Desde hace varias semanas que choferes del transporte público en Bolivia reclaman que se les autorice el incremento del precio en el pasaje, debido a la escasez de diésel que les imposibilita cumplir con las horas de trabajo. Esta situación ha provocado que en tres regiones -Santa Cruz, Potosí y Sucre- se suba el precio unilateralmente, causando tensión con las alcaldías encargadas de regular el costo del transporte.
La semana pasada, los conductores de Santa Cruz -la ciudad más grande y próspera del país- realizaron un paro de 24 horas para exigir que se les permita subir el precio al menos en un 20%. Sin embargo, el Concejo Municipal sostiene que es necesario realizar un estudio previo y elaborar una normativa para fijar las nuevas tarifas, por lo cual no puede aplicarse ningún incremento deliberadamente. El tema está siendo analizado en la Comisión de Constitución, Planificación y Finanzas y hasta que no se defina el nuevo precio, la Alcaldía anunció operativos de control y sanciones para los transportistas que suban el pasaje.
En los últimos días se realizaron controles y 81 líneas de buses fueron sancionadas. “Los controles se están realizando en distintas partes de la ciudad. El pasaje no ha subido y se mantiene en dos bolivianos y es lo que vamos a hacer cumplir. Tenemos alrededor de 81 líneas a las que se ha iniciado el proceso y 106 con notificaciones de acta”, informó a la prensa, Marco Antonio Franco, director de Transporte y Vialidad de Santa Cruz. Más allá de la multa económica, los infractores corren el riesgo de perder su licencia de operación.
“Con la tarifa de dos bolivianos es insostenible seguir trabajando. Si nos van a sancionar, que nos sancionen, no hay ningún problema. No estamos haciendo daño”, afirmó el dirigente de transporte público, Ronald García.
El municipio ha hecho una propuesta de precio de pasaje que es menor a lo que esperan los transportistas: actualmente está fijada en 2 bolivianos, los choferes quieren subir a 3 y el municipio les propuso subir a 2,18, un monto que los sindicalizados calificaron como “una burla”.
El incremento de la tarifa es una demanda de varios meses ante la inflación y el alza sostenido de precios de la canasta básica, a lo que se sumó la agudización en la escasez de combustible el último mes que ha interrumpido el flujo de los buses de transporte público y les ha impedido cubrir las horas de trabajo.
Según publicaciones de la prensa local, a finales de octubre solo el 40% de las unidades estaba operando porque las restantes estaban haciendo fila de varias horas para cargar combustible lo que según los dirigentes ocasionó pérdidas económicas de 10 millones de bolivianos diarios (equivalente a 1,4 millones dólares al tipo de cambio oficial).
Por más que el precio esté regulado por las autoridades municipales, el transporte “público” es una actividad libre en Bolivia. Es decir que no están bajo el control del Estado y la calidad de su servicio es fuertemente cuestionado. Muchas de las unidades son viejas, evaden controles técnicos y suelen exceder la cantidad de pasajeros. “Tenemos uno de los peores servicios de transporte y, para colmo, cada tanto quieren fijar tarifas sin que su contraparte sea la mejor”, escribió el diario Correo del Sur en un editorial el año pasado.
En Potosí y Sucre exigen lo mismo
Algo similar ocurre en ciudades más pequeñas, como Potosí y Sucre, donde los conductores intentan subir la tarifa a pesar de no contar con autorización de los municipios. Según la prensa local, en Potosí subieron el pasaje de 1,50 a 2 bolivianos a través de una asamblea del transporte que no contó con la presencia ni validación del Concejo Municipal. En Sucre, capital del país, el alza se aplicó solo en la tarifa de estudiantes que pasó de 1 boliviano a 1,50.
En ambos municipios los choferes se exponen a multas y sanciones debido a que los incrementos no cuentan con un estudio de costos que justifique el aumento y éste no fue aprobado.
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