
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo No. 512 el 23 de enero de 2025, mediante el cual se mantiene a Cynthia Natalie Gellibert Mora como Vicepresidenta de la República de manera temporal. Esta decisión se prolongará, según el mandatario, hasta que la actual vicepresidenta –con quien ganó las elecciones en 2023–, Verónica Abad, tome posesión de las funciones asignadas en la Embajada de Ecuador en Turquía, según lo dispuesto en un decreto previo.
La designación de Gellibert Mora surge en medio de un conflicto político entre Noboa y Abad que ha escalado desde el inicio del mandato. Noboa había dispuesto, el 23 de diciembre, mediante el Decreto Ejecutivo No. 490, que Abad se trasladara a Turquía para colaborar en relaciones económicas como consejera en la embajada ecuatoriana en Ankara. Sin embargo, Abad no se presentó en la fecha estipulada, el 27 de diciembre de 2024, lo que llevó al Ejecutivo a interpretar esta ausencia como fuerza mayor y ausencia temporal del cargo, permitiendo, según el Presidente, la designación de un reemplazo. Esta decisión ha sido cuestionada por abogados constitucionalistas como André Benavidez que en X (antes Twitter) recordó que solo la Asamblea Nacional puede declarar la ausencia temporal del cargo.
El decreto No. 512 justifica la continuidad de Gellibert en funciones para garantizar la estabilidad institucional y evitar la paralización de la Vicepresidencia, según se lee en el documento. Además, se menciona que se ha cumplido con las disposiciones previas y que, al no haber cambios en la situación de Abad, era imperativo tomar esta medida para asegurar la continuidad del servicio público. Esto pese a que la Vicepresidencia se encuentra en medio de una reestructuración y que no entrega ningún servicio a la ciudadanía. En Ecuador, la Constitución establece que los vicepresidentes tienen como única función reemplazar al Presidente en caso de ausencia, no obstante se faculta a los mandatarios a delegar funciones a los vices.

La pugna entre Noboa y Abad ocurre en un contexto político delicado, puesto que el presidente se encuentra en plena campaña para buscar la reelección. Esto ha generado cuestionamientos sobre el uso de instrumentos legales y administrativos para neutralizar a su vicepresidenta, quien ha denunciado persecución política y ha acusado al mandatario de romper el orden constitucional.
Abad, por su parte, ha declarado que su negativa a trasladarse a Turquía responde a su compromiso con las funciones constitucionales como Vicepresidenta y al rechazo de lo que considera una estrategia para apartarla del escenario político. En su última rueda de prensa, a inicios de enero, Abad acusó al presidente Noboa de liderar un “golpe de Estado desde el Ejecutivo” y de intentar obstaculizar su rol como segunda mandataria.
El Decreto No. 512 establece que Gellibert Mora continuará desempeñando las funciones de la Vicepresidencia hasta que Abad tome posesión de su cargo en Turquía. Asimismo, garantiza la seguridad tanto de Gellibert como de Abad, y de sus respectivos familiares, bajo la responsabilidad de la Casa Militar Presidencial.

Entre los argumentos legales del decreto, se destaca el artículo 150 de la Constitución, que permite al presidente designar a un ministro o secretaria de Estado para reemplazar temporalmente al Vicepresidente en caso de ausencia. Sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de críticas por parte de juristas y sectores políticos que consideran que el Ejecutivo está ampliando sus facultades más allá de lo permitido por la normativa constitucional.
El conflicto entre Noboa y Abad refleja las tensiones dentro del Ejecutivo y ha planteado un debate sobre los límites del poder presidencial en Ecuador. Mientras algunos sectores defienden las acciones de Noboa como necesarias para garantizar la estabilidad institucional, otros señalan que estas decisiones pueden sentar un precedente peligroso para la democracia del país.
Abad ha solicitado la intervención de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), para garantizar el respeto a la institucionalidad democrática en Ecuador. Además, ha reiterado que está preparada para asumir sus funciones conforme lo establece la Constitución, siempre y cuando se le permita acceder a su despacho y ejercer su rol sin restricciones.
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