Tal como lo hizo el jueves la ministra de Defensa, Maya Fernández, esta jornada la senadora socialista Isabel Allende hizo uso de su derecho guardar silencio ante el fiscal Patricio Cooper, quien lleva la investigación tras la frustrada compra-venta de la casa de Salvador Allende por parte del Estado chileno para convertirla en museo.
La noticia de la adquisición que beneficiaba a la nieta y la hija del expresidente chileno -por un valor de 933 millones de pesos (USD 936 mil)- circuló el último día de 2024, pero apenas iniciado el nuevo año estalló el escándalo.
Es que la Constitución establece que durante el ejercicio de su cargo los ministros y parlamentarios tienen prohibido “celebrar o caucionar contratos con el Estado”, so pena de ser removidos de sus puestos.
La causa se abrió tras una querella por fraude al fisco estampada por el abogado militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana y todo el asunto ha sido calificado como un error no forzado o un “autogol” del gobierno de Gabriel Boric, que ya le costó el puesto a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
La abogada que representa a ambas autoridades, Paula Vial, señaló tras la corta audiencia telemática que “siguiendo nuestra recomendación, la senadora ha hecho uso de su derecho a guardar silencio y declarará cuando lo consideremos oportuno, una vez que tengamos acceso a los antecedentes de la investigación y a la imputación”.
“Quiero reiterar lo que la senadora Allende ha señalado en todo este proceso: colaborará siempre con las instituciones y toda su actuación se ha dado en el marco de la buena fe”, remató.
Se espera que esta tarde haga lo propio la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, mientras que el fiscal nacional, Ángel Valencia, no descartó que el presidente Gabriel Boric sea citado a declarar.
“Es una investigación que lleva adelante el fiscal regional Patricio Cooper, de Coquimbo. Es a él a quien le corresponde tomar decisiones (…) Si es necesario citar al Presidente de la República, con toda seguridad el fiscal lo va a citar”, señaló este jueves.
La arremetida de la oposición
En paralelo, el Tribunal Constitucional informó este jueves mediante un comunicado que admitió a trámite los requerimientos de parlamentarios de Chile Vamos tendientes a remover de su cargo de la senadora Isabel Allende, mientras que el Partido Republicano anunció que acusará constitucionalmente a la ministra Maya Fernández.
“Esto es lo que estábamos esperando. Esta es la primera etapa, el pronunciamiento en cuanto a la forma, y ahora lo que esperamos es que el TC vaya al análisis del fondo de nuestra presentación (...) con la mayor celeridad posible”, señaló la diputada de Flor Weisse (UDI), según una nota de Cooperativa.
De la misma opinión fue el parlamentario Frank Sauerbaum (RN), también patrocinante del reclamo, quien indicó estar “satisfecho de que el TC haya accedido a nuestra petición de analizar este caso. Es muy grave que la senadora Allende haya transgredido la Constitución y la ley”.
Tocante a la acusación constitucional contra Maya Fernández, el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Luis Sánchez instó al Gobierno de Boric a “entender que no tiene por qué sufrir otro traspié más, otro papelón más en su tan alicaída gestión, y debiese él mismo tomar la decisión de pedirle a la ministra que salga del cargo, porque si no, va a ser evidentemente el Congreso el que lo decida”.
“Hemos conversado con representantes de otras bancadas, gente que en el pasado decidió votar en contra de acusaciones constitucionales, y en este caso están dispuestos a votarla a favor, porque entienden que la violación de la Constitución es muy clara, muy evidente, muy contundente, tanto en el caso de la senadora como de la ministra”, avisó el parlamentario.
Finalmente, Daniel Melo, jefe de la bancada socialista, desestimó ambas acciones y sostuvo que “la derecha y la extrema derecha buscan sacar ventajas políticas, tratando una vez más de destruir el legado del Presidente Allende”.
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