Los choferes del transporte público urbano de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, iniciaron este martes el segundo día de paro indefinido para exigir que la Alcaldía los autorice a subir la tarifa del pasaje, pese a las advertencias de revocación de licencias de operación a quienes suspendan el servicio por tres días consecutivos.
Los transportistas quieren subir el pasaje de 2 bolivianos, a 2,50 y 3 bolivianos en la tarifa diurna y nocturna. Los dirigentes del sector afirman que el precio actual no les permite tener ganancias mínimas, debido al aumento de los precios de la canasta básica y los periodos cada vez más prolongados de escasez de combustible que les impide cumplir con las horas de trabajo.
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Según publicaciones de la prensa local, a finales de octubre solo el 40% de las unidades estaba operando porque las restantes estaban haciendo fila de varias horas para cargar combustible lo que, según los dirigentes, ocasionó pérdidas económicas de 10 millones de bolivianos diarios (equivalente a 1,4 millones dólares al tipo de cambio oficial).
En Bolivia, la tarifa del transporte público está regulada por las autoridades municipales, pese a que es una actividad que no está bajo el control del Estado. La Alcaldía condicionó el ajuste de tarifas a una mejora en el servicio y les propuso limitar el alza a 2,18 y 2,37 bolivianos, lo que para algunos conductores fue considerado “una burla”.
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Los choferes han manifestado que levantarán la medida de presión si se les autoriza una tarifa “transitoria” de 2,50 bolivianos hasta continuar con las negociaciones.
El lunes, en el primer día de la medida de presión, se observó molestia en la población ante la imposibilidad de transportarse. Según los reportes de la prensa local, la población utilizó mototaxis o taxis compartidos en rutas fijas y algunos dueños de camionetas o camiones pequeños prestaron el servicio. “Sin comodidad, e incluso arriesgando su seguridad física, varios ciudadanos viajan en camionetas repletas, con tal de llegar a sus fuentes laborales”, publicó ayer el periódico El Deber.
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También se registraron enfrentamientos entre choferes que querían prestar el servicio y otros que les exigían cumplir con la medida de presión, se pincharon llantas de buses y se obligó a los pasajeros a bajar de los vehículos.
La protesta coincide con dos jornadas de lluvia persistente que anegó las calles cruceñas, lo que complicó aún más a la población. La universidad pública Gabriel René Moreno determinó pasar clases en modalidad virtual y algunos colegios y empresas ampliaron el horario de ingreso debido a la falta de transporte.
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Exigen acciones para frenar el “abuso” del transporte
Concejales municipales exigieron acciones al alcalde Jhonny Fernández para que solucione el conflicto con los choferes y evite los perjuicios a la población. La presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, le exigió “asumir su responsabilidad” y ejecutar las sanciones contra los dueños de las líneas (rutas de circulación) que están impidiendo la libre circulación.
“El paro de los micreros tiene consecuencias y serán sancionados. Pinchar llantas y amedrentar a quienes quieren trabajar es un delito. La Fiscalía y la Policía deben actuar de oficio”, declaró Mucarzel, citada por el periódico El Deber.
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En la misma línea, el concejal Manuel Saavedra calificó como “abusiva” la actitud de los micreros que suspenden el servicio y obligan a sus colegas a cumplir el paro a través de agresiones. “Es un acto delincuencial y abusivo”, manifestó y anunció que solicitará acciones a la Policía para que intervenga y sancione a los choferes.
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