Escándalo en Brasil: descubren un fraude masivo contra jubilados con conexiones hasta en el entorno de Lula

Es el mayor fraude de la historia de Brasil contra uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, los jubilados. La semana pasada, la Policía Federal brasileña desarticuló la operación “Sin Descuento”, en la que estaban implicados el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y once sindicatos. Al menos 6 millones de los 40 millones de beneficiarios del INSS fueron las víctimas. Según las investigaciones, entre 2019 y 2024 se malversaron 6.505,8 millones de reales (1.143,4 millones de dólares) mediante un sistema de deducciones mensuales no autorizadas directamente de sus pensiones. Muchas de las víctimas ni siquiera sabían que estaban inscritas en esas instituciones y nunca habían firmado ninguna autorización. Las deducciones, a menudo disfrazadas de cuotas de afiliación, alcanzaban hasta 81,57 reales (14,33 dólares) al mes por persona. Una auditoría de la Unidad de Contabilidad General (CGU) concluida en septiembre de 2024, pero publicada la semana pasada, descubrió que el 98% de los 1.273 pensionistas encuestados nunca habían autorizado estos descuentos, y que el 96% no estaban afiliados a ningún sindicato o asociación.

La investigación condujo a la destitución del presidente del INSS, Alessandro Stefanutto, y de otros cinco directivos. La Policía Federal ejecutó 29 órdenes de registro y se incautó de bienes por valor de unos 1.000 millones de reales (176 millones de dólares), entre ellos dinero en efectivo, automóviles, joyas y obras de arte. Se emitieron seis órdenes de detención, de las que tres personas ya están detenidas y tres siguen prófugas de la justicia. Según reveló el canal de televisión Rede Globo, de acuerdo con documentos de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNPS), el ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, del Partido Democrático Laborista (PDT), había sido alertado de las irregularidades en junio de 2023, pero sólo después de 10 meses, en una reunión celebrada el 24 de abril, un día después que deflagró la operación policial, puso el tema en el orden del día. Al diario O Globo, la abogada Tônia Galleti, exmiembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNPS), declaró que advirtió personalmente a Lupi sobre el problema de las deducciones indebidas en las pensiones poco después de su toma de posesión en el ministerio, en enero de 2023. Durante el encuentro, el ministro prometió en ese momento investigar lo que estaba ocurriendo, pero, según Galleti, no se hizo nada. Lupi admitió haber sido informado de las denuncias, pero declaró al periódico brasileño que era necesario contar con “hechos concretos sobre los cuales investigar”.

Por eso, la oposición en la Cámara de Diputados ha pedido que se cite al ministro para que ofrezca aclaraciones y ya ha recogido 120 firmas pidiendo la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación. El diputado Evair de Melo del Partido Progresistas (PP) ha presentado una solicitud para que Lupi comparezca también ante la Comisión de Supervisión y Control Financiero. En su pedido, Melo también recordó escándalos pasados vinculados al nombre de Lupi. En 2011, cuando era ministro de Trabajo en el Gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff, el político fue acusado de haber acumulado dos cargos de asistente parlamentario en organismos públicos distintos entre 2000 y 2005. En aquel momento, la Comisión de Ética Pública recomendó a Dilma que despidiera a Lupi, pero él dimitió antes. Para el líder opositor Luciano Zucco, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, la destitución de Lupi es “urgente”. La Asociación Brasileña de Defensa de los Derechos de los Jubilados y Funcionarios (Abradeb) también ha intervenido contra el INSS, acusándolo de complicidad en el fraude. Según la Abradeb, el INSS siguió firmando convenios con asociaciones sospechosas de fraude incluso después de que se denunciaran las irregularidades, lo que permitió la continuación de las deducciones indebidas.

El impacto social y político de este escándalo de las pensiones es enorme. El principal problema para las víctimas es ahora cómo recuperar el dinero. El interventor de la CGU, Vinícius de Carvalho, declaró que el Gobierno se comprometerá a indemnizar a todos los pensionistas defraudados, pero sin especificar cómo ni cuándo se efectuará el reembolso, que deberá hacerse con los bienes ya incautados en las investigaciones, que ascienden a unos 2.000 millones de reales (351,5 millones de dólares). “A los jubilados a los que se les hicieron retiradas ilegales les garantizaremos el reembolso, pero por el momento no es posible dar un número ni fijar un plazo. Estamos organizando este plan y, en las próximas semanas, lo presentaremos”, dijo Carvalho.

