
La crisis de la ENEE suma un nuevo desafío luego de conocerse que existen zonas de Honduras donde las cuadrillas de la estatal enfrentan dificultades para ingresar debido a la presencia de estructuras criminales, situación que complica las labores de cobro y atención del servicio eléctrico.
El tema fue expuesto durante el programa Frente a Frente, de Canal 5, en medio de un debate sobre la situación del sector eléctrico y las posibles reformas que podrían impulsarse para mejorar las condiciones financieras y operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Durante el espacio televisivo participaron el diputado liberal Mario Segura, el diputado nacionalista Eder Mejía y el exgerente de la ENEE Erick Tejada, quienes abordaron algunos de los principales problemas que afectan actualmente a la empresa estatal.
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Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la existencia de las denominadas zonas de difícil gestión, lugares donde, según lo expuesto durante el debate, las condiciones de seguridad impiden o dificultan que los trabajadores de la ENEE puedan desarrollar con normalidad sus labores de cobro y supervisión.

Tejada explicó que estos sectores han sido identificados debido a las condiciones particulares que presentan y que la presencia de grupos criminales representa un obstáculo para el ingreso de las cuadrillas. Esta situación no solo afecta las labores de facturación, sino también otras tareas relacionadas con el mantenimiento y atención del servicio.
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El exfuncionario también hizo referencia a denuncias relacionadas con supuestos cobros paralelos en determinados sectores. Según lo expuesto, algunas estructuras estarían exigiendo pagos a residentes bajo circunstancias que dificultan la actuación de las autoridades y la recopilación de pruebas documentales.
La situación resulta especialmente compleja porque los habitantes de estas comunidades pueden sentir temor de denunciar. De acuerdo con lo planteado durante el debate, el miedo a represalias constituye uno de los principales factores que dificultan confirmar formalmente las denuncias sobre estos supuestos cobros.
El diputado Mario Segura manifestó que este tipo de señalamientos también ha llegado al conocimiento del Congreso Nacional. Sin embargo, reconoció que obtener testimonios y evidencias puede resultar complicado cuando las personas involucradas viven en sectores donde existe una fuerte presencia criminal.
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A la problemática de seguridad se suma otro de los grandes desafíos de la estatal: el hurto de energía. Durante el debate se señaló que esta práctica representa entre el 30 % y el 35 % de las pérdidas totales de la empresa, afectando directamente sus ingresos y debilitando sus finanzas.
El diputado Eder Mejía consideró necesario establecer un plan específico para combatir las conexiones ilegales y recuperar los recursos que la empresa deja de percibir. Incluso planteó que, de ser necesario, las fuerzas de seguridad podrían respaldar los operativos destinados a reducir las pérdidas.
La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de impulsar reformas legales que permitan fortalecer las acciones contra quienes sustraen electricidad de manera ilegal. El objetivo sería reducir las pérdidas y establecer mecanismos más efectivos para garantizar que los usuarios paguen por el servicio eléctrico que reciben.
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Otro de los grandes problemas señalados durante el foro fue la elevada mora de la ENEE, que rondaría los 18,000 millones de lempiras. La cifra representa un fuerte golpe para las finanzas de la empresa y evidencia las dificultades que enfrenta para recuperar los recursos correspondientes al consumo de electricidad.

Tejada también señaló la existencia de aproximadamente 23,000 consumidores considerados de alto consumo, debido a que superan los 3,000 kilovatios hora mensuales. El exgerente consideró necesario revisar cuáles de estos usuarios mantienen deudas pendientes con la estatal.
La identificación de los grandes deudores sería un paso importante para mejorar la recuperación de ingresos.
Sin embargo, durante el debate también se advirtió sobre la circulación de listas de deudores cuya información no necesariamente sería confiable, por lo que se planteó la necesidad de actualizar y verificar los registros oficiales.
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Entre los sectores señalados dentro de las obligaciones pendientes aparecen consumidores residenciales, entidades gubernamentales y empresas públicas.
Durante la discusión se mencionaron instituciones como Hondutel y SANAA, cuyos compromisos con la estatal forman parte del complejo panorama de la mora eléctrica.
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