El dictador Daniel Ortega presentó este lunes al Congreso de Nicaragua un proyecto de ley para incrementar el control sobre los bancos y facultar al gobierno para anular nombramientos, destituir directivos y controlar flujos de capital.
La “Ley de administración del sistema monetario y financiero” entrega a la Superintendencia de Bancos, ente controlado por el gobierno, la fiscalización del sistema bancario privado en el país, con capacidades para intervenir las instituciones.
El texto contempla que la Superintendencia pueda “declarar sin valor legal y sin efectos societarios y jurídicos los nombramientos de los directores, gerente general o principal ejecutivo, y del auditor interno de las instituciones financieras” por “razones que determine”, dice el texto.
El texto prevé también que este tenga la potestad de destituir a altos cargos de entidades bancarias “por infracciones graves cometidas en el ejercicio de sus funciones”, pero tampoco las detalla.
Además, un banco que quiera realizar “cualquier aporte de capital o traspaso accionario de capital” deberá obtener la autorización de la Superintendencia, que fiscalizará “la proveniencia lícita de los recursos”, indica la norma.
Se da por descontado que el proyecto será aprobado por la Asamblea Nacional, controlada por el régimen Sandinista, y se suma a otra serie de reformas recientemente diseñadas por Ortega para incrementar el control político, económico y social en Nicaragua.
Por otra parte, el último informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua reporta que al menos 25 simpatizantes sandinistas se encuentran en prisión por expresar críticas en privado contra el régimen de Ortega.
“El Mecanismo reconoce la existencia de al menos 25 personas trabajadores del estado y simpatizantes del partido de gobierno que sufren de detención arbitraria y que sus familias no denuncian porque están amenazadas. Claro reflejo que la dictadura está aumentando la persecución dentro de sus mismas filas”, expresa una nota de prensa publicada esta semana por el organismo que monitorea la situación de los presos políticos en Nicaragua.
Los detenidos son parte de las purgas que ha emprendido Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, contra quienes considera puedan ser obstáculos en su proceso de control del régimen que gobierna a Nicaragua, asegura un miembro del llamado Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).
“Podemos afirmar que la causa es porque han expresado, en la mayoría de los casos en privado, alguna molestia o crítica al régimen y, en el proceso de consolidación e imposición de la autoridad de Rosario Murillo, han sido percibidos como posibles o futuros disidentes”, dice la fuente que solicita anonimato por seguridad.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones a cientos de funcionarios y entidades públicas de Nicaragua, a las que señalan de apoyar al régimen de Ortega en violaciones de derechos humanos.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se mantiene en el poder desde 2007 tras tres cuestionadas reelecciones, la última de ellas en 2021 en comicios con los líderes de la oposición presos o en el exilio.
(Con información de AFP)
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