Los expertos se muestran escépticos. “Los bienes incautados por las investigaciones no pueden convertirse inmediatamente en dinero para refinanciar las arcas de la Unión, porque las personas a las que se les incautaron tienen que enfrentarse a un proceso penal. Tienen que poder defenderse, tiene que haber un juicio justo para que finalmente sean condenados o no”, dijo al sitio de noticias Metrópoles Marcelo Freire Sampaio Costa, profesor de Derecho Tributario y de la Seguridad Social en la Universidad Mackenzie y miembro del Ministerio Público del Trabajo (MPT). La otra hipótesis es la de una reparación administrativa, pero además del problema de encontrar los fondos, está el de identificar a los millones de víctimas. “Además, hay que cuantificar el reembolso y actualizarlo teniendo en cuenta la inflación y no creo que sea fácil”, añadió Costa.

Entre las organizaciones investigadas está el Sindicato Nacional de Jubilados y Ancianos (Sindnapi), cuyo vicepresidente es José Ferreira da Silva, más conocido como Frei Chico, un hermano del presidente Lula. Tanto el Sindnapi como la Contag (Confederación Nacional de Trabajadores Rurales) han negado cualquier irregularidad, afirmando que apoyan la investigación. “Espero que la Policía Federal investigue realmente toda esta inmundicia”, dijo el hermano de Lula, añadiendo que “en lo que se refiere a nuestro sindicato, estoy seguro de que no tenemos nada que ocultar”. También intervino en el caso, y no sin críticas, el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. En una entrevista afirmó que en relación al hermano de Lula “no hay ninguna medida o investigación en curso”. “Varias entidades y asociaciones han sido objeto de registros e incautaciones y también se han tomado medidas contra sus dirigentes. Este sindicato, Sindnapi, no ha sido objeto de registros y confiscaciones. Tampoco sus dirigentes han sido objeto de ninguna medida”, añadió. El periodista Marcos Tosi escribe en el sitio de noticias Gazeta do Povo que “Frei Chico es miembro de este sindicato nacional de pensionistas desde hace casi 17 años y, desde el año pasado, forma parte de la dirección nacional. Si tuviera un mínimo de curiosidad, podría haber percibido fácilmente los indicios de que el sindicato actuaba de mala fe. Una simple búsqueda en Internet, en el sitio de consumidores Reclame Aqui, revela más de 1.200 denuncias de retiros indebidos efectuados por el sindicato del hermano de Lula”. “Desde octubre de 2020 se viene haciendo una deducción por parte de este sindicato. Acceden indebidamente a nuestras pensiones, retienen nuestro dinero desde hace años, en mi caso cinco años, y cuando vamos a hacer valer nuestros derechos y pedimos que nos devuelvan el dinero, nos tratan con total falta de respeto”, se quejó la señora Vinalda, de Salvador de Bahía, en la plataforma de consumidores. El Sr. Melquiades da Boa Vista, del estado de Roraima, escribió que “estas deducciones se realizan sin mi consentimiento ni solicitud alguna por mi parte. Quiero subrayar que no he autorizado ninguna afiliación sindical, ni he firmado ningún contrato”. Los mensajes de este tipo se cuentan por centenares.

Ni siquiera la noticia de la detención del ex presidente Fernando Collor de Mello en el marco de un juicio en la operación anticorrupción Lava Jato fue suficiente para hacer desaparecer del debate nacional la noticia del fraude en las pensiones. Aunque el Ejecutivo subrayó que el fraude comenzó en 2019, durante la presidencia de Jair Bolsonaro, según la auditoría de la CGU de los 6.505,8 millones de reales (1.143,4 millones de dólares) de deducciones irregulares, 4.147,8 millones de reales (729 millones de dólares) de ellas fueron transferidas en 2023 y 2024 en los primeros dos años del tercer mandato de Lula, es decir el 63,75% del total.

Si no se devuelve a los pensionistas la suma robada a lo largo de los años, el escándalo podría representar un escollo arduo para Lula en las elecciones presidenciales del próximo año. Tanto es así que el presidente, inmediatamente después de conocerse la noticia el pasado miércoles, declaró en una reunión con los líderes de su base gobernante esa misma tarde que era “candidatísimo“ para las elecciones de 2026 y que se sentía “con mucha fuerza”. Sin embargo, también el miércoles, la última encuesta de Paraná Pesquisas confirmó la tendencia de los últimos meses: la popularidad de Lula está en su punto más bajo, con un 57,4% de desaprobación frente a un 39,2% de aprobación. El índice de desaprobación es el más alto; la aprobación, en cambio, está en su nivel más bajo desde el inicio de su tercer mandato. Según el sitio de noticias Poder 360, además, el PL de Bolsonaro es el partido que más ha aumentado su número de afiliados desde las elecciones de 2022: 137,3 mil electores más que sumados dan un total de 899,6 mil afiliados. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula ha visto un aumento de 60.345 afiliados en el mismo periodo, que sumados a los anteriores dan un total de 1,7 millones de afiliados.