de ella durante su tiempo al frente de la cartera de Seguridad Social, pero igualmente se distanció del cargo.
“Tomo esta decisión con la certeza de que mi nombre no fue citado en ningún momento en las investigaciones en curso”, se defendió en un comunicado publicado en sus redes sociales.
El Gobierno de Lula da Silva aceptó de inmediato su dimisión y anunció que será sustituido por Wolnet Queiroz, hasta entonces viceministro y también parte del Partido Democrático Laborista.
Asimismo, convocó este mismo viernes a una serie de reuniones en las que comenzó a evaluar las posibilidades para devolver a los jubilados y pensionados su dinero, aunque aún no se ha hecho pública ninguna decisión oficial.
Al igual que Lupi, el presidente del INSS, Alessandro Stefanutto, fue destituido diez días atrás, cuando se conoció por primera vez el caso, y otros seis funcionarios de la entidad y un policía federal fueron suspendidos, en tanto avanzan las investigaciones.
Esta semana, Lula brindó un discurso en el que celebró que su Gobierno haya “desmontado” este esquema ilegal y se comprometió a que los responsables sean procesados y obligados a reparar los daños causados, aunque Marcelo Freire Sampaio Costa, miembro del Ministerio Público del Trabajo, planteó sus dudas sobre la posibilidad de avanzar en un escenario tal a la brevedad.
“Los bienes incautados por las investigaciones no pueden convertirse inmediatamente en dinero para refinanciar las arcas de la Unión, porque las personas a las que se les incautaron tienen que enfrentarse a un proceso penal. Tienen que poder defenderse, tiene que haber un juicio justo para que finalmente sean condenados o no”, explicó.
El escándalo llegó en un mal momento para Lula, que se enfrenta a una imagen positiva en caída, principalmente por el alza de la inflación, y pierde, con la salida de Lupi, a un miembro clave en las alianzas del Partido de los Trabajadores, de cara a las elecciones de 2026.
Además, a todo esto se suma que el de la Seguridad Social es ya el segundo caso de corrupción que enfrenta su gabinete, luego de que en abril su ministro de Comunicación, Juscelino Filho, fuera acusado por presuntos sobornos durante su desempeño como diputado, en 2022, y debiera renunciar a su cargo.
(Con información de AFP y EFE)
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