Tras seis días de maratónicas audiencias de formalización, el Juzgado de Garantía de la ciudad de Coronel (530 kms al sur de Santiago, región del BioBío), decretó este lunes la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para su alcalde, Boris Chamorro (PS), quien es acusado por delitos de soborno, cohecho, administración desleal y delitos tributarios.
“Voy a seguir dirigiendo los destinos de nuestra ciudad”, señaló exultante Chamorro a la salida del tribunal, puesto que tiene permiso para circular libremente entre las 6:00 y las 22:00 horas.
La decisión no estuvo exenta de polémica y recordó el caso del recientemente reelegido alcalde de la ciudad de Victoria (615 kms al sur de Santiago, Región de la Araucanía), Javier Jaramillo, quien obtuvo a inicios de este mes un permiso de dos horas de parte de un tribunal local para poder asistir a la ceremonia en la que volvió a sentarse en el sillón edilicio de esa comuna, a pesar de estar con arresto domiciliario tras ser formalizado por los delitos de violación y abuso sexual contra dos funcionarias de su municipio.
Chamorro -reelecto a fines de octubre por tercera vez con más del 52,8% de los votos- logró así zafar de la prisión preventiva que pedía la Fiscalía, que le imputa la presunta recepción “de manera constante y mensual”, de $82 millones de pesos (USD 83 mil) en 21 pagos desde la empresa Puerto Coronel.
El Ministerio Público lo acusa de 21 delitos, 18 de los cuáles habrían sido cometidos bajo la nueva Ley de Delitos Económicos. Ello, junto al hecho de ser un funcionario público, agrava la pena a la que podría ser sentenciado de sr encontrado culpable, la que se eleva por sobre los 10 años y un día.
La investigación
El caso está en manos de Glenda Lagos, fiscal adjunta de Coronel y tiene tres aristas: el pago de sobornos a autoridades comunales y dirigentes sindicales (cuatro de los cuales aún no han sido formalizados); la colaboración de pequeñas y medianas empresas (pymes) que proveyeron facturas ideológicamente falsas; y el papel que jugaron exejecutivos de la empresa Puerto Coronel en estos delitos.
Las otras seis personas imputadas en esta investigación son el exconcejal Eduardo Araya (PS); los empresarios Víctor Olivares y Hernán Romero (quien es hermano del diputado Leonidas Romero) y los ex ejecutivos de Puerto Coronel Eduardo Hartwig, Daniel Chamorro y Javier Anwandter.
El tribunal también rechazó la prisión preventiva para todos ellos pero dejó con arresto domiciliario a todos ellos excepto Romero, Araya y Anwandter, quienes quedaron sin medidas cautelares.
Una multitud de adherentes esperó a Chamorro a la salida del tribunal, donde en un improvisado punto de prensa señaló que el arresto nocturno decretado “es producto, principalmente, de declaraciones de dos personas que están vinculadas al proceso (lo que) va a permitir darles la tranquilidad a mis padres, a mi familia, que ha estado sufriendo mucho, y, por sobre todo, darle la tranquilidad al pueblo de Coronel de que, a pesar de lo que muchos dijeron, voy a continuar con la misma fuerza y, sobre todo, con el apoyo soberano del pueblo, dirigiendo los destinos de nuestra ciudad”, según consignó Cooperativa.
Desde el Ministerio Público ya informaron que se encuentran estudiando la decisión y no descartaron apelar. Por su parte, el Tribunal decretó un plazo de tres meses para la investigación.
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